Ecuador

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Luego del triunfo electoral del Movimiento Alianza País de febrero del 2013, con el que el presidente Rafael Correa fue reelecto y su partido alcanzó la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional al tener más de dos tercios de sus votos, se prevé la consolidación del cambio del modelo político.

Este cambio incluye, entre sus aspectos fundamentales, un nuevo enfoque sobre la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo; básicamente sobre estos ejes:

- Nuevos requisitos y condiciones para el trabajo de los periodistas y empresas editoras a través de la inminente Ley de Comunicación.

- Desarrollo de la idea de que es incongruente que empresas privadas garanticen el derecho público de la expresión y el acceso a la información. Este concepto es promovido por el presidente Correa en foros internacionales, desde donde convoca a adhesiones.

Con esta visión el gobierno promueve a nivel internacional reformas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Básicamente busca cambios presupuestarios que reducen los recursos de la Relatoría de Libertad de Expresión en beneficio de otras áreas de trabajo, el uso de medidas cautelares, el origen de los fondos con los que se financia y el paso de la sede de Washington a Panamá debido a que EE.UU. no ha ratificado el Pacto de San José.

Según el gobierno estos cambios fortalecen la CIDH. En oposición, voces críticas advierten que tales reformas debilitan el sistema en perjuicio de las personas y en beneficio de los gobiernos.

El marco legal inicia con la Constitución, que dispone la existencia de una ley de comunicación con un Consejo de Regulación de los medios que tiene la facultad de definir la prevalencia de contenidos, sancionar mensajes discriminatorios y ordenar a los medios la publicación de rectificaciones, entre otras atribuciones.

La función Ejecutiva es la principal promotora de los cambios y además mantiene un discurso sumamente hostil en contra de medios, periodistas y de quienes se constituyen críticos fuertes. Es constante el uso de recursos públicos y cadenas de radio y televisión para replicar a políticos, periodistas y activistas en general.

En octubre el presidente Correa advirtió con despedir a los funcionarios públicos que entreguen información a los asambleístas ya que considera que únicamente el presidente de la Asamblea Nacional debe hacer esos requerimientos. La justicia desestimó la apelación que Fundamedios y la Universidad Católica presentaron ante la decisión presidencial.

Los funcionarios de gobierno son renuentes a entregar información que es solicitada por ciudadanos y periodistas a pesar de que existe la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Al inicio del año y de la campaña electoral el presidente Correa anunció el incremento de alrededor del 70 por ciento del sueldo de los periodistas mientras que el de otras actividades fue del nueve por ciento. Ante la protesta de los medios, en especial de los regionales, el gobierno anunció el estudio de un subsidio para financiar a esos medios y a los periodistas afectados.

El sueldo de un periodista profesional pasó a 817 dólares, que con otros beneficios laborales supera los mil. La medida se dio luego de que los representantes de los medios de comunicación no asistieron a las reuniones para "negociar" las alzas anuales. Diego Cornejo, representante de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, sostiene que no fue convocado. Ante la protesta de los medios de comunicación, en especial de los regionales y más pequeños, el mandatario pidió a la Secretaría Nacional de Comunicación que estudie la creación de un subsidio para esos medios y periodistas.

La función Judicial ha emitido fallos atentatorios contra la Constitución y los tratados internacionales, como disposiciones de publicar rectificaciones a los diarios La Hora y El Universo.

En el caso de La Hora, se dispuso publicar media página con una rectificación del gobierno y una disculpa pública en portada por haber mostrado datos de la ONG Participación Ciudadana sobre los gastos de publicidad del gobierno que, a decir del Secretario de Comunicación, no son ciertos.

A El Universo se lo obligó a publicar una carta de respaldo de un gremio de ingenieros para el entonces candidato, y ahora vicepresidente electo Jorge Glas, ante denuncias de que plagió su tesis de grado; el periódico se negó inicialmente debido a que, según su interpretación, ese aviso requería de la autorización del Consejo Nacional Electoral, ya que estaba dentro de los días de campaña.

En decenas de casos los jueces están solicitando a los medios los nombres de los periodistas que redactan las noticias, los materiales sin editar y hasta las notas sin publicar.

La justicia también desestimó dos demandas por injurias en contra de comunicadores.

Hay varias sentencias por delitos de injurias y terrorismo que los opositores consideran que son persecución política y que se está criminalizando la protesta social.

El ex legislador opositor Fernando Balda fue sentenciado a dos años de prisión por el delito de injurias tras el juicio que le siguió Oscar Herrera, funcionario del Ejecutivo. También fue sentenciado a un año de prisión por el delito de poner en riesgo la seguridad del Estado luego de un juicio pedido por el Ejecutivo.

Los diez implicados en el caso Luluncoto fueron sentenciados a un año de prisión por el delito de sabotaje y terrorismo. El caso inició en diciembre del 2011 cuando explotaron bombas panfletarias en Quito y Cuenca con mensajes en contra de la visita del presidente de Colombia a Ecuador.

Ante la falta de una ley que regule la materia, la Superintendencia de Compañías emite resoluciones y reglamentos para normar la disposición constitucional que acentúa las limitaciones societarias hasta lograr que los accionistas que posean más del 6% de las acciones de una empresa de comunicación de “carácter nacional”, sus directivos y sus familiares y parientes directos no tengan otra actividad económica adicional que la de los medios. A través de una resolución de octubre normó que las empresas que tengan medios que circulen en provincias que totalicen más del 30% de la población del país, son considerados como de “carácter nacional”.

La función Electoral es la encargada de llevar a cabo los procesos electorales en base al Código de la Democracia, que atenta contra las libertades. Según esta ley, el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único contratante de la publicidad electoral con los medios. Para esto desarrolla un proceso previo de calificación de las empresas de medios y de sus tarifas. El dinero para contratar la publicidad procede del Estado y sirve para pautar publicidad en los medios según las instrucciones de los candidatos.

El CNE debe autorizar toda publicidad que en Ecuador se difunda y pueda dar o quitar votos a los candidatos durante el proceso electoral. Esto incluye los mensajes de las instituciones públicas, empresas y fundaciones privadas y cualquier ciudadano o grupo.

Durante el proceso electoral de enero y febrero, el CNE vetó varios anuncios por considerarlos ofensivos en contra de otros candidatos. Prohibió avisos del gobernante Alianza País por tratar de utilizar imágenes del gobierno. Multó a un candidato por regalar cosas, como colchones, refrigeradoras, ventiladores, a los electores. Abrió un expediente contra un postulante por comentarios homofóbicos. Advirtió con imponer multas de entre 50.000 y 100.000 dólares a los medios que no guarden equidad en la publicación de información sobre los candidatos y sobre el cierre de campaña.

A pesar de estar vigente el artículo del Código de la Democracia que prohíbe a los medios publicar noticias que puedan afectar positiva o negativamente a los candidatos durante la campaña, hasta la fecha no se reporta ninguna censura oficial, pero sí un “autocontrol” o “autocensura” por parte de los periodistas.

El semestre registra varios hechos en internet. Entre ellos: diario La Hora suspendió los comentarios de sus lectores. La cuenta de Twitter de la organización Fundamedios fue suspendida durante una semana sin explicaciones. Varios sitios web, cuyos editores no han sido plenamente identificados, con información crítica al gobierno fueron bloqueados.

El canal Youtube de Emilio Palacio, ex editor de Opinión de diario El Universo, fue suspendido temporalmente cuando colgó el documental llamado “Retrato de un padre de la patria”. La suspensión se dio luego de que el estudio jurídico español Ares Rights lo solicitara por la utilización inconsulta de imágenes de la estatal Ecuador TV.

Uno de los líderes de la oposición, Salvador Quishpe, enjuició al estatal El Telégrafo por supuesto “daño espiritual” y le pide una indemnización de cinco millones de dólares.

Los periodistas desarrollan su trabajo frente a un sinnúmero de agresiones pequeñas y medianas, que van desde insultos, prohibiciones de coberturas y hasta la suspensión de programas, como es el caso del periodista Andrés Carrión, a quien la radio para la que laboraba le notificó la suspensión de su espacio sin mayor explicación y cuatro días luego de entrevistar al autor de un polémico documental.

El canal Ecuavisa fue impedido de transmitir en vivo el juicio por asesinato que enfrentó el legislador Galo Lara y del que fue absuelto.

La estación Red Televisión Sucúa sufrió un ataque físico que destrozó parte de sus instalaciones.

Continúa y se extiende a nivel de los gobiernos locales la práctica de usar la publicidad y el acceso a la información pública como premio o castigo.

Un spot de televisión de la marca Rival fue retirada del aire por orden del Consejo Nacional de Telecomunicaciones al considerarla sexista y discriminatoria contra la mujer. Esta facultad está contemplada en la ley.

Cronología de los hechos más importantes

El 15 de octubre el diario La Hora suspendió los comentarios de los lectores en su página web, para evitar que se utilizara ese recurso para insultar a las autoridades. Es el segundo medio que toma esta medida. A inicios de octubre lo hizo el diario El Comercio tras un reclamo del gobierno.

El 15 de octubre los espacios de noticias de siete radios de Quito fueron interrumpidos por una cadena dispuesta por el gobierno para atacar a la organización no gubernamental Fundamedios, que había planteado una demanda contra la disposición emitida por el Presidente de la República para que sus ministros no dieran entrevistas a varios medios de comunicación privados.

El 17 de octubre se hizo pública una demanda seguida por María Helena Villareal, exgobernadora de la provincia de Carchi, contra Yaco Martínez, presidente ejecutivo del periódico La Nación, por supuestas injurias calumniosas graves. La demandante pidió una pena de tres a seis meses de prisión por desacato. La audiencia se ha suspendido por varias ocasiones.

El 23 de octubre la periodista Nataly Toledo, del canal Teleamazonas, escribió en su cuenta de Twitter que había sido amenazada de muerte a través de llamadas telefónicas tras haber presentado un reportaje sobre la tenencia de armas y nexos con las pandillas en la ciudad de Guayaquil. La comunicadora presentó la denuncia ante la Fiscalía.

El 24 de octubre el gobierno ordenó a la televisora Ecuavisa que transmitiera dos cadenas nacionales para desmentir una información que el mismo medio había difundido sobre la mala condición de unas casas entregadas por el régimen.

El 25 de octubre se impidió la cobertura periodística de una sesión prevista para recalificar los méritos de los aspirantes a integrar la nueva Corte Constitucional de Ecuador. La comisión designada para seleccionar a los magistrados dispuso que no se permitiera el ingreso de periodistas, a pesar de que el reglamento dispone que las sesiones sean públicas.

El 27 de octubre el presidente Correa descalificó al periodista Gonzalo Rosero, de radio Democracia, de Quito, por haber comentado la obligación del gobierno de rendir cuentas. El mandatario utilizó términos como “enfermo” y “semi ignorante”. Correa hizo este comentario durante un enlace sabatino transmitido por emisoras de radio y televisión de todo el país.

El 29 de octubre la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional aprobó un informe en torno a la publicación de noticias sobre un crédito entregado por el banco Cofiec, administrado por el Estado, al ciudadano argentino Gastón Duzac. Las informaciones vinculan a Duzac con Pedro Delgado, presidente del Banco Central y primo del presidente Correa. El documento de la comisión acusa a los medios y recomienda que se los investigue.

El 31 de octubre la Segunda Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Guayas desechó un recurso de apelación que habían interpuesto los trabajadores de radio Morena FM, de Guayaquil, contra la resolución de no renovarle el contrato de concesión de la frecuencia al medio. La radio es de propiedad de la familia del asambleísta opositor Luis Almeida, quien anunció que tramitará un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional.

Dos nuevas cadenas, ordenadas por la Secretaría Nacional de Comunicación, interrumpieron los programas de noticias de las principales emisoras de radio del país y el canal Ecuavisa, el 6 de noviembre, para descalificar a un jurista y a una asambleísta nacional que emitieron opiniones desfavorables al régimen en torno al financiamiento del bono de desarrollo humano con dineros de la banca privada.

El 8 de noviembre el juez vigésimo primero de lo Civil de Pichincha, Marco Albán, aceptó una acción de protección que pidió el Gobierno y ordenó a diario La Hora la publicación de una rectificación de media página y a ofrecer disculpas a sus lectores por haber presentado información de la ONG Participación Ciudadana sobre los gastos en publicidad oficial. En su sentencia el magistrado considera que el gobierno nacional vio afectados sus "derechos constitucionales a la información veraz y el derecho a la rectificación, previstos en los Art. 18 numeral 1 y 66 numeral 7 de la Constitución, respectivamente, a consecuencia de las publicaciones de Diario La Hora".

El 14 de noviembre La Hora publicó la rectificación en los términos que el juez dispuso. El periódico decidió plantear dos juicios penales contra el magistrado Albán, uno por falsedad ideológica y otro por prevaricato. Una apelación a lo actuado por el juez fue desestimada por la justicia el 15 de enero del 2013. El rotativo anunció que acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 8 de noviembre la Superintendencia de Compañías resolvió que un medio de comunicación es de carácter nacional cuando opera en provincias que sumen el 30 por ciento de la población nacional, ya sea directamente o a través de la unión de varias ediciones o sociedades anónimas relacionadas. Con esto complementa la disposición constitucional que establece que quien tiene más de un 6% de acciones en una empresa de comunicación nacional, es su directivo o sus familiares directos, está prohibido de ejercer otras actividades económicas.

El 9 de noviembre la Secretaría Nacional de Comunicación dispuso la difusión de una cadena de radio para responder al analista internacional Álvaro Vargas Llosa, quien en una entrevista en radio Democracia dijo que Ecuador es uno de los países que menos han crecido económicamente en la región.

El 12 de noviembre el juez temporal segundo de Garantías Penales de la provincia de Sucumbíos, Juan Ronquillo, exigió a los medios Mundo Visión, Lago Sistema, Emisora Local Ecuador y Mega Ecuador que remitieran las grabaciones y material sin editar por un proceso iniciado por un magistrado por entrevistas y notas difundidas por esos medios.

El 24 de noviembre, durante el enlace sabatino en Quito, el presidente Correa rompió por cuarta ocasión un ejemplar de diario El Universo tras hablar de un supuesto linchamiento mediático contra su primo Pedro Delgado, entonces presidente del Banco Central, respecto de la denuncia de un asambleísta que lo acusaba de no tener título profesional. El 20 de diciembre Delgado reconoció que había falsificado el título de economista y viajó a Miami, en donde reside ahora.

El 26 de noviembre el periodista Santiago Villa, director del documental “Rafael Correa: Retrato de un padre de la Patria”, denunció que el gobierno de Ecuador intervino para prohibir la publicación del material que contenía denuncias sobre supuestos nexos del régimen con las FARC. Villa dijo que el canal América TeVe, con sede en Miami, canceló la exhibición del material, lo mismo que el canal RCN Televisión de Colombia, tras presiones por parte de funcionarios del gobierno ecuatoriano. Días después la ONG Fundamedios denunció que el documental había sido retirado dos veces de redes como YouTube y Vimeo.

El 28 de noviembre Juan Alcívar, corresponsal de diario La Hora en el cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo, y periodista de la radio El Nuevo Sol, fue agredido física y verbalmente por parte de la Comisaria Municipal y otros funcionarios de esa dependencia, según denunció. En el año 2010 Alcívar fue investigado porque lo acusaban de haber lanzado una bomba lacrimógena a un recinto donde estaba el presidente Correa. Ha denunciado persecución por parte del alcalde de La Concordia.

El 28 de noviembre el periodista Manuel José Valero, del canal 8 TvAgro de la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, denunció ante la Fiscalía que estaba recibiendo frecuentes llamadas telefónicas en las que se lo amenazaba de muerte y agredía verbalmente. Dijo haber recibido alrededor de 40 llamadas en ocho días, de un mismo número.

El 29 de noviembre el secretario general de Comunicación, Fernando Alvarado, llamó a Villa “sicario de la verdad” y advirtió que la cinta podría desencadenar en responsabilidades legales contra el autor.

El 30 de noviembre el ciudadano Paúl Moreno fue detenido en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, después de haber revelado en su blog personal que había tenido acceso a información personal del presidente Correa en el sistema oficial de registro de Datos Públicos. Lo hizo para probar que el sistema era vulnerable. Fue liberado el 3 de diciembre por un pedido público del mandatario, quien le recomendó, también, que difundiera la información que tuviera de él.

El 9 de diciembre Ángel Arregui, periodista de la televisora Sacha TV, del cantón La Joya de los Sachas, en la provincia de Orellana, denunció que fue secuestrado por desconocidos cuando llegaba a su casa, y llevado a un lugar donde lo golpearon y dejaron abandonado tras decirle que se trataba de un castigo “por meterse con el patrón y no dejar trabajar”. El periodista quedó imposibilitado de laborar por 21 días.

Una cadena, ordenada el 17 de diciembre por la Secretaría de Comunicación, interrumpió el noticiario del canal Ecuavisa durante cuatro minutos para emitir una crítica del presidente Correa contra diario El Universo por no haber dado cobertura a un festival que el ahora mandatario organizó en 1986, cuando era dirigente estudiantil. El hecho había sido mencionado por Correa durante la entrega de los premios Rodolfo Walsh.

El 17 de diciembre dos periodistas corresponsales de diario El Comercio en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, fueron agredidos durante la cobertura de un enfrentamiento entre policías y ciudadanos que querían aplicar la justicia indígena a supuestos delincuentes. Los comunicadores resultaron heridos.

El 18 de diciembre, durante ocho minutos, una cadena dispuesta por la Secretaría Nacional de Comunicación interrumpió los informativos en las televisoras del país para rechazar las versiones de la defensa de 10 jóvenes que fueron detenidos bajo acusaciones de terrorismo hechas por el gobierno, y criticar el trabajo de los medios de comunicación por “victimizar” a los implicados.

El 28 de diciembre un guardia de seguridad amenazó a Santiago Fernández, reportero gráfico de diario La Hora, con lanzarle gas si insistía en tomar fotografías en el hospital público Eugenio Espejo, de Quito. Lo que Fernández cubría era un desmejoramiento de la salud de dos mujeres acusadas de terrorismo por el gobierno y que estaban en huelga de hambre para reclamar su libertad.

El 28 de enero el sitio www.bananaleaks.com salió del aire luego de que publicó una investigación que sostiene que el presidente Correa tiene dos cuentas cifradas en Suiza. Este sitio publicaba casos de índole política, especialmente denuncias que afectaban a sectores cercanos al gobierno.

Durante el proceso electoral desarrollado entre enero y febrero, el Consejo Nacional Electoral tomó varias decisiones que atentan contra la libertad de expresión de la gente. Su argumento principal es que ninguna publicidad debe ofender a alguna persona o grupo de personas. Entre ellas:

- Retiró de los canales de televisión un spot del candidato Alberto Acosta, que contaba, con caricaturas, la historia de un país con un reyecito.

- Retiró de los canales de televisión un spot de televisión, tipo parodia, que resultaba “ofensivo” en contra del candidato Guillermo Lasso.

- Retiró un spot del candidato Mauricio Rodas por considerar que afectaba a la imagen del CNE.

- Suspendió dos publicidades de la Presidencia de la República por el eslogan “Avanzamos Patria”, que, según la entidad, podría ser tomado en cuenta como campaña a favor de Correa.

- Multó con aproximadamente cinco mil dólares al candidato Álvaro Noboa por haber regalado bienes como cocinas, colchones, licuadoras, ventiladores, entre otros, a sus simpatizantes.

- Abrió un expediente en contra del candidato presidencial Gustavo Zavala por comentarios que el CNE considera homofóbicos.

- El 14 de febrero advirtió con imponer multas de entre 50.000 y 100.000 dólares a los medios que publicaran fotos e información sobre el cierre de campaña, que pudiera ayudar o perjudicar a los candidatos. Ante la advertencia, la gran mayoría de diarios optó por no publicar información sobre el cierre y por registrar su inconformidad con el hecho.

El 16 de enero la justicia aceptó el inicio de un juicio penal por injurias que sigue el defensor público Geovanny Salazar Guerrero en contra de Alexandra Heredia, representante legal del canal Sacha Tv. Salazar se siente agraviado porque el canal publicó una nota sobre detenidos por infracciones de tránsito, dentro de la cual se menciona que él fue apresado y el audio dice “presumiblemente por estar con aliento a licor”. El canal hizo su noticia en base a información proporcionada por la Policía. A más de la sanción penal, Salazar pide 500 mil dólares de indemnización.

El 24 de enero el presidente Correa, candidato a la reelección, ordenó a la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) investigar a tres usuarios de Twitter.

El usuario @Felix_macay, supuestamente habría insultado a Correa, además de publicar una infografía sobre los gastos en publicidad de la campaña reeleccionista. "SENAIN: favor investigar a este malcriado que insulta al Presidente con licencia", dijo el mandatario. Por la tarde, la cuenta estaba cerrada.

El 25 de enero, por la noche, reporteros y técnicos del canal Teleamazonas fueron impedidos de transmitir un partido de fútbol entre los equipos Liga de Loja y Deportivo Quito, en medio de la polémica por la cesión de derechos de transmisión. Teleamazonas y otros canales habían comprado los derechos que debían tener vigencia este año, pero la Federación Ecuatoriana de Fútbol los cedió al canal público Ecuador TV, y Gamavisión y TC Televisión, incautados por el Estado. Un informe sobre esto fue avalado por Claudio Rosas, intendente de Control Técnico de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

El 31 de enero el Juez Segundo del Trabajo de la provincia de El Oro negó un recurso de amparo que habían solicitado dos abogados contra la publicación de fotografías de personas fallecidas y heridas en las páginas de crónica roja de los diarios El Correo, La Opinión y El Nacional de la ciudad de Machala.

El 15 de febrero reporteros de medios de las provincias de Manabí, Esmeraldas y Cotopaxi, fueron impedidos de cubrir el sufragio adelantado de los reos en las cárceles.

El 21 de febrero la organización Fundamedios dio a conocer que su cuenta en Twitter fue suspendida sin mayor explicación. El 26 de febrero la cuenta fue reestablecida. La fundación exigió a Twitter una explicación sobre lo sucedido.

El 25 de febrero aproximadamente 500 ejemplares de El Diario (lo que representa aproximadamente un 2% de la circulación diaria), de Portoviejo, fueron apropiados a la fuerza y luego pagados por desconocidos, en el cantón Pedernales, de la provincia de Manabí. Ese día se publicaron dos noticias sobre la localidad, una relacionada a estudiantes que ganaron una beca y otra sobre un operativo policial contra bandas de narcotráfico.






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