Argentina II

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CONSIDERANDO que la Justicia de la Argentina se encuentra analizando la constitucionalidad de la ley de medios ante la denuncia de que algunos de sus artículos vulnerarían derechos constitucionales, entre ellos la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y el principio de no retroactividad de la ley, entre otras garantías fundamentales CONSIDERANDO que el Gobierno argentino viene ejerciendo una fuerte campaña de presiones y deslegitimaciones contra toda instancia judicial que interviene en dicha causa, con el ánimo de afectar su independencia y lograr un fallo afín a sus intereses CONSIDERANDO que el Gobierno argentino muestra distintos estándares a la hora de aplicar la ley de medios, llevando a la firme sospecha de que tanto la misma letra de la ley, como su aplicación, apuntan a avanzar sólo contra los medios independientes, manteniendo una actitud laxa y permisiva con los medios cercanos a la línea oficial CONSIDERANDO que esta aplicación selectiva se inscribe en un proceso sistemático de censura indirecta ejercido por el Gobierno argentino, y que incluye la distribución arbitraria de la publicidad oficial, el uso de oficinas estatales como herramientas de persecución o intimidación, el manejo selectivo de la información pública y el uso propagandístico de los medios públicos CONSIDERANDO que estas actitudes vulneran el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica y los principios de la Declaración de Chapultepec CONSIDERANDO que el principio 1 de la Declaración de Chapultepec establece: ´´No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo´´ LA REUNION DE MEDIO ANO DE LA SIP RESUELVE instar a los funcionarios del Gobierno Argentino a respetar en los hechos y en las declaraciones públicas las decisiones de la Justicia que mantienen suspendidos artículos de la ley de medios mientras se analiza la constitucionalidad de la norma exhortar al Gobierno argentino a evitar la interpretación y aplicación selectiva de esa y otras normas legales, utilizadas como sistema de premios y castigos, con el fin de silenciar voces y consolidar un cada vez más grande aparato de comunicación oficial solicitar al Poder Ejecutivo de la Argentina que cese las presiones directas a la Justicia en temáticas vinculadas a la actividad de los medios de comunicación, lo que contraría la división de poderes y pone en riesgo el rol del Poder Judicial como garantía de los derechos constitucionales.

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