Canadá

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La capacidad para acceder a la información pública se ha deteriorado marcadamente y es necesario reformar las leyes que rigen ese derecho.

“El sistema se encuentra en una profunda crisis y sin esas reformas urgentes podría dejar de funcionar dentro de poco,” declaró en enero un informe emitido por Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión (Canadian Journalists for Free Expression — CJFE).

El informe decía que la Ley de Acceso a la Información del Canadá no ha evitado las crecientes demoras de las agencias oficiales para entregar documentos, eliminando cada vez más información aduciendo razones de seguridad nacional, y una expansión general del secreto en el gobierno.

Otra organización canadiense que aboga por la libertad de expresión, el Comité canadiense por la libertad mundial de prensa (Canadian Committee for World Press Freedom - CCWPF), añadió su voz al reto que se le hace al gobierno federal para que "desmantele su cultura del secreto" reformando la ley. Hizo este llamado en un informe a 10 páginas titulado "Convertir el acceso en la regla y el secreto en la excepción."

Las quejas sobre la forma como los funcionarios no están cumpliendo la ley actual incluyeron el hecho de que la liberación de la información solicitada a menudo se tarda mucho más de los 30 días que ordena la ley, para desventaja de los periodistas que trabajan con fechas límite, y el hecho de que los funcionarios no lleven un registro de sus actividades, por ejemplo, al no levantar actas de sus reuniones.

La Comisionada para la Información del Canadá, Suzanne Legault, ha anunciado que su oficina llevará a cabo una profunda revisión de la ley.

En meses recientes, el Tribunal Supremo de la Nación ha oído cinco casos sobre derechos de los medios de comunicación en los cuales se pone a prueba la libertad de prensa.

Uno de ellos tenía que ver con la apelación programada por The Globe and Mail sobre una acción en Quebec mediante la cual a uno de sus reporteros, Daniel Leblanc, se le ha ordenado divulgar una fuente confidencial para sus informes sobre un presunto escándalo de patrocinio federal. En una acción separada, se pidió al Tribunal Supremo que determinara si los periodistas tienen el derecho de proteger a las fuentes confidenciales contra investigadores policiales. Otros dos casos podrían llevar a una nueva redacción de la ley que rige la calumnia y la difamación. El quinto caso que se ventilará ante el Tribunal Supremo pide a los jueces que consideren la eliminación de lo que se ha visto como una prohibición automática de publicar información relacionada con las audiencias sobre fianzas.

El único periódico estudiantil del Canadá, The Gazette, alegó que sus ejemplares comenzaron a desaparecer de los puestos de revistas y el personal del periódico con sede en Ontario estaba siendo expulsado de sus oficinas para dar paso a una sala de oración interconfesional. El periódico llamó a estas acciones "un ataque contra la libertad de expresión en el campus universitario", perpetrado por el Consejo Estudiantil de la Universidad.

En noviembre, el Toronto Star se unió a otros periódicos angloparlantes del Canadá para anunciar que este año comenzará a cobrar a sus lectores por acceder a su contenido en línea. The Globe and Mail ingresó al campo de las suscripciones digitales en octubre. Cuatro periódicos de propiedad de Postmedia Network, una compañía de medios con sede en Toronto, han tenido este tipo de muro de pago en funcionamiento desde agosto del año pasado.

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