Venezuela

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La libertad de prensa se desenvuelve en un clima de censura y en un contexto de violencia e inseguridad que sufren todos los ciudadanos. El grupo de opinión venezolano Movimiento 2D sintetizó el problema de la manera siguiente: “Los Muertos durante el mes de agosto en Venezuela alcanzaron cifras mayores que las reportadas por países en guerra. Más de 550 en 30 días. La delincuencia es la primera preocupación de los venezolanos. El crimen y el riesgo cotidiano de la muerte, de los asaltos, de los secuestros, de los asesinatos, mantiene a la población en una especie de estado de sitio que ha alterado sus hábitos, sus costumbres, sus vidas”. En ese clima de inseguridad fue asesinado el periodista Wilfred Ojeda, quien fue encontrado maniatado con un disparo en la cabeza en una calle del estado Aragua. Las autoridades dijeron que el periodista, columnista del diario El Clarín de la Victoria, fue asesinado por causas ajenas a su profesión. La inseguridad maneja números que asombran, una verdad que no es fácil descubrir debido a que a altos jefes policiales y a comisarios se les prohibió declarar a la prensa sobre el tema hace siete años. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, 15 millones de armas circulan en el país, de ellas, entre cinco y seis millones de manera ilegal, pues la población siente que la Policía no les protege. Este organismo también señaló que el 2010 cerró con casi 17 mil 600 muertos en hechos violentos; por acciones del hampa, enfrentamientos con la Policía u otros. Algunos medios independientes siguen sin acceso a fuentes claves. Son fallidos los intentos por conocer la realidad que se vive, se le niegan y se le ocultan datos reveladores. Sólo llegan a la población cifras “intachables” de las instituciones sobre los principales problemas. El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) acusó al estado de asfixiar a los medios independientes con mecanismos de censura indirecta. “Usan la publicidad oficial para castigar y premiar, abren procesos intimidatorios así no lleguen a nada o compran medios con capitales afectos al Gobierno”. En cuanto a esto último el CNP Zulia, denunció que la empresa Zuvisión cerró sus puertas y dejó en la calle a más de cincuenta trabajadores. “Lo más preocupante –dijo- es que este espacio fue adquirido por grupos afectos al Gobierno que ya también habían comprado la mayoría accionaria de Tele N, ahora llamada Coquivacoa” La conflagración es constante, así como la apertura de procesos judiciales y la intimidación con cierres. La SIP a través de su presidente, denunció el abuso cometido por el Gobierno al “trabar la distribución del semanario Sexto Poder, porque cercena el derecho a la información de todos los venezolanos”. Así mismo exigió al Gobierno devolverle plenos derechos a la publicación y liberar a la directora del medio Dinorah Girón”. La periodista fue detenida y el periódico cerrado temporalmente, por publicar en una tapa a varias representantes de los poderes del Estado en una caricatura. La prohibición impuesta por un juez al diario El Nacional de publicar imágenes de hechos violentos sigue vigente. También el director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, espera por las sanciones judiciales y aplicación de la Ley Resorte contra el programa La Hojilla y su conductor, que trasmite el canal del Estado, por indecente y atentar contra el oficio de informar. De igual manera la televisora Globovisión continúa amenazada con siete procesos judiciales abiertos y su presidente Guillermo Zuloaga obligado al exilio. Permanecen fuera del país y con procesos judiciales abiertos; Rafael Poleo, director de la revista Zeta y el periódico El Nuevo País y la periodista Patricia Poleo. La red social se ha convertido en un nuevo escenario para el cruce de acusaciones y reproches y de hasta una incipiente actividad de 'hackers' defensores del gobierno. En Venezuela "la descalificación del contrario” que antes “era promovida y mostrada en los medios tradicionales, migró ahora a internet", explicó a la AFP el coordinador de comunicación y redes del centro de investigación Gumilla, Luis Carlos Díaz. Piratas informáticos intervinieron una decena de cuentas de Twitter y correos electrónicos de opositores venezolanos entre ellos las del ex rector del Poder Electoral Eduardo Semtei, el escritor y periodista Leonardo Padrón, la periodista Berenice Gómez. El humorista Laureano Márquez y el conductor del programa Radar de los Barrios, Jesús Torrealba; también recibieron “lo suyo” en sus cuentas en la red social. También fue hackeada la cuenta del ex embajador Julio César Pineda y la de la directora de la ONG Control Ciudadano Rocío San Miguel. Tras haber sido hackeadas sus cuentas, Leonardo Padrón y Berenice Gómez denunciaron delitos informáticos en su contra ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), pero hasta ahora no han recibido respuesta. No se ataca o supervisa la proliferación de emisoras ilegales, las que por su carácter de clandestinidad no pagan ningún tipo de impuestos, interfieren señales, ofenden; siempre al margen de la Ley. La propagación de las radios ilegales es tal, que en todo el país suman más de mil, según denunció Enza Carbone, presidenta de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión. Mientras todo esto sucede, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos aún espera la aprobación del Estado para visitar el país. Carlos Correa, presidente de la organización Espacio Público, ha dicho que hay un incremento en el patrón de censura y violaciones a la libertad de expresión. De esto, fue responsable en 81 por ciento, las instituciones el Estado divididos de la siguiente forma: Cuerpos de Seguridad 38,9 por ciento; funcionarios públicos 14,6 por ciento y Poder Judicial 13, 6 por ciento. La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) reclamó el regreso de la señal abierta y la devolución de los equipos expropiados por el Gobierno de Venezuela, hace cuatro años, a Radio Caracas Televisión. Pidió también la devolución de las 32 emisoras de radio cuyas concesiones fueron clausuradas. Otros hechos relevantes en este período: El 5 de mayo fueron amenazadas por las FAN, y declarados “objetivos militares” tres periodistas y la directora de la ONG, Control Ciudadano Rocío San Miguel. El 6 de mayo el reportero Yonny Camacho exigió a la Fiscalía investigar a Polibarinas por agredir a reporteros en plenas funciones. El 18 de mayo funcionarios de la Alcaldía del municipio Libertador, ocuparon y bloquearon las instalaciones del taller del diario El Nuevo País. EL 20 de mayo la Fiscalía acusó al semanario 6to. Poder de “Delito Informático”, por publicar fotos del Contralor General de la República postrado en una cama. El 28 de mayo el alcalde del municipio Pedraza, cerró canal por suscripción, luego que el dueño de dicha empresa lo obligara a cancelar 80 mil bolívares que le adeudaba por nueve meses de servicio. El 11 de junio periodistas del Correo del Caroní fueron agredidos cuando asistieron a recoger incidencias en un acto Judicial. El 17 de junio, Gustavo Ortiz de El Carabobeño fue agredido por la Guardia Nacional cuando reseñaba enfrentamientos y maltratos a familiares de reos en la cárcel del Rodeo. El 20 de junio Globovisión exigió igualdad en acceso en el servicio de CANTV satelital y criticó que se favorezca a emisoras afectas al Chavecismo y sumisas. El 27 de junio el ministro Andrés Izarra acusó a los medios privados de mentir sobre la salud del presidente Hugo Chávez. Mientras tanto, la diputada oficialista Cilia Flores, en rueda de prensa no respondió a los periodistas sus inquietudes sobre la salud del Presidente. Gritó a la periodista de El Nacional, Marú Morales y a Josselyn Torres de NotiTarde y las llamó “Cara de Vampiras” “Tienen patas de Gallo”. El 30 de junio CONATEL inició procedimiento en contra de Globovisión (séptimo expediente), por generar zozobra durante la cobertura por la crisis en cárcel El Rodeo. El 6 de julio la directiva de la televisora regional (Zulia), Zuvisión cerró afectando a 50 trabajadores, entre periodistas, camarógrafos, técnicos y personal obrero. El Colegio Nacional de Periodistas rechazó la acción repentina y denunció que el canal fue arrendado por un grupo chavecista. El 6 de julio el conductor del programa “La Hojilla”, hizo consideraciones sobre la muerte de su guardaespaldas y cegado de ira, negó que la chica que transportaba el motorizado fuese su cocinera. Usó expresiones grotescas reiterativas los días 6, 8 y 11 de julio contra el editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, y el honor de su familia. El 14 de julio un grupo de sujetos encapuchado entró al canal Anzoátegui TV en Barcelona y robó los equipos técnicos del control máster, sacando la señal del aire. El 14 de julio el director de El Nacional, introdujo una querella en contra del conductor del programa “La Hojilla” por atentar contra la decencia y el oficio de informar. Además lo demandó por difamación y exigió a CONATEL que aplique a VTV (televisora del estado) la Ley Resorte, pues en uno de sus programas se incita al odio. El 31 de julio la televisora Vive, ubicada en Maracaibo, estado Zulia, fue atacada. Una camioneta pasó a gran velocidad y efectuó varios disparos, hiriendo a dos personas. El 1 de agosto el periodista Carlos Sánchez de Radio Fe y Alegría en Maracaibo, fue raptado por cuatro sujetos desconocidos, quienes lo despojaron de sus pertenencias. Los delincuentes en el camino le insistieron sobre la necesidad de cambiar la línea editorial de la emisora. El 3 de agosto el Colegio Nacional de Periodistas condenó el uso de medios públicos, concretamente de la Asamblea Nacional, para atacar a la colega Sara Díaz (El Universal) por el hecho de reseñar el momento en el que un grupo de ciudadanos acusaba al diputado Pedro Lander (PSUV) de agredir a un indigente. El 13 de agosto el Tribunal Supremo de Justicia rechazó ordenarle al Gobierno devolverle la señal 102.3 FM al circuito Belfort. EL 21 de agosto la directora general del semanario Sexto Poder, Dinorah Girón, fue detenida por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La aprehensión se produjo por la portada que publicó el medio impreso, con caricatura de mujeres del Poder Público; mientras se prohibió la edición, circulación y distribución del rotativo Sexto Poder. El tribunal otorgó libertad con régimen de presentación cada 15 días a la periodista Girón, pero fue acusada de instigación al odio, vilipendio y ofensa por razones de género, al igual que al editor del semanario, Leocenis García. El 23 de septiembre, poco después que se revocara la prohibición de circulación a Sexto Poder, el periodista Leocenis García se entregó en la sede del Core 3 de la Guardia Nacional, en el estado Zulia y fue trasladado a Caracas donde permanece detenido. El 2 de septiembre el Tribunal 9° de Control de Caracas, a cargo de la jueza Denisse Bocanegra, ratificó la detención preventiva de García.

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