Cuba

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El panorama de la libertad de prensa no ha cambiado. Los medios de comunicación gubernamentales siguen siendo utilizados como vehículos de propaganda, y la censura y desinformación se mantienen inalterables. Lo que sí ha cambiado últimamente es el grado y frecuencia de las acciones represivas contra los opositores y medios independientes. En este período no hay periodistas presos, pero no han cesado las acciones de vigilancia, control y represión. Se han recrudecido las detenciones durante pocos días u horas y las golpizas a opositores mediante el uso de turbas o intervención directa de la policía. Las reformas, muy divulgadas aunque tímidamente emprendidas, no logran sacar a la economía cubana de su bancarrota ni a la población de sus carencias. Pero ninguna de las reformas aplicadas podría ilustrar mejor la naturaleza dictatorial y absurda del régimen que el reciente decreto mediante el cual se autoriza la donación y compraventa de autos, algo que, para asombro del mundo, ha estado prohibido durante 50 años. En otras palabras, hasta unos días los cubanos podían ir a la cárcel si se atrevían a vender o donar un auto de su propiedad. Así pues, la crisis de la sociedad cubana sigue profundizándose, en la misma medida en que crece el descontento popular. Durante agosto y septiembre el gobierno inició una ola represiva, abierta, sistemática y violenta, contra los opositores y, sobre todo, contra las Damas de Blanco. Numerosas detenciones se efectuaron en el marco de las procesiones, en Santiago de Cuba y La Habana, con motivo del día de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba. Actos de repudio, golpizas policiales, detenciones, amenazas públicas y privadas, fueron los recursos empleados. La prensa internacional ha reflejado esas acciones abusivas que, no obstante, no han logrado levantar condenas en ningún gobierno del mundo, ni siquiera de América Latina. Paralelamente, se puso en marcha una campaña de descrédito contra las Damas de Blanco, acusándolas de estar “incitadas y pagadas” por Washington y de provocar desórdenes para “justificar agresiones” contra Cuba. En el transcurso de la 67 Asamblea General de la SIP en Lima se conoció el fallecimiento en Cuba de una de las fundadoras de las Damas de Blanco, Laura Pollán, de 63 años, a consecuencia de una larga enfermedad, noticia que vino a enlutar no solo a la disidencia cubana sino que a todos los simpatizantes del movimiento de mujeres cubanas que han tomado la vanguardia en la lucha por la libertad y la democracia en su país. A diferencia de otros tiempos, cuando los arrestos permanecían ocultos o demoraban en trascender, el uso de los teléfonos celulares ha permitido conocer de manera casi simultánea las acciones de la policía contra los opositores. Por eso el gobierno busca impedir que se tomen fotografías o videos de los actos represivos.

Sin embargo, el uso de la fuerza y la aplicación de la violencia a la luz pública, en un grado superior, son indicativos de que, por un lado, el gobierno ha descartado mejorar su imagen ante la Unión Europea y que ha terminado la aparente luna de miel con la Iglesia Católica, abanderada de un proceso de mediación que propició el destierro de decenas de periodistas del Grupo de los 75, condenados en la llamada Primavera Negra, y la tácita autorización para que las Damas de Blanco no fueran molestadas en sus habituales marchas dominicales. La estrategia del golpe principal parece dirigirse, ante todo, contra aquellos actores políticos más radicalizados que podrían, en algún momento, ganar el favor de los ciudadanos o provocar, a partir de sus acciones, una explosión social difícil de controlar. En estas circunstancias el gobierno opta por enfrentar las críticas internacionales antes que permitir que la acción civil organizada florezca en medio del descontento social. El 15 de septiembre fue arrestado en Santa Clara, el sicólogo y periodista Guillermo Fariñas, Premio Sajarov 2010, cuando se disponía a iniciar, junto a otros opositores, una marcha de protesta. El 27 de septiembre, agentes de la policía política golpearon e insultaron en plena calle a Martha Beatriz Roque, prominente líder de la oposición y dirigente de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios (RCCC), junto a Arnaldo Ramos Lauzerique, de esa misma organización, y Berta Soler, de las Damas de Blanco. Calixto Ramón Martínez, corresponsal del centro de información Hablemos Press, fue arrestado el 30 de septiembre (desde mayo ha sido detenido otras dos veces) y ahora enfrenta nuevamente una deportación a su ciudad de origen, Camagüey. La organización Reporteros sin Fronteras condenó en un comunicado del 6 de octubre la expulsión de la capital del corresponsal (la novena en dos años), la cual, argumentó, “tiene lugar en un nuevo contexto de represión creciente contra la sociedad civil y las organizaciones disidentes”. Amnistía Internacional ha pedido dos veces a La Habana el cese de la represión contra las indefensas mujeres que exigen la libertad de los presos políticos. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional documentó solamente en septiembre 563 detenciones, la cifra más alta en 30 años. Por tal razón, la cantidad de prisioneros políticos, lejos de disminuir, aumentó. Y en los primeros ocho meses del 2011 hubo 2.221 detenciones breves, casi el doble del mismo período del 2010. Lo más relevante han sido las protestas públicas de los últimos meses, protagonizadas en ocasiones por pocas personas. Otro hecho novedoso es que las Damas de Blanco han intensificado sus protestas pacíficas en las provincias orientales, lo que ha llevado al régimen a utilizar, por primera vez, tropas antimotines. Estos gestos, totalmente inusitados, han contado en ocasiones con el respaldo de la población que aparenta perder el miedo. La prensa extranjera también ha sufrido las consecuencias de esta arremetida. Se prohibió la entrada al país de un nuevo jefe de la Agence France Presse y no se le extendió el permiso de acreditación a Mauricio Vicent, corresponsal durante dos décadas de El País y la Cadena Ser. La Habana alegó que el corresponsal ofrecía “una imagen parcial y negativa” del país. En España, la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado aprobó el 21 de septiembre una moción del Partido Popular en la que se pide al gobierno “exigir” al régimen castrista que levante el veto a Vicent. Asimismo, la iniciativa también instó al Ejecutivo a “denunciar la progresiva represión” en la isla. En el caso Vicent se observa una explícita intención de atemorizar a los periodistas extranjeros —azuzando la amenaza de expulsión—, para así controlarlos, rebajar la objetividad de sus despachos o silenciarlos. En verdad, es una práctica que funciona: baste considerar cómo ciertos acontecimientos, de innegable importancia periodística, quedan sin cubrir. Así, reportar desde Cuba es un acto de malabarismo permanente. Mucho más que en el pasado se intenta limitar o impedir el acceso de la población a canales alternativos de información. Se ha pospuesto, hasta nuevo aviso, la puesta en funcionamiento del cable submarino de fibra óptica instalado entre Venezuela y Cuba sobre el que se habló bastante meses atrás. Queda pendiente así el acceso —incluso supervisado— de la población a internet, la cual sigue siendo privilegio y lujo de unos pocos. A comienzos del 2011 el gobierno amenazó a los fabricantes clandestinos de antenas parabólicas y vendedores de tarjetas para captar señales de televisión por satélite. Además, prosiguen las redadas para desmantelar redes ilegales de televisión por cable. En este contexto, el gobierno ha reaccionado con preocupación ante el hecho de que Radio / TV Martí esté enviando a teléfonos celulares de la isla información noticiosa vía mensajes de texto. Cuba ha calificado la medida como violación de la soberanía, parte de una “ciberguerra” emprendida por EEUU. El contratista Allan Gross, de 62 años, cumple una pena de 15 años de cárcel dictada en marzo tras ser acusado de cometer “delitos contra la Seguridad del Estado” al entregar equipos de comunicación a personas que son consideradas opositores. El Tribunal Supremo ratificó la condena en agosto. Una gestión para obtener su liberación del ex Embajador de Estados Unidos ante la ONU, Bill Richardson, fue abortada en La Habana a mediados de septiembre, pero días después La Habana envió señales de querer desear la normalización de las relaciones con EEUU. Mientras tanto, se refuerza la campaña para conseguir la liberación de cinco espías encarcelados desde 1998 en Estados Unidos. En contraste, y para alivio de los cubanos, el período ha visto una merma considerable de las Reflexiones de Fidel Castro, probablemente ligada al empeoramiento de su salud, que continua siendo secreto de Estado. Curiosamente, la actividad de los blogueros independientes no ha cesado y no se reportan denuncias de acciones represivas contra éstos. El movimiento se fortalece cada día y consolida su prestigio dentro y fuera de la isla. Son cada vez más frecuentes en la internet los videos que recogen inusuales actos de protesta cívica y foros donde una emergente sociedad civil, integrada mayormente por jóvenes, reflexiona sobre la crisis y formula críticas abarcadoras y fulminantes al sistema y gobierno cubanos. La conclusión podría ser que el régimen teme más los efectos de una protesta callejera espontánea sobre una población desencantada y desesperada, que las crónicas de los blogueros, los despachos de los periodistas o las críticas de círculos de intelectuales: todas tienen eco mayormente en el extranjero a través de la web, pero carecen de repercusión nacional inmediata. Las lecciones de Túnez, Egipto, Libia y Siria han alertado al gobierno cubano y explican su empeño en no abandonar las calles al “enemigo”. Mucho más que en el pasado se intenta limitar o impedir el acceso de la población a canales alternativos de información.

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