Ecuador

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Existe un proceso de extinción de la libertad de expresión porque en sectores del periodismo y de la gente se practica la autocensura, por temor a molestar al gobierno y a las consecuencias legales. Esta condición se viene agravando desde enero del 2007, cuando el presidente Rafael Correa implantó una campaña de desprestigio y agresión en contra de la prensa independiente, atacándola en incontable cantidad de ocasiones. La autocensura se agudizó luego de que tres directivos y el ex editor de Opinión de El Universo fueron sentenciados a tres años de prisión y a pagar en total una suma de 40 millones de dólares en indemnización a favor del Presidente, ya que la justicia consideró que el autor del artículo “No a las mentiras”, injurió y que los directivos “coadyuvaron” en el delito. La justicia concedió el recurso de casación a los directivos del periódico y dispuso la ejecución de la sentencia en contra del articulista, que se encuentra desde fines de agosto en Miami, Estados Unidos, porque se considera un perseguido político. El comunicador Walter Vite fue sentenciado por injurias y está preso en la cárcel de Esmeraldas. Tres periodistas, el procurador síndico y el director de El Diario enfrentan una demanda penal por supuestas injurias, planteada por una fiscal que se siente afectada porque el medio publicó una noticia en donde una tercera persona la acusaba de corrupción, esta demanda se da a pesar de que en la misma nota consta, y al mismo espacio, la versión de la acusada defendiéndose. En este período también se registró el apresamiento de un bloguero y un camarógrafo, un asambleísta golpeado y querellas administrativas en contra del diario Hoy, la revista Vistazo y la televisora Ecuavisa. El gobierno propuso eliminar el desacato y mantener la injuria en el Código Penal. También se vive una “lluvia de denuncias” en contra de medios, periodistas y animadores de programas de televisión, planteadas por políticos, futbolistas, artistas y ciudadanos en general. En el campo legal, en este período el Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados oficiales de la consulta popular de mayo y con ello el triunfo de las dos preguntas (de un total de diez, en donde todas obtuvieron el sí) que afectan a la libertad de expresión y de prensa.

Uno de los asuntos aprobados por el pueblo es que los dueños de los medios de comunicación “nacionales” no tengan otros negocios. A pesar de que se esperaba que esta limitación societaria apareciera en una nueva ley de comunicación, ya fue incluida en el proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que únicamente espera el voto del Ejecutivo. Este proyecto de ley reforma a la Ley de Radiodifusión y Televisión y prohíbe a quienes tengan o controlen el 6% o más de una empresa de comunicación “nacional”, tener participación en otros negocios. Con la limitación societaria no sólo se coarta el derecho de propiedad de los accionistas de los medios, sino que, también, se bloquea la venta de las cadenas nacionales de televisión que administra el gobierno luego de que fueran incautados a sus anteriores dueños, tres años atrás, ya que será difícil encontrar a un empresario o persona que sin dedicarse a otra actividad tenga el capital para comprarlos. A través del voto afirmativo a la segunda pregunta relacionada a los medios en la consulta popular, se mandó a la Asamblea Nacional a redactar una ley de comunicación que incluya un Consejo de Regulación y Control de los medios. Este proyecto de ley está listo para segundo debate. Entre las principales ideas que propone el gobierno constan: - La conformación del Consejo de Comunicación, que tendrá, entre otras, las siguientes facultades: intervenir en la sociedad y desarrollar la comunicación, definir y sancionar mensajes discriminatorios, diseñar y ejecutar políticas públicas de comunicación, ordenar a los medios de comunicación la rectificación, réplica o respuesta. - El Consejo de Comunicación será integrado por siete miembros, dos de los cuales son nombrados por la Presidencia, un delegado del Consejo Nacional de Igualdad, que es otro elegido por el Ejecutivo, tres por la “ciudadanía”, que deben salir de un proceso que ya ha sido probado en otros campos con dudosos resultados, y uno por las universidades. - Divide a los medios en “generalistas” y “temáticos”. A los primeros los obliga a la difusión de contenido informativo, educativo y cultural; a los segundos no. - Contiene este texto “la obligación de toda persona a asumir las consecuencias jurídicas, administrativas, civiles y penales posteriores a difundir a través de los medios de comunicación información de relevancia pública que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, buen nombre...”

- Prohibición de todo mensaje “discriminatorio” con disposiciones vagas y ambiguas. - El requisito de que la información sea objetiva, veraz, oportuna... - La obligación de que los medios se impongan y difundan sus códigos de ética - El ámbito de la ley abarca “cualquier medio, formato o plataforma tecnológica” - El medio responderá legalmente por el contenido si no logra demostrar que conoce la identidad de quien hace comentarios en sus sitios web. Cronología de hechos más destacados: El 3 de febrero Fabricio Correa, hermano del Presidente, demandó al secretario jurídico del Gobierno, Alexis Mera, por considerar que lo injurió al decir que es un mentiroso, que ha falseado documentos, que ha creado empresas fantasmas y que ha usado testaferros para ganar contratos con el gobierno. El 26 de mayo la Corte desechó la demanda porque no encontró que se haya cometido el delito de injurias. El 28 de febrero, el presidente Rafael Correa presentó una demanda por daño moral contra Christian Zurita y Juan Carlos Calderón, periodistas y autores del libro “El Gran Hermano”, que relata los contratos que empresas vinculadas a su hermano Fabricio Correa tenían con el Estado ecuatoriano. El mandatario solicita una indemnización de 10 millones de dólares. Los periodistas interpusieron una contrademanda, solicitando el pago de 400.000 dólares, basados en que los “actos y expresiones graves e ilícitas” del Presidente Correa “han provocado odio contra nosotros; él es el responsable de una persecución llena de insultos, amenazas, maltratos y enjuiciamientos por distintos funcionarios del Gobierno, entre ellos el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado; el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; el ex secretario particular, Galo Mora; y la ministra María de los Ángeles Duarte”. El caso se encuentra en una etapa de pruebas luego que la audiencia de conciliación, realizada el 9 de septiembre, resultara infructuosa. El 16 de abril, durante el enlace sabatino, el Presidente rechazó el pronunciamiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por considerar que “interfiere en los asuntos internos del país”. El comunicado de la Relatoría menciona las demandas por injurias planteadas por el presidente Correa en contra de tres periodistas y de los directivos de El Universo, así como la detención de civiles por supuestamente haber ofendido al mandatario. El 25 de abril la ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, interpuso una demanda en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro “El Gran Hermano”, argumentando que le atribuyen la adjudicación de un contrato un día que ella ya no era ministra de Vivienda (cargo que anteriormente había ocupado); sin embargo, reconoce que antes de salir del ministerio dejó “aprobados los pliegos” de la obra. El 25 de abril Fernando Alvarado, titular de la Secretaría Nacional de Comunicación, no respondió preguntas de la reportera Sugey Hajjar, de El Universo, argumentando que su acreditación para cubrir el Palacio de Gobierno estaba vencida y que no iba a ser renovada hasta que el periódico publicara una rectificación solicitada por él acerca de un hecho ocurrido en diciembre del año anterior. Por su parte, El Universo sostuvo que la versión de Alvarado fue publicada en noviembre y que por lo tanto no era necesario hacerlo otra vez. Finalmente, sin que se diera una nueva rectificación, la acreditación fue renovada. El 27 de abril el comunicador social Walter Vite Benítez fue apresado por la Policía, luego de que la justicia lo condenó a un año de prisión y al pago de 500 mil dólares por un proceso por injurias que le siguió el alcalde de Esmeraldas, Ernesto Espupiñán Quintero. El 2 de mayo el dirigente Edgar Coral, de la Cooperativa Vivienda Pisulí, demandó al presidente Correa por daño moral por haberlo llamado "traficante de tierras". Ofreció retirar la demanda si Correa rectificaba públicamente en el mismo espacio y horario. El 26 de julio la Asamblea Nacional no autorizó el inicio del juicio penal contra el Presidente. La Constitución establece que para que el Presidente sea enjuiciado se requiere que dos terceras partes de la Asamblea lo autoricen. El 3 de mayo el bloguero Víctor Vizcaíno Luzuriaga fue apresado en la ciudad de Guayaquil, trasladado a Quito y puesto en libertad al día siguiente. Su detención fue ordenada por el juzgado 24 de Garantías Penales de Pichincha. Se lo acusó de lanzar fuertes críticas contra el gobierno y el Fiscal General de la Nación, en un blog llamado Plegaria de un Pagano. El 3 de mayo la fiscal Alexandra Bravo Cedeño, de la ciudad de Manta, demandó ante la justicia que El Diario y cinco de sus colaboradores le paguen una indemnización de 1.500.000 dólares, y que vayan tres años presos, por la publicación de una noticia en donde la ciudadana Amarilis Zambrano acusaba a la fiscal de haber recibido 7.000 dólares de coima para acusar a su hijo de un crimen. La noticia que apareció en los periódicos y en el canal de televisión de la empresa, incluía la versión de defensa de la fiscal, en similar espacio al de la denunciante. El 7 de mayo las instalaciones de El Diario en Manta fueron atacadas con cinco impactos de bala. Nadie se atribuyó el atentado. El 11 de mayo una bala apareció junto a la puerta principal de ingreso de El Diario en la ciudad de Chone. El gesto es considerado en la cultura local como una amenaza de muerte. El 14 de mayo Jaime Ugalde, editor jefe de El Diario, fue agredido verbalmente cuando se movilizaba en su vehículo junto a su esposa, en la ciudad de Portoviejo. Personas que iban en una camioneta que portaba distintivos del movimiento oficialista lo insultaron y le gritaron consignas que utiliza Correa para atacar a la prensa. Simultáneamente otro vehículo le cerró el paso. El 16 de mayo la radio Sucumbíos, administrada por la Vicaría en la provincia del mismo nombre, fue tomada por el grupo de la congregación religiosa Heraldos del Evangelio, que asumió el Vicariato en reemplazo de la orden de los Carmelitas. La Diócesis debió intervenir y ambos grupos abandonaron la provincia. El 20 de mayo el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió un expediente en contra de la cadena televisiva Ecuavisa, acusándola de no transmitir las cadenas gubernamentales de televisión en los horarios establecidos y de colocar sobreimposiciones con la advertencia de que ese programa corresponde a réplicas del gobierno y no a programación propia. El 24 de mayo, a pedido del Ministerio de la Política, el Consejo Nacional Electoral inició una investigación en contra de diario Hoy por una supuesta infracción electoral. Hoy publicó el 6 de mayo avisos de la campaña de Libertad de Expresión de la WAN. El 26 de mayo la ministra de Justicia, Johana Pesántez, anunció que dentro del proyecto de reformas al Código Penal que el gobierno enviará a la Asamblea Nacional consta la eliminación de la figura de desacato, previsto en el artículo 230. También confirmó que la propuesta incluye mantener dentro del Código Penal la figura de injurias.

Posterior a la Consulta Popular del 7 de mayo el secretario nacional del movimiento oficialista Alianza País, Galo Mora, presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral una querella en contra de diario Hoy por haber publicado una entrevista de corte político en un día que la ley establece como de "silencio electoral". Dos semanas después el caso fue archivado porque el denunciante no cumplió en completar información acusatoria. El examen que la Contraloría General realizó al periódico estatal El Telégrafo entre enero del 2007 y enero del 2010, determinó que dos tercios de los ejemplares fueron entregados como “cortesías” y no vendidos, lo que produjo una pérdida de 3,3 millones de dólares sólo por ese concepto. El Telégrafo está siendo administrado por el gobierno desde el año 2007, cuando fue incautado a su anterior dueño. El 2 de junio la asambleísta Lourdes Tibán exigió por escrito al presidente Correa el derecho a réplica que está consagrado en la Constitución y le otorgue 16 minutos de cadena nacional de televisión en tres provincias para desmentir, según ella, una serie de mentiras mencionadas en otra cadena similar que el presidente ordenó difundir el 30 de mayo. El gobierno negó el pedido de la asambleísta, aduciendo que según la ley las cadenas son sólo para que los presidentes de las funciones del Estado rindan informes al pueblo. Sin embargo, el gobierno ha usado innumerables cadenas para atacar a quienes considera sus opositores. El 4 de junio el presidente Rafael Correa pidió en cadena nacional que se sancione a la revista Vistazo porque publicó un editorial a favor del voto No en las preguntas 3, 4, 5 y 9 (en total eran 10 preguntas) de la consulta popular, en la edición quincenal que salió a circulación el 4 de mayo. El silencio electoral inició el 5 de mayo. En agosto, la jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Alejandra Cantos, dispuso la acumulación de todas las denuncias –cinco en total- que por el mismo tema se habían formulado en contra de la revista Vistazo. El 28 de mayo los medios estatales y los incautados realizaron un ataque masivo contra Jaime Mantilla, presidente de Hoy y vicepresidente de la SIP, recordando el asesinato de la periodista brasileña Sandra Gomide, ocurrido hace once años en Sao Paulo, Brasil. Los medios estatales recordaron que en esa ocasión se dijo que Mantilla había tenido una relación personal con la periodista. El 3 de mayo los medios estatales y los incautados realizaron un ataque masivo contra diario El Universo y su fallecido ex director Carlos Pérez Perasso. Una noticia publicada en diario El Telégrafo vinculó a Carlos Pérez con la construcción de la terminal terrestre de Guayaquil, lo que presuntamente habría causado que el Estado perdiera millones de dólares. Los hechos se desarrollaron en la década de los 80 y en 1992 la justicia se pronunció liberando de responsabilidad a la empresa en la que Pérez tenía acciones. El 12 julio el Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados oficiales de la Consulta Popular del 6 de mayo, en la que se consultó a los ecuatorianos, entre un total de diez preguntas, dos asuntos directamente relacionados con la prensa. La pregunta tres fue aprobada con un 44,16% de votos por el Sí frente a un 41,88 por el No, 5,22% de votos en blanco y 5,70% de votos nulos. El texto que se aprobó y que quedó vigente en la Constitución es: "Las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones y participaciones, en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según el caso. Los respectivos organismos de control serán los encargados de regular esta disposición, de conformidad con el marco constitucional y normativo vigente.” La pregunta nueve fue aprobada con un 44,96% de votos por el Sí frente a un 42,04 por el No, 7,73% de votos en blanco y 5,26% de votos nulos La pregunta decía: “¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?”. El 19 de julio, el juez primero de Garantías Penales de Guayas, Ángel Rubio, ordenó el allanamiento de la vivienda y la captura del periodista Peter Tavra Franco, de diario El Universo, quien fue sentenciado a seis meses de prisión y a pagar una indemnización de 3.000 dólares por una demanda planteada por Mónica y Milton Carrera, originada tras la publicación de una nota periodística en febrero del 2009. A Tavra se lo sentenció en el juicio por injurias y enfrenta una nueva demanda por 10 millones de dólares, planteada por los mismos demandantes. El 20 de julio el juez Juan Paredes Fernández, dentro del caso Rafael Correa contra El Universo, sentenció a tres años de prisión a los directivos del periódico y a su ex editor de Opinión, para que de manera solidaria paguen una indemnización de 30 millones de dólares y a que la empresa El Universo CA pague otros 10 millones. El párrafo del artículo “No a las mentiras” que motivó la demanda dice: “El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”. Esta sentencia en contra de Carlos, César y Nicolás Pérez y Emilio Palacio fue dictada por un juez temporal que procesó en menos de un día laboral las más de 5.000 páginas y las seis horas de la audiencia, logrando su dictamen pocos minutos antes de que terminara su titularidad en el juzgado. Una pericia judicial pedida por la defensa de El Universo determinó que una persona común hubiera requerido de más de cien horas para leer el proceso. La sentencia fue apelada por las partes. El presidente pidió que la indemnización sea de 80 millones y no de 40. Los Pérez y Palacio pidieron la nulidad. El caso Correa contra El Universo ha pasado por las manos de varios jueces, la mayoría de ellos temporales o suplentes. Antes de que el juez Juan Paredes lo despachara, otros tres magistrados fueron recusados o sustituidos. En segunda instancia, el movimiento de jueces continuó. Ocho cambios, entre licencias, renuncias y remoción de magistrados se dieron antes de que se completara la terna que debía sentenciar el caso. Los abogados defensores de El Universo advirtieron que los conjueces seleccionados no cumplían con los requisitos para su designación. Se basaron en el artículo 170 de la Constitución, que menciona que para el ingreso a la Función Judicial se observarán los criterios de “igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana”. A pesar de que el presidente Correa ha insistido que la demanda contra El Universo es a título personal, ha dispuesto de recursos públicos como el uso de varias cadenas nacionales de televisión y de tiempo en sus informes al país para hablar del caso sosteniendo sus argumentos. En el enlace del 23 de julio advirtió que si Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP, viene a Ecuador y lo llama dictador, lo expulsará del país. El 20 de julio Emilio Palacio, ex editor de Opinión de El Universo, echó de la rueda de prensa que dieron los hermanos Pérez, al reportero Gustavo Espinoza, de la estatal Ecuador TV, luego de calificarlo de fascista y gobiernista. Según Espinoza, un miembro de la directiva del diario lamentó lo ocurrido y le dijo que no era necesario que se fuera. El 26 de julio el fiscal de Pichincha, Jorge Nogales, pidió a diario Hoy que remita el nombre del autor del artículo “Fregando la pita”, publicado el 27 de junio. La solicitud responde a un pedido que Alembert Vera, abogado del Presidente de la República, hizo el 13 de julio. Esta diligencia es una acción previa a un posible proceso legal. El artículo fue publicado con la firma de Diego Oquendo y hace referencia a los honorarios que podrían recibir los abogados del Presidente con la demanda por 80 millones de dólares contra El Universo. El 27 de julio el Tribunal Segundo de lo Penal de Loja encontró culpable de haber cometido calumnias y difamación pública al comunicador Freddy Aponte, dentro del juicio que le sigue Bolívar Castillo, ex alcalde de esa ciudad, y lo condenó a cinco años de prisión correccional. En su programa radial Aponte había llamado al ex alcalde “pillo, corrupto, un ladrón que se ha robado terrenos municipales”. El 27 de julio, Carlos Sosa y Fabricio Vite, reportero y camarógrafo de la televisora Telecosta de Esmeraldas, fueron agredidos mientras cubrían una audiencia en la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. Un hombre armado y vestido de civil les impidió el ingreso a los pasillos de la corte y pidió a los policías que los sacaran por la fuerza. El 3 de agosto los asambleístas Tomás Zevallos y Guillermina Cruz pidieron a través de la Fiscalía a la televisora Teleamazonas una copia del video del programa La Mañana, del día 3 de agosto. En el programa se calificó como “polémico” al voto de los referidos asambleístas en la elección del presidente de la Asamblea Nacional. El 6 de agosto del 2011, durante el enlace sabatino No. 232, el Presidente instó a los ciudadanos a que inicien demandas contra los periodistas, a los que llamó “corruptos”, y a los dueños de los medios que, según dijo, permiten que engañen, difamen e injurien. El 8 de agosto, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones notificó al prefecto de la provincia de Morona Santiago, Felipe Marcelino Chumpi, la decisión de terminar de manera anticipada y unilateral el contrato de concesión de frecuencia para el canal Telesangay, del gobierno provincial. El prefecto, afiliado al movimiento opositor Pachakutik, dijo que la medida tuvo trasfondo político. El 11 de agosto el representante legal del canal de televisión estatal Ecuador TV planteó en contra de Emilio Palacio una demanda por injuria calumniosa grave ante las cortes, luego de que Palacio calificó al canal como “fascista” y se negara a dar declaraciones a uno de sus periodistas. El 17 de agosto un asesor del ministro de Defensa, Javier Ponce, dijo a reporteros de El Universo que sólo dará declaraciones a los medios públicos, ya que “no hay química” con los privados. Durante años Ponce fue articulista de diario Hoy.

El 20 de agosto el fotoperiodista Stalin Díaz, de diario Expreso, fue detenido por policías cuando hacía una cobertura en un club de Guayaquil en el que se cumplía un operativo por supuesta prostitución ilegal. Díaz llegó al lugar para captar unas gráficas y los agentes lo detuvieron. El 24 de agosto se hizo pública la demanda que el actor Alberto Cajamarca planteó contra el canal RTS, una reportera y varios presentadores del programa “Vamos con todo” por daño moral. Cajamarca demanda el pago de una indemnización de 40 millones por parte del canal, 10 millones de la reportera Eliana Justavino y 5 millones por cada uno de los presentadores Paloma Fiuza, Jessenia Hati y Carlos Matamoros. Según la demanda, el programa presentó una grabación hecha con cámara oculta al actor, lo cual está prohibido. El 25 de agosto se difundió la demanda que Carlos Coello Baseke, gerente del canal TC Televisión, en manos del Estado, presentó en contra de la actriz Adriana Manzo por supuesta injuria calumniosa y no calumniosa grave. Pidió una indemnización de un millón de dólares. Según Coello, Manzo envió al Presidente de la República una carta, en la que expresa una serie de ofensas contra él. La actriz fue parte del elenco de la telenovela Fanatikda, de TC, de la que salió en malos términos. El 26 de agosto el futbolista Jaime Iván Kaviedes presentó una demanda contra el periodista Hugo Gavilánez y la presentadora Carla Sala, del canal RTS, por injurias calumniosas. Gavilánez había dicho días atrás que Kaviedes se encontraba en un centro nocturno el día previo a los entrenamientos, insinuando que sería una recaída en la manifiesta adicción y superación a las drogas y alcohol del futbolista. Tres días después los presentadores del noticiero ofrecieron disculpas públicas, pero Kaviedes afirmó que no es suficiente y que con la demanda espera sentar un precedente. El 26 de agosto el juez Quinto de Garantías Penales de Pichincha, Raúl Martínez, acogió el informe acusatorio de la fiscalía en contra de trece personas que el día 30 de septiembre entraron usando la fuerza al canal gubernamental Ecuador TV y los convocó a juicio por el delito de sabotaje a servicios públicos. Los acusados enfrentan una sanción de entre ocho y doce años de reclusión y una multa de entre 85 y 175 dólares. En su providencia el juez mantiene la orden de prisión preventiva en contra de varios acusados y otras medidas cautelares. Estos hechos ocurrieron el 30 de septiembre del 2010, cuando el gobierno había decretado Estado de Emergencia y había suspendido las transmisiones que los canales privados daban para informar sobre el día que empezó con un aparente reclamo policial por mejores sueldos y terminó en un supuesto intento de golpe de Estado. Los manifestantes quisieron entrar a Ecuador TV porque estaban en contra de la forma en que se contaban los hechos y querían dar su versión. El 14 de septiembre la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) notificó a siete estaciones de radio (Quito, Centro, Genial Exa, Visión, Platinum, de Quito; Radio City, de Guayaquil; y Ondas Azuayas, de Cuenca) el inicio de un proceso de juzgamiento por haberse enlazado sin autorización y emitir un programa referente a la libertad de expresión el 10 de agosto, aniversario del Primer Grito de Independencia. El expediente se archivó el 6 de octubre. El 25 de septiembre el presidente Correa amenazó con iniciar un nuevo juicio en contra de El Universo por haber permitido que la asambleísta Cinthya Viteri publicara en ese periódico un escrito, en donde lo califica de ignorante, bravucón y cobarde y lo acusa de querer hacer renunciar a su madre, presidenta de la Corte de Justicia de Guayas, para poner a los jueces a su antojo. En esta ocasión Correa aseguró que los Pérez estarían cometiendo el delito de autoría coadyuvante e incluso de coautoría de la supuesta injuria. El 27 de septiembre la Segunda Sala Penal de la Corte de Guayas, que tramita el juicio interpuesto por el presidente Rafael Correa contra diario El Universo, ordenó la ejecución de la sentencia dictada en primera instancia por un juez temporal contra Emilio Palacio, al declarar en abandono el recurso de apelación solicitado por los abogados de Palacio. El 29 de septiembre el gobierno interrumpió el programa La Mañana 24 Horas, que conduce la periodista Janet Hinostroza, para emitir un programa de unos seis minutos. El gobierno dijo que la periodista tiene “escaso criterio periodístico que le impide ver más allá de sus intereses” y tildó de “mentirosa” a Alejandra Cevallos, una estudiante que había sido entrevistada un día atrás y que es una de las trece personas a las que el gobierno ha acusado de sabotaje y terrorismo por haber irrumpido el 30 de septiembre del 2010 las instalaciones del estatal canal ECTV, en protesta porque esa tarde el gobierno suspendió la transmisión de los canales privados y únicamente se informaba desde el mencionado canal. El 14 de octubre el gobierno envió a la Asamblea Nacional su propuesta de reformas al Código Penal en donde se mantiene el delito de injuria con sanciones que van entre seis meses y dos años de prisión, pero si la injuria es contra una autoridad, la prisión puede ser de hasta tres años. Además se convierte en responsable del contenido difundido al directivo del medio que no da a las autoridades el nombre del periodista que hizo una noticia. El código también planea el concepto de “pánico económico” y establece prisión de entre siete y nueve años a quien, desde dentro o fuera del país, cause daño a la economía o al sistema financiero difundiendo noticias falsas.

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