En este período persistió como práctica común, desde que se inició el gobierno del Presidente Daniel Ortega, premiar o castigar con anuncios publicitarios públicos a los medios de comunicación, según su línea editorial.
En este período persistió como práctica común, desde que se inició el gobierno del Presidente Daniel Ortega, premiar o castigar con anuncios publicitarios públicos a los medios de comunicación, según su línea editorial.
Es más, esto no detiene al gobierno para violar la ley. El pasado 18 de marzo se cerraron las inscripciones para las elecciones nacionales de noviembre de este año. Según la Ley Electoral en su artículo 85 dice textualmente: Una vez finalizado el período de inscripciones, el CSE inscribirá y registrará de manera definitiva a los candidatos y publicará las listas de estos en los principales medios de comunicación escritos una sola vez con el fin de que las organizaciones políticas participantes en el proceso electoral puedan impugnar dentro del tercer día dichas candidaturas. Esto no se hizo.
Durante todo este semestre continuaron el acoso y el bloqueo ocasionales a la salida del diario La Prensa, por parte de un sindicato progubernamental cuya existencia era desconocida por la directiva de dicho rotativo, afectando su circulación y libertad de movimiento. Asimismo, persistieron los actos de hostigamiento de estos ex trabajadores apoyados por sindicatos del partido en el gobierno, frente al domicilio del gerente general de ese medio.
La Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de haber sido aprobada por la Asamblea Nacional, es inaplicable y en incontables ocasiones no se invita a los medios independientes a la cobertura de eventos de importancia social, electoral o educativo. En la mayoría de los casos, los reporteros son detenidos por el personal de vigilancia para impedir su ingreso a los edificios públicos.
El Nuevo Diario publicó en enero una serie de reportajes que dejaban al descubierto una cadena de actos irregulares realizados por el director de la Dirección General de Ingresos (DGI), Walter Porras, lo que ocasionó la ira del funcionario, quien profirió amenazas tanto contra el diario como contra el periodista Luis Galeano, autor de las investigaciones. El funcionario en vez de aclarar las acusaciones se dedicó a buscar a las personas que habían filtrado información a los medios independientes.
En enero, al norte de Nicaragua, en la región de Las Segovias, el orteguismo sacó del aire el Canal local 15, de Condega, dirigido por Carlos Cerda Acuña. Primero recibieron mensajes telefónicos, luego amenazas de bombas y de sabotaje, y al final obligaron al dueño a cancelar la estación. Rodríguez recibió llamadas telefónicas mediante las que se le advertía que debía cerrar Canal 15, por considerarlo un medio de la derecha.
A inicios de febrero, El Nuevo Diario denunció el bloqueo a la salida de materias primas en Aduana. El gobierno, a través de la Dirección General de Ingresos, DGI, la Dirección General de Aduanas, DGA, y el Ministerio de Hacienda se ha encargado de bloquear las importaciones del periódico. La Dirección del diario considera que estas medidas se tomaron como represalia por las investigaciones publicadas sobre supuestos actos de corrupción en esas dependencias del Estado.
A mediados de febrero el oficialismo aprovechó la introducción irregular de un proyecto de ley llamado Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y dejó abierta la posibilidad de sancionar a los medios de comunicación con multas. Según el artículo 35 de dicho proyecto el dueño de medio de comunicación, la persona o comunicador social que en el ejercicio de esa profesión u oficio ofenda, injurie, satirice o denigre a una mujer por el hecho de ser mujer, a través de un medio de comunicación, será sancionado con una pena de doscientos a trescientos días multa y hacer públicas sus disculpas por el mismo medio utilizado para hacer la ofensa y con la misma extensión de tiempo y espacio.
Según la fiscal adjunta del oficialismo, Ana Julia Guido, quien participó en el equipo que presentó el documento ante la Asamblea Nacional, existe la necesidad de castigar lo que llamó violencia mediática, cuyo concepto es: El problema de los medios de comunicación es que satirizan, denigran en alguna forma a las mujeres, eso debe ser intolerable. A veces hay caricaturas que satirizan a las mujeres. La funcionaria dijo interpretar el sentir de las mujeres.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, y Marcos Carmona, Secretario Ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), criticaron la incorporación de ese artículo por considerarlo un bozal a los medios.
El 11 de febrero, el gobierno autorizó la salida de materia prima para El Nuevo Diario por parte de la Dirección General de Aduanas. Ese mismo día, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, retiró el artículo 35 de la Ley en contra de la Violencia Intrafamiliar, ante el rechazo generalizado. Sin embargo, dejó latente su implementación para más adelante, cuando nuestra sociedad evolucione y los medios no consideren que cualquier cosa que se refiere a ellos es una agresión.
El periodista de El Nuevo Diario, Luis Galeano y su colega José Adán Silva investigaron una serie de escandalosos actos de supuesta corrupción en varias dependencias estatales. Tres días antes de la publicación, el sábado 19 de febrero, Galeano recibió una llamada telefónica en la que le advirtieron que tenía 72 horas de vida, si acaso decidía publicar el trabajo. Las amenazas se extendieron a su familia durante el curso de la publicación del trabajo investigativo.
Cuatro ciudadanos que simpatizan con partidos políticos de oposición fueron detenidos a inicios de marzo por la Policía de la ciudad norteña de Ocotal, en el momento que pegaban papeletas en la vía pública, para expresar su rechazo a la candidatura del presidente Ortega. También en ese mes, mantas que colocó el Consejo Superior de la Empresa Privada alrededor de la capital que pedían observación para las elecciones presidenciales fueron removidas por trabajadores de la Alcaldía de Managua, en manos del partido FSLN.
La lección inaugural de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua, tuvo como disertador al presidente de la República, Daniel Ortega, quien usó como eje de su conferencia la descalificación a los medios de comunicación independientes, principalmente a los escritos (La Prensa y El Nuevo Diario), a los que acusó de sinvergüenzas y de trabajar al servicio del gran capital. También les señaló de recibir dinero de forma encubierta de Estados Unidos y de países europeos.
Se retomó la consulta de la iniciativa Ley Integral contra a Violencia hacia la Mujer y la procuradora especial para la mujer, Débora Grandison, quien estuvo encargada de la misma, aseguró que las organizaciones consultadas (no especificó cuales) pidieron que se mantenga el artículo 35 de la misma, que penaliza que se satirice la imagen de la mujer. El artículo se mantiene dada la consulta, será la Asamblea Nacional la que determinará si se aprueba o no ese artículo, expresó Grandison, remarcando incluso que ella es de la misma opinión, dada la imagen que se presenta de la mujer en los medios de comunicación que tratan de estereotipar negativamente a la mujer. La periodista e investigadora Sofía Montenegro, en representación del Centro de Investigación para la Comunicación, Cinco, señaló que esto demuestra que desde el principio el artículo 35 tenía un propósito censurador. Consideró que la consulta es espuria, porque fue entre gente afín al orteguismo, y esto no representa legitimidad, dado que no se conoce que hayan consultado al movimiento de mujeres, a otras organizaciones de la sociedad civil, ni a periodistas.
El gobierno de Nicaragua estaba trabajando en una normativa técnica que regularía cualquier tipo de publicidad que promueva el consumo de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios. La normativa, anunciaba que para difundir un anuncio publicitario este deberá contar primero con el aprobado del Gobierno, el que otorgaría un permiso extendido por el Ministerio de Salud (Minsa). Después de una negociación entre la empresa privada y el gobierno se acordó que ya existían en el Código Penal las leyes que sancionan estas actividades.
El dos de abril de 2011 la Sociedad Civil organizada llamó a una marcha en contra de la reelección del Presidente Ortega, inmediatamente el partido de gobierno llamó a otra marcha el mismo día y por el mismo recorrido. Cuando se le preguntó a las autoridades policiales por qué había autorizado dos marchas el mismo día, hora y recorrido la vocera de la Policía Nacional afirmó que el FSLN ya había solicitado autorización para ese día, de que no era una marcha política sino un festival de la paz y la reconciliación. Nunca mostraron la solicitud del partido de gobierno. La marcha de la Sociedad Civil fue abortada por grupos de choque orteguistas, con el resultado de varios manifestantes y policías heridos.
FUENTE: nota.texto7
