El Salvador

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En este período se registraron aspectos tan positivos como negativos en material de libertad de prensa.

En lo positivo, el 8 de septiembre, la mayoría de diputados decidió aprobar el paquete de cambios al Código Penal (reformaron los Artículos 38, 177, 178, 179, 180, 183 - A, 191 - A, 191 - B y 191 – C) que favorecen fundamentalmente la libertad de expresión de todos los ciudadanos y protegen el trabajo de los periodistas, teniendo como cambio esencial la anulación de la cárcel como pena a los delitos de calumnia, difamación e injuria sustituyéndola por multas, estableciendo además techo para esas multas, por lo que no se estará a merced del criterio antojadizo de indemnizaciones desmesuradas.

Las reformas incluyen los cálculos de días multas y el salario base de la persona que resultare condenada. Estas condenas civiles van desde 50 a 360 días multa.

También apuntalan los criterios con que un juez debe procesar estos casos y las consideraciones que deben cumplirse antes de que una posible demanda se constituya en un caso concreto penal en contra de una persona, o de un periodista y el medio de comunicación para el que trabaja.

Las reformas fueron aprobadas por los parlamentarios de partidos de derecha y centro derecha ARENA, GANA, PDC y PCN. El partido en el gobierno, el FMLN, no acompañó con sus votos.

Mientras estas reformas no entren en vigencia, la incertidumbre se mantiene por el flanco abierto por una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que, en septiembre de 2010, decidió eliminar la protección legal a favor del trabajo periodístico, y abrió las puertas a las demandas sin fundamento en contra de los medios.

Una de las demandas más conocidas, fue protagonizada por el presidente de La Prensa Gráfica, junto al director del periódico, Rodolfo Dutriz y dos de sus periodistas. Fueron demandados por un militar en activo que resultó involucrado por una agente encubierto en una investigación de narcotráfico ligado al cartel de Los Zetas. El militar emprendió demanda penal, sin pedir derecho de respuesta, en tribunales diferentes y solicitó entre 12 y 16 años de prisión en contra de los directivos y periodistas por lo que consideraba calumnias reiteradas. También solicitó una indemnización de 6 millones de dólares.

Luego de seis meses de intentos de iniciar procesos, dos jueces de primera instancia y cuatro de segunda instancia, decidieron que no había elementos suficientes para la formación de la causa, considerando que el medio de comunicación había cumplido con los requisitos de comprobación de fuentes periodísticas válidas, y dejando la puerta abierta para la interposición de una contrademanda.

El proceso de creación de ley exige que lo aprobado por el Congreso sea puesto a revisión del Presidente de la República, quien puede decidir estar de acuerdo, parcialmente de acuerdo o en desacuerdo. El primero de los casos contempla que el presidente no haga comentarios y envíe a publicación en el Diario Oficial un decreto legislativo y en pocos días se proclame la ley. En el segundo, el Presidente opta por hacer observaciones y devuelve el decreto al Congreso, en donde los parlamentarios deciden si toman en cuenta esas observaciones o no y pueden volver a votar y con mayoría simple mandar al Diario Oficial el decreto para que luego entre en vigencia. Y la tercera opción, es cuando el presidente está en total desacuerdo y opta por vetar el decreto y lo devuelve al Congreso. En este último caso, los parlamentarios necesitan de mayoría calificada para poder superar el veto y enviar a publicar un decreto. En El Salvador, el congreso tiene 84 diputados. Mayoría simple es de 43 votos, y mayoría calificada es de 56 votos.

Para el caso de las reformas legales a favor de la libertad de expresión, el presidente hizo una serie de observaciones y ha devuelto el decreto al congreso. Una de las observaciones que se consideran más delicadas tiene que ver con el derecho de respuesta, el cual fue introducido en las reformas como una medida para evitar una demanda, pero que en sus observaciones el Presidente desea, desde su criterio, fortalecerla y la propone más bien como una medida de conciliación con un ofendido, pero ya con un proceso o demanda iniciada. Es importante mencionar que el Presidente mantuvo la esencia de las reformas, es decir, la eliminación de la cárcel en delitos contra el honor.

En lo negativo, el partido FMLN presentó una propuesta de ley de rectificación y derecho de respuesta que contempla sanciones en contra de los medios de comunicación, multas, suspensiones de licencias de uso, y un proceso que deja en manos de terceros las evaluaciones de lo que debe ser destinado o caracterizado para un derecho de respuesta. Incluso, el FMLN ha impulsado la conformación de una comisión Ad-hoc para estudiar esta propuesta. Se observa en esta propuesta de la ley, una clara de intención de controlar y mantener en zozobra la actividad de los medios de comunicación.

Por otro lado, muchos periodistas se enfrentan a diario a múltiples presiones de funcionarios públicos (desde el Presidente de la República, Mauricio Funes), por informar acerca de hechos que no favorecen al Gobierno en turno. Las fuentes gubernamentales se cierran para brindar información amplia y objetiva.

Otro claro ejemplo de lo anterior es el ministro de Seguridad Pública, Manuel Melgar, quien en varias ocasiones ha fustigado la labor periodística, al considerar que son los medios los que fomentan una percepción equivocada de la realidad, al dedicar “demasiado espacio” a los crímenes que se cometen a diario. En la actualidad, El Salvador es uno de los países más violentos de la región, con un promedio diario de 12 homicidios.

El Gobierno, además, utiliza su pauta publicitaria como una manera de “premiar” a aquellos medios “condescendientes” y “castiga” a aquellos que son críticos con la administración actual y que escrutan la labor de los funcionarios.

Este año también ha estado marcado por otros hechos que, aunque de manera aislada, han afectado a los periodistas de manera directa. Se han registrado casos de algunos comunicadores a quienes les han “hurtado” sus laptops asignadas por las empresas periodísticas para las que trabajan.

Aún cuando estos hechos pueden verse como “unos más” de la delincuencia común, existen sospechas de que se trata de algo más articulado que busca, en el fondo, intimidar a los periodistas. La forma en que fueron hurtados esos equipos sustenta esta apreciación.

Representantes de radios comunitarias del interior de la república también han denunciado acoso y amenazas por oponerse a proyectos como el de la minería en la zona de Cabañas, en el centro norte de El Salvador. Por otro lado, estos sectores, en connivencia de algunos sectores del gobierno, hacen esfuerzo por modificar leyes y permitir que tengan mucho más espacios en el espectro radial, contraviniendo las leyes, el espíritu de la libre competencia y los derechos adquiridos legal e históricamente.

En uno de los hechos más negativos del semestre, el camarógrafo del canal 33, Teleprensa, Alfredo Antonio Hurtado Núñez, de 41 años, fue asesinado el 25 de abril, dentro de la una unidad del transporte colectivo en la urbanización Jardines de San Bartolo, en la ciudad de Ilopango, departamento de San Salvador.

Según los informes policiales, tres sujetos abordaron la unidad, se acercaron al asiento donde viajaba el periodista y le dispararon a quemarropa en tres ocasiones.

Investigadores de la Unidad de Inspecciones Oculares de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron que los impactos de bala le ocasionaron la muerte de forma instantánea, y que lo dejaron recostado sobre uno de los laterales del bus. Se descartó el móvil del robo, ya la víctima tenía sus posesiones personales dinero en efectivo.

Desde el primer momento, las hipótesis apuntaron a grupo de pandillas de la zona que había sido objetos de tomas de Hurtado tras un crimen reportado en la zona. Las tomas habrían servido para identificar a sospechosos de ese crimen, aunque no fue confirmado.

Las autoridades policiales, tuvieron resultados de las investigaciones cuatro meses y medio después. El pasado 5 de septiembre, detuvieron a dos miembros de la pandilla MS y fueron remitidos a un Tribunal Especializado. La Fiscalía General de la República pedirá 35 años de cárcel para los sospechosos de este crimen. A la fecha ambos se mantienen en prisión y se está a la espera de la fecha del juicio.

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