Colombia

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Permanentes se han vuelto las amenazas a periodistas y medios de comunicación de manera especial en zonas como la Costa Atlántica y algunas regiones de Antioquia. Asimismo, las acciones judiciales se utilizan como método de intimidación o censura, mientras que el Poder Legislativo sigue presentando proyectos de ley que interfieren con la libertad de expresión.

Desde la iniciación de los diálogos de paz entre el gobierno y las Farc en La Habana, aumentaron las acciones bélicas en la zona del Cauca y en los departamentos ubicados al oriente del país como Norte de Santander, Arauca, Guaviare y Putumayo, lo cual genera un aumento en las situaciones de riesgo para los periodistas.

A partir de 2012, Colombia cuenta con el Índice de libertad de expresión y acceso a la información pública. Se trata de una herramienta cuantitativa, desarrollada por el Proyecto Antonio Nariño - PAN, una alianza interinstitucional para la promoción de la libertad de expresión y el acceso a la información. Sus socios son: Andiarios, Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y Fescol.

A través de 42 variables este Índice ofrece un diagnóstico sobre las dificultades para informar, diferenciado por temáticas y las 32 regiones del país. Tiene cuatro dimensiones: Acceso a la Información, Ambiente para la libertad de expresión y el acceso a la información, Agresiones Directas e Impunidad. La estructura del Índice divide los resultados en éstos cuatro temas de análisis y cada uno recibe una puntuación de 0 a 100, siendo 100 la mejor calificación.

En la primera edición del Índice PAN, en el que se estudió sobre Acceso a la Información, Agresiones Directas, Impunidad y Ambiente para la Libertad de Expresión, Colombia obtuvo 50 puntos, en una escala de 0 a 100. El resultado de la dimensión Impunidad fue un factor que incidió considerablemente en este promedio, ya que obtuvo la calificación más baja: 12 puntos; Acceso a la Información, obtuvo 38 puntos. Agresiones Directas fue la mejor evaluada con 74,8 puntos, debido al cambio de las formas de agresión, el país pasó de asesinar a periodistas a atemorizarlos a través de agresiones no letales o con demandas por injuria y calumnia, entre otros métodos.

En este año 2013 prescriben seis casos de periodistas asesinados en 1993. Entre ellos el del director de La Opinión de Cúcuta, Eustorgio Colmenares Baptista, muerto el 12 de marzo y a quien la SIP le otorgó el Premio Libertad de Prensa en forma póstuma en octubre de ese año.

La investigación no arrojó resultados relevantes en cuanto a los autores materiales ni intelectuales, a pesar de que el grupo subversivo ELN se atribuyó el hecho mediante un comunicado días después del homicidio. Dos personas acusadas como autores materiales fueron absueltas en enero de 2001.

El crimen permanece en la impunidad total después de 20 años, al igual que el 87% de los 139 asesinatos de periodistas ocurridos en Colombia desde 1977, según datos de la Flip.

Se ha solicitado al Fiscal General de Colombia que declare el hecho como crimen de lesa humanidad para evitar su cierre definitivo. A mediados de febrero concluyeron las audiencias de acusación y defensa en el caso de Orlando Sierra, subdirector de La Patria de Manizales asesinado en el 2002. El 10 de diciembre el Juzgado Penal del Circuito de Pereira concedió libertad por vencimiento de términos a Henry Calle Obando, uno de los acusados por el homicidio, quien a pesar de ello sigue vinculado al caso.

Los acusados son Ferney Tapasco, por ser el presunto autor intelectual del asesinato. También se sindica a Henry Calle Obando y a los hermanos Gabriel Jaime, Jorge Hernando y Fabio López Escobar, que trabajaban con el dirigente liberal. El caso está pendiente del fallo.

Desde hace varios años vienen en aumento las amenazas contra periodistas y medios. Las autoridades toman nota de ellas, se refuerzan los sistemas de protección en algunos de los casos, pero por lo general no hay conclusiones respecto a los autores, ya sean grupos de bandas paramilitares, narcotráfico, subversión o delincuencia común.

Es también notorio el incremento de acciones judiciales, algunas veces por parte de funcionarios de distintas ramas del poder público, con las que se pretende intimidar o censurar a medios, periodistas y columnistas. Ejemplo de ello es el caso de Luis Agustín González, quien fue condenado por una columna de opinión y cuya definición está en casación en la Corte Suprema de Justicia. A fin de febrero, la Contralora General de la República, Sandra Morelli, en nombre de su hijo y de algunos vecinos, puso una acción de tutela contra el reportero Iván Serrano y la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco, quien además como columnista del diario El Espectador, habían divulgado una querella interpuesta por un grupo de vecinos sobre ruidos excesivos desde la residencia de la alta funcionaria. Entre otras peticiones en la acción de tutela de Morelli, se impide a El Espectador y Noticias Uno dar información al respecto en el futuro. La acción será conocida por un juez civil del circuito de Bogotá.

La Flip produjo a comienzos del año un informe sobre el estado de esta en Colombia, llamado “De las balas a los expedientes”, en el que se relata el incremento de las acciones judiciales contra periodistas, columnistas y medios como método de intimidación o censura, muchas veces liderados por funcionarios públicos o por particulares que “voluntariamente” se involucran en asuntos de interés general.

En Colombia, según la Flip, 139 periodistas han sido asesinados desde 1977, de los cuales solo 17 casos han terminado en sentencia condenatoria. Hay 67 periodistas recibiendo protección especial por parte del gobierno, tarea en la cual se gastan aproximadamente trece mil millones de pesos al año. Hay 55 procesos sin información oficial sobre el estado de las investigaciones.

En enero, una sentencia de la Corte Constitucional estableció que es legítimo que el Estado haga publicidad en medios electrónicos y no en los impresos.

La Corte Constitucional concluyó que el Estado puede suprimir la obligación de acudir a medios impresos para dar publicidad a los procesos de contratación estatal, como lo prevé el Decreto-Ley Antitrámites en varios de sus artículos. Para el alto tribunal, el reemplazar esa práctica por la simple publicación en medios electrónicos no contraría la Carta Política. Bajo estos presupuestos, la Sala Plena declaró exequibles los artículos 59, 60, 61, 62, 218, 222, 223 y 224 del Decreto-Ley 019 del 2012, pues considera que se ajustan a las atribuciones extraordinarias conferidas por la Ley 1474 del 2011. “El tribunal constitucional entiende que es deber del Derecho regular las actividades de la administración de conformidad con los avances tecnológicos, siempre y cuando ello no vaya en detrimento de los derechos de los administrados”, sostuvo la Corte, al tiempo que destacó que se trata de una medida que hace más eficiente y menos costoso el deber de las instituciones de poner en conocimiento público sus procesos de contratación.

La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1520 del 2012, que contenía los compromisos de Colombia en materia de propiedad intelectual adquiridos en virtud del TLC negociado con Estados Unidos. Esta norma penalizaba hasta con ocho años de cárcel la exportación de reproducciones de obras protegidas sin la aprobación del titular de los derechos, extendía de 50 a 70 años la protección de los derechos de titularidad de las obras y reducía del 50 % al 30 % los porcentajes de producción de televisión nacional durante los fines de semana y festivos.

Con dos votos a favor y cinco en contra, la Corte Constitucional derogó los artículos 13 y 14 de la ley 1520 de 2012, también conocida como Ley Lleras, porque limitaba el acceso a los contenidos en la web, restringiendo la libertad de expresión.

Esta decisión se produjo tras una demanda del senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, quien considera que estos dos artículos restringen el acceso a la información libre y gratuita en internet y vulneran, sin justificación, los derechos de los internautas para divulgar y acceder a los contenidos en la web. Además, el senador del Polo consideró que esta ley beneficiaba a las empresas que compran los derechos patrimoniales de autores y artistas, vulnerando los derechos de quienes crean las obras.

Se tramitan en el Congreso varios proyectos de ley que imponen a los periódicos y otros medios, obligaciones y prohibiciones relacionadas con divulgación de contenidos informativos y publicitarios.

El proyecto de ley No. 167 de 2012 Cámara “Por el cual se expide el Código Electoral y se dictan otras disposiciones”, establece restricciones relacionadas con la divulgación de información, con la publicación de resultados de encuestas y de propaganda electoral.

La iniciativa establece, para todos los medios de comunicación social, la “obligación de contribuir al fortalecimiento de la democracia y garantizar durante la campaña electoral el pluralismo, el equilibrio informativo, la imparcialidad y el trato equitativo en la divulgación de las propuestas programáticas de los partidos, movimientos, agrupaciones políticas y candidatos o listas que participan en las campañas”. Esta obligación, que actualmente rige solamente para los medios que hacen uso del espectro electromagnético (bien del Estado) y no para los periódicos (que no usan bien público alguno) es, respecto de estos, inconstitucional y afecta la autonomía editorial.

A su vez el artículo 133 prohíbe los programas de opinión que promocionen o apoyen a candidatos, partidos o movimientos políticos, o una determinada opción en mecanismos de participación ciudadana; establece también que durante la jornada electoral los medios sólo podrán suministrar información sobre el número de personas que emitieron su voto, señalando la identificación de las correspondientes mesas de votación, y dispone que después del cierre de votación los medios de comunicación social sólo podrán suministrar información sobre resultados electorales provenientes de las autoridades electorales.

Reduce a dos meses el término durante el cual puede realizarse propaganda electoral en los medios, incluyendo los periódicos. Hoy ese término es de 60 días hábiles que equivale a casi tres meses.

El artículo 67 prohíbe la divulgación de encuestas electorales o sondeos de opinión durante los ocho días anteriores a la fecha de toda votación. Actualmente esta limitación sólo rige para las elecciones presidenciales durante la semana anterior.

El proyecto de Ley No. 73 /12 en el Senado impone a los medios de comunicación la obligación de divulgar información relacionada con los derechos y libertades de las personas mayores, así como su bienestar social y su salud física y mental y les prohíbe transmitir mensajes discriminatorios contra el adulto mayor.

El proyecto de Ley No 052 de 2012 en la Cámara establece un sistema de monitoreo de medios en cada departamento de Colombia, con el fin de “prevenir que informaciones, patrones o campañas comerciales contribuyan o favorezcan cualquier forma de discriminación o maltrato contra las niñas y mujeres, a fin de propiciar la erradicación de tales eventos.”

El proyecto de Ley No. 53 de 2012 en el Senado impone a los medios la obligación de vincularse al proceso de formulación, desarrollo e implementación de la “política pública nacional de parques”, garantizando una amplia y efectiva difusión, divulgación y promoción de sus objetivos, Estrategias, Planes y Programas, tanto a nivel nacional como local.”

El proyecto de Ley 246 de 2012 en el Senado, 145 de 2012 en la Cámara, establece que “se debe publicar en los medios la valoración de los esfuerzos deportivos en materia de fútbol femenino, dándole el merecido reconocimiento y otorgándoles estímulos”.

El proyecto de ley No 69/12 en el Senado prohíbe “a los medios de comunicación televisivos, escritos, radiales, virtuales y páginas web que operan en el territorio colombiano prestar servicios de clasificados, realizar propagandas, presentar programas, concursos u ofrecer servicios donde se haga insinuación explícita o implícita de servicios sexuales y aquellos que guarden relación directa, so pena de ser multados de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y retirados o censurados los actos prohibidos.”

Este proyecto impone además a los medios la obligación de realizar campañas de prevención o impacto sobre el flagelo de la prostitución.

El proyecto de Ley 202 de 2012 en la Cámara, por el cual se expide el Código de Policía, prohíbe realizar las siguientes actividades por considerar que afectan la integridad de los niños y adolescentes: “Permitir o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar las telecomunicaciones, publicaciones y documentos para acceder a material pornográfico o con contenido de clasificación para mayores de 18 años” y facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar o alquilar a niños, niñas o adolescentes material pornográfico “o con contenido de clasificación para mayores de 18 años”. Esta disposición facultaría a las autoridades de policía para clasificar como “contenidos para mayores de 18 años” algunos periódicos y revistas, es decir, las facultaría para ejercer censura de contenidos. El proyecto de Código contempla, además, fuertes restricciones en el uso del espacio público que podría afectar la distribución y venta de periódicos, y prohíbe realizar publicidad de cualquier tipo (incluyendo avisos clasificados) alusiva a la prostitución.

Se tramitan otros proyectos de ley que generan preocupación por sus efectos negativos para los periódicos y/o la actividad periodística:

El proyecto de Ley No 18 de 2012 en el Senado elimina la prescripción especial de 30 años, consagrada en la Ley No. 1426 de 2010, para los delitos de homicidio, tortura, desaparición forzada, cuando la víctima es periodista, miembro de una organización sindical o defensor de Derechos Humanos. En octubre se radicó una proposición para eliminar dicha norma pero aún no ha sido votada.

El proyecto de Ley No. 156 de 2011 en el Senado contiene disposiciones en materia de acceso a la información pública, pero algunas generan preocupación para el ejercicio del periodismo, como son la censura de la información, documentos, bases de datos y contratos relacionados con defensa y seguridad nacional, orden público y relaciones internacionales.

Se tramitan varios proyectos de ley relacionados con tercerización de servicios, ventas en el espacio público y transporte de mercancías que podrían afectar las actividades de distribución y venta de los periódicos.

Como aspectos positivos para destacar durante la legislatura que concluyó en diciembre cabe mencionar la modificación del artículo 481 del Estatuto Tributario en virtud de la cual se otorgó a los periódicos el carácter de bienes exentos de IVA; y la eliminación del artículo 7º del Proyecto de Ley No. 254 de 2012 en el Senado que prohibía la publicidad de bebidas alcohólicas durante el “día sin alcohol”.

Otros hechos destacados en el período

La periodista Jineth Bedoya de la sección judicial de El Tiempo recibió en enero una nueva amenaza para que deje de publicar sus denuncias.

El 26 de enero los equipos periodísticos de Teleantioquia, Telemedellín, Noticias RCN y Caracol Noticias, fueron amenazados cuando cubrían el sepelio de un joven víctima de la violencia en el barrio Villa Turbay de la ciudad de Medellín. Durante las exequias varios hombres se les acercaron a exigirle que no grabaran más. Los periodistas se retiraron de la zona.

Al día siguiente se presentó una situación similar en el barrio Los Alcázares de la Comuna 8, donde fue amenazado un reportero de Noticias Teleantioquia por un individuo que lo conminó a salir del lugar. “Si vuelve por acá, ya sabe lo que le pasa”. El noticiero decidió dejar de cubrir las noticias de las comunas 8 y 13 en lo referente a orden público, hasta que existan suficientes garantías.

El 29 de enero de forma inusual, un individuo compró toda la edición del periódico El Meridiano de Sucre, enviada al municipio de Majagual (Costa Atlántica). La acción tenía por objeto que no se conociera una denuncia que publicaba el diario ese día sobre el transporte de materiales de construcción en una ambulancia de esa localidad. La denuncia había sido formulada por un concejal de la localidad quien aportó fotografías del suceso.

El periodista sucreño Guillermo Quiroz falleció en una clínica de Sincelejo ocho días después de un confuso incidente el 20 de noviembre de 2012 mientras cubría una protesta de la comunidad contra la petrolera Pacific Rubiales. Fue hospitalizado a consecuencia de politraumatismos de cráneo, sufridos al caer de un vehículo en donde uniformados lo conducían al municipio de Corozal, luego de haberle inmovilizado su motocicleta por no tener los documentos en regla.

La versión de la policía es que el reportero, de 31 años y que trabajaba para la cadena Notisabanas y el diario El Meridiano, agredió a uno de los agentes y se lanzó de ese vehículo, lo que le provocó graves heridas que después causaron su muerte. Esta versión fue desmentida por el periodista hasta el último momento en que estuvo consciente, afirmando haber sufrido agresiones físicas y verbales, además de haber sido lanzado del carro en movimiento en su forcejeo con uniformados. La investigación no arrojó resultados todavía.

A mediados de febrero, a raíz de la liberación de dos policías que estaban secuestrados por las Farc en el departamento del Cauca, se manifestó gran inconformismo entre los periodistas de diversos medios, que se presentaron al sitio señalado por la comisión encargada de recibirlos encabezada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y Colombianos y Colombianas por la Paz, lo cual ocasionó la suspensión de las operaciones de rescate. Estas se reanudaron posteriormente permitiendo un cubrimiento exclusivo de los periodistas de Telesur. Estas preferencias hacia la cadena venezolana, que se ha repetido en todas las liberaciones de secuestrados en Colombia, generó un pronunciamiento de los medios locales, quienes consideran discriminatoria tal preferencia.

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