Uruguay

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Señales de alarma sonaron sobre una libertad de prensa que se venía respetando en forma inobjetable cuando el presidente José Mujica se molestó con los medios uruguayos por la forma en que tratan la crónica roja y les planteó a los presidentes de las empresas públicas la posibilidad de suspender la publicidad oficial. “¿Qué pasa si se reduce la publicidad oficial durante un mes?”, preguntó Mujica en una reunión con los directores de esas empresas según informó la prensa. El mandatario señaló que el periodismo no está “colaborando” en la tarea de concientizar a los jóvenes y formuló la propuesta para enviar una señal de advertencia a la prensa. El tema de la inseguridad ciudadana y el auge del delito es altamente crítico en la sociedad, que a instancias de la oposición y contra la expresa voluntad del gobierno se encuentra en plena campaña de recolección de firmas para modificar la Constitución y por esta vía rebajar la edad de imputabilidad de los menores de 18 a 16 años. El Presidente se refirió a la posibilidad de “premiar un poco con la propaganda oficial” a aquel medio que no privilegie el rating que genera la crónica policial y apueste a otros temas. Su esposa, Lucía Topolansky, primera senadora del partido de gobierno, acusó a la prensa de buscar impedir la existencia de entendimientos en la sociedad, mientras que el vicepresidente Danilo Astori habló de la necesidad de “jerarquizar la información que refiere a cosas muy buenas que está teniendo Uruguay y que pasan desapercibidas”. A partir de la segunda quincena de agosto el tema bajó de decibeles. Hasta ahora no se adoptó ninguna medida concreta, aunque el viceministro de Industria anunció que existe un borrador de ley de medios y será entregado a la Presidencia a fin de año. Los nuevos planteos del presidente Mujica marcaron un alejamiento con lo expresado el año pasado a la revista Veja, donde asumió que “la mejor ley de prensa es la que no existe” y que los gobernantes "deben soportar" las críticas porque, apuntó, "si reaccionan pierden dos veces porque serán atacados de nuevo". El mismo concepto lo manejó luego con La Nación de Buenos Aires, cuando señaló “que si me traen una ley de medios va a la papelera”. En materia de publicidad oficial, la telefónica estatal Antel —que tiene el monopolio de la telefonía fija y funciona en sistema de libre competencia en el mercado de los celulares con su marca Ancel, frente a Movistar y Claro— declaró reservada toda la información relativa a la asignación de publicidad. Desde distintos medios se ha informado que gastará 19 millones de dólares durante el año 2011 —una cifra importante para el medio uruguayo— pero se negó a divulgar la información solicitada por el periodista David Rabinovich, amparándose en que le puede reportar “pérdidas de ventajas competitivas”. Lo cierto es que en ningún momento se le solicitó a Antel que revele las estrategias de marketing que desarrolla sino, simplemente, que informe con qué criterios y qué monto total es asignado a cada medio. En el país rige la Ley de Acceso a la Información Pública y su decreto reglamentario que exigen a los organismos públicos demostrar que el daño que puede sufrir (en este caso una pérdida de ventajas competitivas) el organismo público, es mayor al daño que recibe la ciudadanía al verse privada de información de interés público. El 22 de julio el presidente Mujica convocó a los titulares de todas las empresas públicas, molesto por lo que considera un “exagerado” manejo de la crónica policial por algunos medios de comunicación, sobre todo la televisión. El 30 de julio Mujica habló que los medios “no deben hacerse los distraídos” y que el manejo de la crónica roja “puede ser excelente en materia de audiencia, pero si hay que decir algo que no trae mucho rating, tal vez a ese medio lo tengamos que premiar un poco con la propaganda oficial, si le toca perder por ello". El 4 de agosto, la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (más conocida por su sigla ANDEBU), entidad que nuclea a los empresarios de radio y televisión manifestó su "sorpresa y preocupación" ante el planteo, lo que constituiría un "mecanismo destinado a ejercer influencia sobre la información". Ese día, Mujica declaró, refiriéndose a las emisoras de radio y televisión, que “usufructúan una propiedad pública” y que “hay derecho a pedirles algo”. Reiteró que la publicidad oficial se puede emplear “para ayudar a compensar en parte las pérdidas de los canales que opten por otro estilo de cobertura informativa a la actual”. El 5 de agosto el Secretario de la Presidencia Dr. Alberto Breccia informó que en el curso de una reunión el ministro de Economía, Fernando Lorenzo había recomendado “cortar el gasto” como forma de enfrentarse a una eventual situación de crisis económica. Agregó que ante las palabras del Ministro, el Presidente sugirió como primera medida reducir la publicidad oficial en los medios de comunicación. “Se trata de una medida de ahorro, una política de gasto público”, que de ningún modo intenta “castigar” a los medios, remarcó el jerarca.

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