Honduras

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El país sigue sufriendo retrocesos significativos en materia de libertad de prensa y expresión con factores que van desde las amenazas, interferencia de frecuencias y confiscaciones, hasta el asesinato de comunicadores, todas situaciones incompatibles con el pleno ejercicio de esos derechos fundamentales. Hay al menos evidencia de 28 casos de atentados a la libertad de expresión y de prensa, lo que lo convierte en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, sobre todo por la violencia extrema contra el ejercicio del periodismo y la impunidad de sus actores intelectuales y materiales, sin perjuicio de la falta de avances en la prevención o castigo de este tipo de delitos de parte del Estado que exhibe una apatía espantosa ante estas agresiones. La Relatoría Especial de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha declarado que “es imprescindible que el Estado hondureño demuestre con acciones concretas e investigaciones efectivas su compromiso en la prevención de estos crímenes, la protección de los periodistas en riesgo y la lucha contra la impunidad de los asesinatos reportados", resaltando la "ausencia de avances significativos" en la investigaciones de estos asesinatos. La presión internacional de organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha logrado que el Estado hondureño se comprometa a luchar contra la impunidad y a proteger a los periodistas, inclusive ofreciendo crear equipos especiales para investigar los asesinatos de periodistas, sin embargo hasta el momento esas ofertas no se han materializado. Este año las radios comunitarias recibieron las mayores amenazas. También destacan el cierre del acceso que tenían los periodistas a una oficina pública, una denegatoria de información pública por parte del Congreso Nacional, una determinación judicial que ordena a una Alcaldía entregar la información pública y una amenaza a un defensor de los derechos humanos. Entre los hechos más preocupantes se destaca el asesinato de cinco periodistas este año y varias agresiones cometidas contra medios y comunicadores. El 27 de abril Arnulfo Aguilar denunció haber sido perseguido por hombres armados hasta su vivienda ubicada en la ciudad de San Pedro Sula, a la que intentaron ingresar por el muro pero no les fue posible gracias a la presencia y al apoyo de sus vecinos. Aguilar, que labora para Radio Uno, es beneficiario de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y está vinculado al Frente de Resistencia Popular de Honduras. El 23 de mayo Manuel Acosta Medina sufrió un atentado en la ciudad de Tegucigalpa. El ingeniero Medina es Gerente General del diario La Tribuna, editado en la capital hondureña. A esta fecha aún no se han interpuesto acciones judiciales contra los responsables. En el hecho Medina recibió cuatro impactos de bala y sobrevivió gracias a una oportuna intervención médica. El 10 de mayo fue asesinado Héctor Francisco Medina Polanco, de 36 años. Era productor y conductor del noticiero por cable TV9 transmitido por Omega Visión en Morazán, departamento de Yoro. A pocas cuadras de su vivienda, el periodista fue alcanzado por desconocidos que también se trasladaban en motocicleta, hiriéndolo con tres tiros en la espalda y uno en un brazo. Fue trasladado a un hospital de San Pedro Sula donde falleció al día siguiente. El 19 de mayo fue asesinado Luis Ernesto Mendoza Cerrato, de 38 años, un empresario que estaba ligado a negocios de medios de comunicación, caficultura y bienes raíces fue asesinado en la ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso. Tres hombres encapuchados que se conducían en un turismo con fusiles AK-47, pistolas 9 milímetros y otro tipo de armas. A pesar de las hipótesis policiales, sus parientes denunciaron que la muerte de Mendoza Cerrato proviene de sus actividades como comunicador y de denuncias efectuadas contra algunas entidades públicas. El 4 de julio fue asesinado Adán Benítez, de 42 años, era reportero de las cadenas de televisión locales “45TV” y “Tele Ceiba Canal 7”. Murió tiroteado en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, después de que le robaran sus objetos de valor. Ese día, cerca de las 6:30 de la tarde, fue interceptado por dos desconocidos que le dispararon cuando luego de concluir su día de trabajo se dirigía hacia su vivienda. El 14 de julio fue asesinado Nery Jeremías Orellana, de 26 años. Era director de la cadena “Radio Joconguera”, en la ciudad de Candelaria, en el departamento de Lempira. La emisora es parte de la Red Alternativa de Radios Comunitarias, militante del Frente de Resistencia Popular de Honduras. El 8 de septiembre fue asesinado a tiros Medardo Flores, en la ciudad de Puerto Cortés cuando regresaba de una finca de su propiedad en la noche. Flores trabajaba para Radio Uno de San Pedro Sula y era encargado de finanzas del opositor Frente Amplio de Resistencia. El 8 de octubre, el grupo televisivo TELEUNSA amplió su denuncia por el retardo de justicia, sobre todo la falta de resolución de los recursos legales interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia por la confiscación del Canal 8. Asimismo, el grupo denunció denegación de justicia en los casos de interferencia de las frecuencias de sus otros dos canales de televisión de parte de un operador privado y de la no inclusión de los mismos de parte de un operador de cable a pesar que la ley los obliga a ello. Todo carece de respuesta de parte de las autoridades correspondientes, especialmente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y del Ministerio Público, que aún no sancionan ni proceden contra los responsables de estas infracciones.

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