El Salvador

Aa
$.-

El aspecto más preocupante para la libertad de prensa lo constituye el intento de varios partidos políticos por eliminar potestades a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), aprobada en mayo de 2012. Durante la madrugada del 8 de febrero los congresistas de los partidos políticos FMLN (oficialista), PCN y GANA juntaron sus votos para lograr mayoría simple en el Congreso, introduciendo de forma anómala un paquete de reformas a varios artículos de la LAIP que aprobaron sin aviso ni discusión previa con ningún otro de los partidos políticos (ARENA, PDC, CD), ni con sectores de la sociedad civil. De la serie de reformas una de las más preocupantes era la eliminación del literal "g" del artículo 58 de la ley, el cual se refería a la facultad que tenía el creado, Instituto de Acceso a la Información para “resolver las controversias en relación a la clasificación y desclasificación de información reservada”. El Instituto fue creado para decidir en aquellos casos en que la institución no quisiera revelar por algún motivo la información solicitada por algún ciudadano. Las reformas se registraron pocos días después en que la Sala de lo Constitucional presionó públicamente al Presidente de la República para nombrar a los miembros del Instituto de Acceso a la Información. Tras las reformas hubo una avalancha de críticas contra la decisión de los congresistas entre ellas los de la SIP y otras organizaciones de la sociedad civil e iglesias. El 14 de febrero, el Presidente de la República recibió del Congreso el decreto legislativo con las reformas y en cuestión de horas la devolvió con su veto. Se está todavía a la espera de que el Presidente nombre a los delegados titulares del Instituto de Acceso a la Información, para que la ley entre en vigencia. El 30 de enero, se dio a conocer que la Junta Directiva del Congreso negó hacer público los gastos en que incurrió en diciembre pasado para comprar regalos navideños para los diputados y para obras de arte. La negación de información fue ante un pedido del Centro de Asesoría legal Anticorrupción (ALAC), una dependencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), una ONG que además tiene la representación de Transparencia Internacional (TI). En un comunicado de prensa, la ALAC aseguró que la Oficina de Información Pública (OIP) del Congreso les informó que el acuerdo de junta directiva, mediante el que se autorizó la compra de obsequios navideños a fines del año anterior, tiene carácter de confidencialidad, ya que “contiene datos personales sensibles, como son nombres personales”. El 20 de febrero, la ALAC anunció que ante la falta del Instituto de Acceso a la Información Pública, presentará demanda de Amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Compartí

0