Perú

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Este período, marcado por una prolongada y turbulenta campaña política, un creciente clima de intolerancia frente a la fiscalización de la prensa, evidenciada por el asesinato de tres periodistas en un periodo de tan sólo tres meses, nos deja un balance negativo en materia de la defensa de las libertades de expresión y de prensa.

A partir de abril, durante el periodo que precedió en las semanas subsiguientes a la ceremonia de cambio de mando de gobierno, a finales de julio y a la fecha en que el candidato electo en segunda vuelta electoral, Ollanta Humala Tasso asumió la Presidencia, la prensa se ubicó entre dos frentes.

Por un lado, se registró un vertiginoso aumento de casos de violenta hostilidad, amenazas de muerte, agresiones físicas y verbales, acoso judicial y amedrentamiento contra periodista y medios de comunicación, en diversas regiones del país.

Durante este periodo y ajenos al contexto electoral, tres periodistas fueron asesinados, mientras la impunidad en los casos de crímenes contra periodistas se mantiene incólume.

El 3 de mayo de Julio Castillo Narváez, conductor del noticiero Ollantay, que trasmite radio Ollantay en la ciudad de Virú, departamento de La Libertad, falleció luego de que desconocidos le dispararon mientras almorzaba en un restaurante local. Castillo Narváez, era un arduo crítico de la gestión de autoridades locales, provinciales y regionales. Según informes, venía recibiendo amenazas de muerte, tanto veladas como frontales, que recrudecieron en días recientes, a raíz de la difusión de denuncias sobre irregularidades supuestamente cometidas desde el entorno del gobierno regional de La Libertad y el peligro inherente a la proliferación de delincuentes comunes en la zona.

El 6 de septiembre, Pedro Alonso Flores Silva, director del programa informativo Visión Agraria, que transmite canal 6, en Casma, región Ancash, fue asesinado por un hombre encapuchado que le disparó dos balazos, ocasionándole heridas severas. Falleció en la mañana del jueves 8 de septiembre. El 17 de septiembre, alrededor de veinte efectivos policiales capturaron, en la ciudad de Casma, al delincuente conocido como “El Viejo”, quien habría sido quien planeó el crimen. El sujeto habría contratado al sicario identificado como Emilio Siriaco Agreda, de veintiún años, para que amedrentara a Flores Silva, pero a éste al parecer se habría excedido, asesinándolo.

El 14 de septiembre, José Luis Oquendo Reyes, conductor del programa Sin Fronteras, que transmite BTV Canal 45, dirigente de construcción civil fue asesinado por dos tres desconocidos en la Urbanización Rosedal. El periodista murió a causa de las heridas que comprometieron sus órganos internos antes de recibir atención médica.

El Juzgado de Investigación Preparatoria del distrito de Pueblo Nuevo dispuso la detención preventiva de Teobaldo Gilberto Fajardo Ormeño, tras el pedido formulado por el Ministerio Público por ser uno de los presuntos responsables de la muerte del periodista

Por otro lado, en mayo sucedieron dos casos que ilustran la intolerancia durante el proceso electoral.

El 6 de mayo, Jaime de Althaus, conductor del programa La Hora N, que transmite Canal N, fue agredido en circunstancia que se disponía a retirarse del canal cuando casi un centenar de personas que participaba en una manifestación convocada a través de las redes sociales, simpatizantes del partido Gana Perú, afines al candidato Ollanta Humala, rodeó su automóvil impidiéndole transitar. A pesar de la aparente participación de sus seguidores, el partido político Gana Perú condenó el acto. Días más tarde, el 11 de mayo, el periodista denunció haber sido víctima de amenazas de muerte vía telefónica.

Ese mismo día, César Lévano, periodista y Arturo Belaúnde, director y presidente del directorio del diario La Primera, denunciaron que un desconocido entregó en el diario, dos coronas fúnebres, portando tarjetas suscritas –falsamente-- por el Consejo de la Prensa Peruana y el IPYS- Instituto de Prensa y Sociedad. El diario La Primera atribuyó el hecho a un intento de escarmiento por la línea editorial de apoyo la candidatura presidencial de Ollanta Humala.

También contribuyó a la polarización de la sociedad, el inusitado y antagónico protagonismo que tuvieron muchos medios y periodistas respecto a la agenda electoral.

Algunos medios fueron acusados de desinformar al público en el afán de favorecer a un candidato y de mantener una cobertura electoral desequilibrada.

Al efecto, diversos periodistas denunciaron que fueron censurados, presionados y desvinculados de sus medios por negarse a tomar partido por el candidato de elección de los directivos y propietarios de sus centros de labores.

Entre los casos mencionados, figura la denuncia de desvinculación de la Productora General de Noticias, Patricia Montero y del Productor del Noticiero “De 6 a 9,”José Jara, los dos del Canal N. Los representantes de la empresa del referido canal de noticias por cable manifestaron que las desvinculaciones fueron el resultado de cambios realizados en la producción del canal. Se justificaron por el nombramiento del Sr. Fabricio Torres del Águila como director periodístico de Canal N.

Posteriormente, se desató una polémica por la no renovación del contrato a la periodista Rosa Maria Palacios, conductora de Prensa Libre, uno de los programas políticos más antiguos del país, transmitido por América Televisión. Diversos sectores periodísticos opinaron que en la práctica, constituía una censura hacia la periodista. Voceros del canal informaron que en consideración al vencimiento del vínculo contractual de la Sra. Palacios se optó por la decisión de reestructurar su programación de pantalla.

En provincias también registramos diversos casos. Entre éstos las denuncias de presiones y censuras que llevaron a que renuncien a sus respectivos trabajos, los conductores de los noticieros que transmite radio Líder en Arequipa, Federico Rosado, Jesús Coa y Jorge Álvarez; en Huancayo, por el reportero del magazín dominical Parada 4, que transmite la filial de América TV José Alberto Soriano, así como por Yuri Castro Sánchez comentarista programa Réplica, en el departamento de La Libertad a quien directivos de radio Diplomat invitaron a retirarse temporalmente del programa . Finalmente, en región Huánuco, el periodista Elvis Italo Guillermo alertó que era objeto de amenazas de muerte luego de la clausura de su programa canal 4 JSV, y Walter Altamirano Vásquez, denunció que su programa Palabra viva, radio La Caribeña, Jaén, Cajamarca fue cancelado por razones políticas.

En julio, también llamó la atención la irracional interpretación que dieron diversos Jurados Electorales Especiales a la legislación electoral en materia de difusión de encuestas y la publicación de las fichas técnicas de cada sondeo, aprobada por el Jurado Nacional de Elecciones en diciembre del 2010. Cabe recordar que procesos electorales pasados, cuando los medios acordaron publicar un resumen integral de cada encuesta en sus ediciones de papel y las extensas fichas técnicas en sus portales electrónicos,

Por ello, se generó gran preocupación cuando por lo menos diez diarios, La Razón, Gestión, Correo, El Comercio, Perú.21, Trome, La Nación, Expreso, La República, Extra, El Popular y Del País habían sido citados por la Policía Nacional del Perú y notificados por el Ministerio Público por denuncias relacionadas con infracciones al reglamento electoral. Entre estas, el caso de La Razón, ameritan especial atención ya que, no obstante que la publicación de la ficha técnica no configurado un delito penal, su director Uri Ben Schmuel fue denunciado por delito de resistencia a la autoridad, tipificado en el artículo 368° del Código Penal.

Si bien a raíz de las gestiones ante la presidencia del JNE realizadas por el Consejo de la Prensa Peruana la autoridad electoral aceptó validar la publicación de la ficha técnica en fechas posteriores al límite máximo establecido y según informes, a fines del mes de septiembre quedaban pocos casos por resolver, esta situación dejó en evidencia que la normativa electoral requiere de una revisión y reformulación.

Llamó la atención la condena de prisión suspendida por dos años, contra el director del diario Perú 21, Sr. Fritz Dubois y a su corresponsal en la ciudad de Arequipa, por una de sus columnas de opinión, al referirse a una supuesta inconducta de una candidata al congreso en la elecciones de 2011.

El periodista Paul Garay Ramírez , director y conductor del programa Polémica de Visión 47 TV y del programa La Voz del Pueblo de radio La Exitosa, fue querellado por el Fiscal Superior de Pucallpa, Dr. Agustín López Cruz, quien lo acusó que entre los meses de noviembre y diciembre del 2010, lo difamó con frases lesivas, como: “Que he escuchado que los fiscales provinciales viene a hacer plata a Pucallpa”, y también lo llamó “enano erótico” o “persona indeseable”.

Mediante sentencia del 19 de abril del 2011, Jesús Morote Mescua, juez del 2do. Juzgado Penal de la Provincia de Coronel Portillo condenó al periodista Garay Ramírez a tres años de pena privativa de la libertad efectiva y al pago de S/. 3,500.00 por concepto de reparación civil. Esta sentencia colisiona con la jurisprudencia peruana que, ante casos de difamación en primera instancia condenatorios, establecen sentencias de prisión suspendidas, o no efectivas ni privativas de libertad. Desde entonces se encuentra detenido. El 11 de julio fue traslado desde Pucallpa al Penal Potracancha, en el departamento de Huánuco a pedido del director del Penal de Pucallpa, bajo el argumento que no existían condiciones de seguridad. Finalmente, por orden de la 3era Sala Penal con Reos de Lima, el 13 de julio fue trasladado al Penal Castro Castro, ubicado en la ciudad de Lima para que declare como testigo en el juicio contra el ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta, por el asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández en el 2004, en la ciudad de Pucallpa. El 15 de Julio Paul Garay rindió su testimonial y a la fecha continúa detenido en el Penal Castro Castro.

En abril, durante el Foro: Los Candidatos Presidenciales y la Libertad de Expresión en el Perú, organizado por el IPYS y el Consejo de la Prensa, Ollanta Humala afirmó que “en ningún momento” ha planteado tomar acciones judiciales contra algún medio de comunicación: “Mi conducta ha sido en estos casos la de no procesar, a pesar de haber sido víctima de estas actitudes que ustedes señalan como “demoledoras””. Aclaró que “Si bien el Presidente en casos extremos podría recurrir al Poder Judicial, entendemos que no sería lo más adecuado ya que su poder es mayor que el medio o la persona que lo critica”.

Igualmente, el entonces candidato de Gana Perú declaró respecto a la distribución de licencias para medios electrónicos, un tema que se instaló con fuerza en el debate. “El rol del Estado en la transición de la televisión analógica a la digital es el de garantizar una reparto equitativo de las nuevas frecuencias y la transparencia, precisión y claridad en la entrega de frecuencias evitando la partidización y politización.(...) Todo procedimiento y decisión en cuanto al otorgamiento de licencias deberá ser supervisado por un organismo regulador independiente, donde destaque la participación de los gobiernos regionales, de la sociedad civil, los periodistas, los propietarios de los medios y el Estado.”

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