Argentina

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El clima que ha afectado a la prensa en años recientes continúa deteriorándose. Los bloqueos sufridos por diarios porteños y del interior del país, las presiones ejercidas por integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo sobre la Justicia en torno al caso Clarín y la muerte del periodista Nicolás Pacheco constituyen tres de los más graves ataques sufridos por el periodismo en este período. Pero el mayor embate de los últimos tiempos lo configura el boicot publicitario que amenaza la supervivencia de varios diarios argentinos. El 29 de octubre, miembros del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas bloquearon las plantas impresoras de una decena de diarios de la ciudad de Buenos Aires, impidiendo la circulación de más de medio millón de ejemplares. Un mes más tarde, el diario El Día, de La Plata, sufrió un bloqueo que obstruyó la circulación de sus ejemplares.

La Justicia ha señalado que el derecho a manifestarse debe subordinarse al derecho de los ciudadanos a informarse. Las fuerzas policiales y las autoridades, respondieron con inacción y silencio ante estos atropellos. El 7 de diciembre, fecha dispuesta por la Corte Suprema de Justicia para la finalización de la medida cautelar que impedía la aplicación de ciertos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Grupo Clarín, fue precedida por múltiples presiones, discursos amenazantes y resoluciones intempestivas vinculadas a un aparente intento de evitar un pronunciamiento judicial adverso al Gobierno. En las semanas y días previos al denominado “7D”, el oficialismo montó una intensa campaña mediática en medios públicos y privados contra Clarín. La mayoría oficialista en el Congreso sancionó expeditivamente la figura del per saltum para esquivar instancias judiciales inferiores. Hubo una sugestiva designación de conjueces para llenar vacancias, se intentó recusar a miembros de la oposición integrantes del órgano que propone futuros jueces y renunciaron o se excusaron magistrados de primera y segunda instancia que debían fallar sobre el caso, algunos de ellos alegando violencia moral. "Si esto es presionar a la Justicia, bienvenida la presión", afirmó un senador oficialista a propósito del proyecto de ley para reglamentar el recurso de per saltum. El 5 de diciembre, el ministro de Justicia afirmó que una prórroga de la medida cautelar vigente significaría “un alzamiento” contra una ley de la Nación. Ese día, el Gobierno nacional recusó a todos los miembros de la Cámara Civil y Comercial Federal que debían pronunciarse sobre la causa. Al día siguiente, en una inédita declaración pública, la Comisión de Independencia Judicial, la Asociación de Magistrados, la Federación Argentina de Magistrados y la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires le solicitaron al Poder Ejecutivo que no se inmiscuya en áreas propias del Poder Judicial. Horas más tarde, la Cámara Civil y Comercial prorrogó la medida cautelar. Siete días más tarde, el juez de primera instancia de la causa se pronunció sobre el fondo del caso, a través de un fallo sugestivamente expeditivo, con argumentos controvertidos, dictaminando la constitucionalidad de los artículos cuestionados por Clarín. El grupo periodístico apeló la sentencia y aguarda el fallo de la Cámara, a la que el Jefe de Gabinete descalificó en un discurso público. Tanto los representantes del Gobierno como los de Clarín coinciden en que será la Corte Suprema la que definirá el pleito. Una comisión de la SIP estuvo presente en Buenos Aires, en la primera semana de diciembre, y advirtió que lo que se ponía en juego no eran intereses económicos y empresariales sino la vigencia de la libertad de expresión. La aplicación selectiva de la “Ley de Medios”, la falta de transparencia en su ejecución, los incumplimientos oficiales a algunas de sus disposiciones y las fallas en su aplicación indican que la utiliza con el objetivo de silenciar voces críticas. Una de las primeras actuaciones de la Defensoría del Público, órgano previsto por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de funcionamiento reciente, fue gestionar ante Radio Nacional la investigación periodística de los efectos que podría acarrear para la salud de la población la utilización de un compuesto químico en transformadores eléctricos emplazados en la provincia de Jujuy. El caso resulta preocupante porque configura una intromisión del Estado en contenidos periodísticos. A principios de enero, la Auditoría General de la Nación, órgano encargado del control externo de la Administración pública, dio a conocer un informe sobre el uso de 2.320 millones de pesos (unos 460 millones de dólares) destinados a la pauta oficial entre 2007 y 2010. El informe apunta que, en 2009, el 59% de la inversión publicitaria del Estado nacional se concentró en cinco medios de un universo de 365 y que la distribución no tuvo relación con los niveles de audiencia de los mismos. En ese año, un medio con una tirada diez veces inferior a la de uno de sus competidores, recibió más del doble de pauta oficial.

Los datos de la Oficina Nacional de Presupuesto indican que durante 2012 se emplearon más de 1.400 millones de dólares en el área de comunicaciones. Más de la cuarta parte de esa cifra se destinó a Fútbol para Todos, el programa que estatizó las transmisiones televisivas de las competencias futbolísticas y que tiene al Estado como anunciante casi exclusivo, y a la publicidad oficial, que sigue distribuyéndose de manera discrecional, sin tener en cuenta los niveles de audiencia ni las limitaciones al uso proselitista de esos recursos. Alrededor de 180 millones de dólares se destinaron al mantenimiento de los medios públicos, que siguen albergando programas que desacreditan sistemáticamente al periodismo no alineado al Gobierno.

El uso discrecional de recursos públicos y las intimidaciones a través de funcionarios u órganos de control han impulsado una serie de ventas de medios, compras por parte de contratistas del Estado y cambios en sus líneas editoriales. Numerosos despidos y renuncias de periodistas se produjeron en los últimos meses a raíz de estos cambios.

El acceso periodístico a fuentes oficiales y a datos sobre la gestión estatal sigue siendo limitado. La presidenta Cristina de Kirchner continúa sin brindar conferencias de prensa y utilizando la cadena nacional con fines no previstos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Corte Suprema de Justicia estableció, en fallos recientes, que la pauta oficial no puede emplearse para premiar o castigar a medios por su línea editorial y que toda persona tiene derecho a conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios se desempeñan. Leyes que regulen el acceso a la información y la distribución de la publicidad oficial continúan pendientes.

Entre los periodistas que sufrieron agresiones físicas, mientras desempeñaban tareas periodísticas y dentro del período de análisis, puede mencionarse a Pablo Procopio, del diario La Capital, cuyo automóvil recibió un impacto de bala mientras cubría un piquete de vecinos en la ciudad de Rosario; Néstor Dib, del canal C5N, golpeado en la movilización popular denominada “8N” en Buenos Aires; José Escudero, de Canal 12 de Córdoba, herido por una piedra en una manifestación; Rodrigo Saliva, de la señal TodoNoticias, cuyo auto fue destruido mientras cubría saqueos que se produjeron en la ciudad de Bariloche; Julieta Elgul, de Canal 7, herida por una bala de goma por la Policía Metropolitana en una protesta que tuvo lugar en Buenos Aires; Sergio Villegas, de FM Dimensión, quien fue amenazado y atacado con bombas de estruendo durante una marcha en la provincia de Santa Cruz; Oscar Di Vincenzi, del diario PerteneSer de Alberti (Provincia de Buenos Aires), rociado con agroquímicos por un fumigador; Sebastián Granata, del diario Rosario 12, quien fue expulsado violentamente de una reunión de la Federación Agraria en Rosario; y Mario Fedorischak, del diario Primera Edición, golpeado por la policía de la provincia de Misiones mientras cubría un procedimiento policial. El periodista Adrián Subelza del diario Crónica de Buenos Aires, fue agredido después de haber investigado y publicado la mala praxis y muerte de Celeste Abigail Morales Becerra, de sólo siete años, en el hospital Malvinas Argentinas. Subelza, junto a otros periodistas, fueron atacados por unos 60 fornidas personas violentamente con patadas y hasta arrojando gas pimienta. Fueron amenazados o agredidos verbalmente Tomás Eliaschev, de Revista 23 (Buenos Aires); Marcelo Blasco, del semanario La Palabra de Lobos (Provincia de Buenos Aires); Javier Rivarola, de FM Radio 21 de Caleta Olivia (Santa Cruz); y Daniel Polaczinski, periodista de FM Radio U, de la localidad misionera de Aristóbulo del Valle. En la tercera semana de enero, en la vía pública porteña y en las de algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires, aparecieron numerosos afiches injuriosos que sugerían que el periodista Jorge Lanata había modificado su labor periodística por una cuestión económica. A principios de febrero, Nelson Castro fue invitado a retirarse por el dueño de un bar porteño, quien le señaló que allí era “persona no grata”. No solamente los periodistas sino la sociedad toda sufre un clima nutrido por discursos confrontativos e intimidantes que generan temor, irritación y polarización. Ricardo Darín, por ejemplo, fue destinatario de una carta de la presidenta de la Nación, difundida en una red social, a raíz de expresiones del actor reproducidas en una revista. Las cuentas de Twitter y Facebook de muchos funcionarios públicos de alta jerarquía suelen estar pobladas de descalificaciones contra medios o ciudadanos comunes que cuestionan algún aspecto de su gestión. En lo referido a demandas de funcionarios contra periodistas por sus investigaciones, merecen resaltarse las promovidas por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos contra Luis Majul y Matías Longoni, reclamándoles una indemnización de 1.337.167 pesos, equivalentes a aproximadamente 270.000 dólares, a cada uno.

El caso más grave, entre los ataques a periodistas en el último semestre, fue la muerte de Nicolás Pacheco, conductor de “Racing o nada”, programa que se emite por Radio Cadena Eco. Su cuerpo fue hallado sin vida, el pasado 24 de enero, en la pileta de la sede del club porteño Racing. La ausencia de agua en los pulmones y los traumatismos hallados en su cabeza y en su tórax consolidan la hipótesis de que se trató de un homicidio, aunque todavía no hay avances relevantes en el esclarecimiento del hecho.

Las amenazas contra los principales anunciantes de la prensa para que retiren sus avisos comerciales de ciertos medios merecen un tratamiento destacado por su extraordinaria gravedad. A partir del 7 de febrero, buena parte de las mayores cadenas de supermercados y electrodomésticos de nuestro país suspendieron los avisos que tenían pautados en medios de la ciudad de Buenos Aires y de algunas ciudades del interior del país. Directivos de esas cadenas manifestaron que la decisión derivaba de exigencias verbales del secretario de Comercio Interior y que se relacionaba con recientes disposiciones sobre congelamiento de precios. Esta presión sobre los anunciantes, que tiene efecto sobre los empresarios por temor a ser inspeccionados por los organismos tributarios o a perder la posibilidad de importar insumos o productos, configura una variante de la censura y una vulneración del derecho de los consumidores a conocer el precio o las ofertas de los productos que pretenden adquirir. También constituye uno de los perjuicios más graves que ha sufrido la prensa independiente en su viabilidad económica. Los diarios La Nación y Perfil ya han perdido entre un 15% y un 20% de su facturación publicitaria dentro del período en que se ejecuta el boicot. Clarín ha pasado de tener 264 páginas de avisos de las empresas de ese sector durante el mes de enero a 61 en febrero. Se estima que el impacto anualizado configuraría una pérdida de 70 millones de dólares para los diarios. La desaparición intempestiva de estos anunciantes atenta contra el equilibrio económico de las empresas periodísticas que la sufren. En los últimos días, el boicot ha sumado nuevos protagonistas. La empresa Telefónica levantó toda la pauta publicitaria anual de La Nación y los medios del Grupo Clarín. Sin autonomía económica no hay independencia editorial. En un contexto en el que el mapa mediático cambia vertiginosamente por la venta de canales y radios a quienes hacen grandes negocios con el Estado y por la cooptación de empresas periodísticas a través de la pauta oficial, las voces que pretenden expresarse con libertad corren el riesgo de apagarse definitivamente.

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