Colombia

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Aunque se mantuvo en este período el clima de amenazas contra periodistas, los crímenes y los atentados han disminuido en los últimos 10 años. Según cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en 2011 se ha registrado un asesinato de periodista, el del caso de Luis Eduardo Gómez, reportero independiente ocurrido el 30 de junio en el departamento de Antioquia. En el 2010 hubo dos asesinatos y uno en el 2009, mientras que en el 2006 se registraron seis casos. También las amenazas han disminuido, registrándose cinco casos, una de ellas contra la periodista Mary Luz Avendaño del diario El Espectador, en Medellín, quien debió salir del país por esa causa. Una conducta frecuente en los últimos meses contra los medios, ha sido el uso de acciones civiles como la tutela y la acción popular, para demandar información sobre reportes judiciales que publican los medios, especialmente aquellos en los que la policía entrega información y datos. Fueron demandados recientemente los diarios El Tiempo, El País, El Colombiano y el Meridiano de Córdoba. Otra causa de preocupación es la prescripción de varios crímenes contra periodistas. El 5 de octubre, en la celebración de los 30 años de la agencia colombiana de noticias Colprensa, el presidente Juan Manuel Santos les recordó a los directores de medios regionales y nacionales su firme compromiso con la libertad de expresión, haciendo un llamado a los medios para que sean cada vez más críticos y para que fiscalicen los recursos que se invierten y los grandes proyectos que se proponen desde los gobiernos locales y regionales. Violaciones más destacadas en este período: El 26 de mayo en la ciudad de Popayán, Cauca, el periodista radial Héctor Rodríguez fue víctima de un atentado contra su vida. Rodríguez, de la emisora La Veterana en Popayán, se encontraba ingresando a su lugar de trabajo cuando dos desconocidos se le acercaron y uno de ellos le disparó directamente. Gracias a la actuación de sus escoltas, el reportero salió ileso. El periodista dijo que empezó a recibir amenazas luego de denunciar en su noticiero “En Línea FM Noticias”, la participación de grupos subversivos en las elecciones del municipio de Patía, Cauca. En mayo, desconocidos ingresaron a la residencia de Gonzalo Guillén, periodista investigativo independiente y colaborador de varios medios internacionales, le hurtaron un disco duro de 1000 gigas y un computador portátil personal, en los que tenía información para sus trabajos periodísticos. Según le relató a la FLIP, “en el disco duro tenía más de 15 años de información periodística”. Además, Guillén señaló que se robaron datos sensibles sobre los falsos positivos y de corrupción en las fuerzas armadas. Guillén fue una de las víctimas de las interceptaciones y seguimientos ilegales hechas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y ha sufrido varias amenazas, en años anteriores, por la publicación de sus trabajos periodísticos. Luis Eduardo Gómez fue asesinado el 30 de junio en el municipio de Arboletes, en la región de Urabá, al noroccidente de Antioquia, en la frontera con el departamento de Córdoba. Las autoridades locales dijeron a la FLIP que dos desconocidos interceptaron al periodista, le dispararon varias veces y huyeron en una moto. Gómez era un periodista independiente de 70 años que realizaba trabajos para los diarios El Heraldo de Urabá y Urabá al Día, así como para varias entidades públicas. El periodista era testigo en la Fiscalía en casos de parapolítica en la región y su hijo, y colaborador, había sido asesinado hace dos años en circunstancias que las autoridades no han esclarecido. El asesinato del periodista se dio tres días después de que fuera muerto José Vicente Botero, veedor y líder comunitario de Arboletes, quien había recibido con anterioridad amenazas de grupos paramilitares. Botero y Gómez eran testigos en los procesos por parapolítica que se adelantan en la región. El 19 de junio la edición completa del diario El Heraldo de Barranquilla que se envió a la ciudad vecina de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena en el norte del país, fue comprada en su totalidad por grupos al margen de la ley, probablemente pertenecientes al paramilitarismo. La edición dominical de ese día contenía un informe especial del periodista Oscar Montes, titulado "La telaraña mafiosa del Magdalena", en el que se hizo un análisis de varias candidaturas a la Gobernación de ese departamento influenciadas por el paramilitarismo. Mary Luz Avendaño, corresponsal de El Espectador en Medellín, abandonó el país debido a amenazas, a pesar de recibir protección de la Policía municipal durante los últimos meses. Trabajaba para Teleantioquia, Hora 13 Noticias y El Espectador, cubriendo temas relacionados con derechos humanos, conflicto armado y narcotráfico. El pasado 22 de junio, una fuente buscó a la periodista y le dijo que había recibido una llamada donde le advertían: “Dígale a su amiga, la periodista Mary Luz, que deje de publicar maricadas ¿o quiere ganarse el premio gordo?”. A los pocos días de esa llamada, se hicieron otras llamadas a la sede de El Espectador en Medellín preguntando los datos personales y de residencia de la periodista. Otro caso de amenazas se registró en Valledupar contra Ana María Ferrer, periodista del programa de Televisión Local “La Cuarta Columna” del canal 12, miembro de la Junta Directiva del diario El Pilón y jefe de Comunicaciones del Comité de Seguimiento a la Inversión de Regalías (CSIR). El 29 de septiembre, un hombre que se identificó como miembro de la banda criminal Los Urabeños, llamó a la emisora local, Radio Guatapurí, y señaló que le habían ordenado atentar contra una serie de personas en la ciudad, entre ellas la periodista Ana María Ferrer y unos guardias del INPEC. Durante la llamada, el presunto miembro de los Urabeños dijo que la orden de atentar contra Ferrer se daba “por unas comunicaciones que ha venido dando sobre el grupo de los Urabeños que opera en Valledupar.” A pesar de reiterados llamados, prescribieron los crímenes de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, asesinados el 24 de abril de 1991 por desconocidos mientras trabajaban para El Espectador, sobre el impacto de la masacre de Segovia en la población. Esa masacre, hecha por los paramilitares el 11 de noviembre de 1988, que dejó más de 40 personas asesinadas, fue declarada crimen de lesa humanidad en 2010. Según declaró el Fiscal encargado del proceso a Semana.com, se dejará de investigar porque los cuatro homicidas, según su versión, guerrilleros del ELN, fueron asesinados en 2000 y 2002 durante combates con la fuerza pública. Además, en la resolución, la Fiscalía descarta declarar estos homicidios delitos de lesa humanidad, como lo pedían los familiares, la FLIP y otras organizaciones de prensa. La Fiscalía insiste en que fue un hecho aislado “quedando por demás establecido, - resalta la resolución - que el homicidio de Julio Daniel Chaparro Hurtado y Jorge Torres Navas no fue perpetrado por su condición de periodista, ni mucho menos por serlo del diario El Espectador. También prescribieron los casos de Carlos Julio Rodríguez y José Libardo Meléndez en mayo 20 y el de Arsenio Hoyos Lozano, ocurrido en Granada, Meta, el 13 de septiembre Familiares del humorista asesinado, junto con la Comisión Colombiana de Juristas, demandaron al Estado colombiano por el asesinato del humorista Jaime Garzón, tras conocerse un cable confidencial de 1999 que fue desclasificado recientemente. En el cable, se dice que un día antes de ser asesinado, Garzón se reunió con algunos generales del Ejército, quienes le manifestaron su molestia por las labores que él venía realizando para reanudar las conversaciones entre el Gobierno y el ELN. El cable diplomático deja en claro que Garzón fue asesinado horas antes de que viajara a Medellín, en donde tendría una reunión con un vocero del ELN en la cárcel de Itagüí y señala que el periodista tenía planeado ir las montañas de Córdoba y Urabá para reunirse con el jefe paramilitar, Carlos Castaño. Esa reunión, resalta el cable, habría sido pactada a través del narcotraficante conocido con el alias de “Popeye”. El documento resalta que tanto las AUC como el ELN negaron ser los responsables del hecho y que lo condenaron públicamente y recoge otras versiones que apuntarían a las FARC o a individuos cercanos a las fuerzas de seguridad como los responsables. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo presentó además una conversación donde un general colombiano evidencia su malestar por las labores de Garzón. Bastante preocupación ha causado la aprobación por parte del Congreso del Proyecto de Ley 089 de 2010 de la Cámara de Representantes, que aprueba el Estatuto del Consumidor, en cuyo artículo 30 se establece que los medios de comunicación responderán solidariamente por la publicidad engañosa. Esta norma puede generar graves inconvenientes para los periódicos pues es casi imposible saber cuándo una publicidad es engañosa. Esta responsabilidad ha estado siempre en cabeza del anunciante (productor o proveedor de los bienes y servicios). El establecimiento de esta responsabilidad solidaria puede convertir a los medios en censores de los contenidos publicitarios, lo que vulnera tanto la libertad de expresión comercial como la libertad de empresa, las cuales gozan de protección constitucional. El proyecto de Código General del Proceso, por su parte, elimina los avisos de ley en los procesos judiciales, lo que limitaría los ingresos que reciben los diarios por este concepto.

El Proyecto 241 de Senado regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor en internet. Este proyecto faculta a los proveedores de servicios para retirar o inhabilitar contenidos que puedan vulnerar derechos de autor sin orden judicial. Se aprobó el Proyecto de Ley que consagra como nuevos tipos penales el racismo, la discriminación racial y el hostigamiento por motivos de raza u origen nacional, étnico o cultural. Además establece como circunstancia de agravación punitiva que la conducta se ejecute a través de la utilización de medios de comunicación de difusión masiva En el estatuto anticorrupción se disminuye en 30% el presupuesto de publicidad oficial. El Proyecto 014 de Cámara y 45 de Senado, por el cual se expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil que faculta al Estado para crear mecanismos de control y sanción a los medios de comunicación que promuevan las estigmatizaciones mediante el uso de información parcial o del lenguaje discriminatorio. Recientemente fue presentado al Congreso el proyecto de Ley 142 de 2011, por el cual se expide el Código Electoral, presuntamente restrictivos para los medios en temas de propaganda electoral, encuestas, divulgación de información y contratación. Se prohíbe a los servidores públicos incrementar la publicidad oficial durante los 10 meses anteriores a la fecha de cualquier votación, y publicar en los medios de comunicación, en los seis meses anteriores a la fecha de toda votación, resultados de gestión o publicidad en materia de rendición de cuentas. Se prohíbe a las entidades del Estado la contratación directa, durante los cuatro meses anteriores a la fecha de cualquier elección, lo que impediría que contraten pauta con los periódicos. El artículo 75, establece a todos los medios, la obligación de contribuir al fortalecimiento de la democracia y garantizar durante la campaña electoral el pluralismo, el equilibrio informativo, la imparcialidad y el trato equitativo en la divulgación de las propuestas programáticas de los partidos, lo que ahora rige para los medios electromagnéticos. Se prohíbe la divulgación de encuestas electorales o sondeos de opinión durante la semana anterior a la fecha de toda votación, lo que ahora rige solo para las elecciones presidenciales. Se impone a los medios de comunicación social que difundan propaganda electoral la obligación de presentar al Consejo Nacional Electoral, dentro del mes siguiente al día de las votaciones, y en formato especial que diseñará el CNE, informe sobre los partidos, movimientos, agrupaciones políticas y campañas que contrataron propaganda electoral o que fueron objeto de donación de este tipo de propaganda, con indicación del valor total de la misma. El artículo 136 prohíbe toda clase de propaganda electoral, manifestaciones, comunicados y entrevistas con fines político-electorales el día de elecciones. A su vez el artículo 138, sobre restricciones en materia de información, reitera la mencionada prohibición y prohíbe adicionalmente los programas de opinión que promocionen o apoyen a candidatos, partidos o movimientos políticos, o una determinada opción en mecanismos de participación ciudadana. El artículo 10 de la ley 163, hoy vigente, prohíbe la propaganda electoral el día de elecciones pero no la divulgación de comunicados y entrevistas. Estas prohibiciones podrían ser inconstitucionales. Esta semana se conoció un fallo del Juzgado Primero Penal Municipal de Fusagasugá mediante el cual condenó al periodista Luis Agustín González, director del periódico Cundinamarca Democrática, a 20 meses de prisión y al pago de una multa equivalente a veinte salarios mínimos legales mensuales por la comisión de delitos de injuria y calumnia agravada. Según un comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), “el periodista había sido denunciado penalmente por la ex gobernadora y líder política de Cundinamarca, Leonor Serrano de Camargo, por un editorial publicado en 2008. Titulado ¡No Más!, en el que González cuestionaba la entonces candidatura de Serrano al Congreso”. La Asociación de Diarios y Medios Informativos (ANDIARIOS) considera un grave precedente para la libertad de opinión la utilización de acciones penales contra periodistas por la expresión de sus opiniones. Especialmente cuando ellas se refieren a funcionarios públicos o a personas que aspiran a ser elegidas popularmente, ya que ello puede constituirse en una modalidad de censura y genera limitaciones inconvenientes para el debate público tan fundamental en la democracia.

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