República Dominicana

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El secuestro y asesinato de un editor de revista y productor de televisión, en agosto, y varios casos de amenazas e interferencias al trabajo de los periodistas han empañado el clima de libertad de prensa que ha venido predominando en el país en los últimos años. El 2 de agosto, individuos armados que luego fueron identificados como miembros del llamado "Cartel del Este" de las drogas, secuestraron y ejecutaron a balazos al periodista José Agustín Silvestre, editor de la revista La Voz de la Verdad, que se publicaba en La Romana, en un hecho que se atribuyó a la lucha entre dos grupos que se disputan el control del narcotráfico en esa zona. Las autoridades esclarecieron con prontitud ese crimen, apresando a los autores materiales e identificando a Matías Avelino Castro como el presunto autor intelectual, quien todavía se encuentra prófugo. El periodista José Silvestre se caracterizó por sus denuncias sobre las operaciones de los narcotraficantes en la zona este. En la víspera de su crimen había anunciado que daría a conocer en la próxima edición a los presuntos culpables de un doble asesinato ocurrido en La Romana. El Ministerio Público informó que esta persona recibía dinero de narcotraficantes. Semanas antes, el comunicador había sido encarcelado por orden de un tribunal luego de una demanda por difamación e injuria en su contra, interpuesta por el fiscal de La Romana, que le imputó estar en contubernio con gentes ligadas al narcotráfico. De los cinco detenidos, uno murió en la cárcel en circunstancias que hasta el momento de este informe no han sido aclaradas. En septiembre, un tribunal dominicano falló una causa de amparo a favor de la investigadora periodística Nuria Piera, ordenando al actual Superintendente de Seguros y alto dirigente del partido de gobierno, Euclides Gutiérrez Félix, que se abstuviera de proseguir un intento por someterla ante la justicia, junto a las empresas comerciales que patrocinan su programa, bajo la acusación de difamación e injuria. El tribunal ordenó al funcionario que se disculpara ante los anunciantes por el acto de intimación que interpuso contra ellos, ya que en ninguna ley vigente se reconoce el principio de la complicidad o solidaridad de terceros por delitos de este tipo. El caso, sin embargo, abrió un amplio debate sobre la libertad de prensa, a partir de la denuncia formal de un numeroso grupo de periodistas en el sentido de que altos funcionarios del Gobierno estaban presionando a distintos medios de comunicación para impedir que se publicaran críticas contra distintas decisiones gubernamentales. No obstante, los principales diarios editorializaron sobre el tema, negando esas presiones y certificando la existencia de un clima de respeto general a la libertad de prensa. En San Diego, se denunció sobre quejas de varios periodistas independientes que enfrentaron amenazas o interferencias por parte de ciudadanos y de algunos agentes de la Policía mientras cumplían sus obligaciones en la cobertura de juicios, en protestas populares o en otras actividades públicas. Entretanto, los medios de comunicación siguen a la espera de que el Congreso Nacional trate cinco nuevos códigos sobre las comunicaciones y probables enmiendas a la Ley de Acceso a la Información Pública que podrían afectar el nivel de restricciones a informaciones o datos que se consideran de seguridad nacional.

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