Estados Unidos

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Durante su primer mandato, el Presidente Obama fue más que todo una desilusión para los activistas de los medios al perseguir activamente a los informantes del gobierno con acusaciones bajo las leyes de espionaje, a pesar de su promesa de que habría un gobierno abierto y transparente. Sin embargo, Obama se hizo merecedor de alabanzas en noviembre del 2012 cuando firmó la ley para proteger a los informantes. La ley conocida como "ley para mejorar la protección a los informantes" (“Whistleblowers Protection Enhancement Act”) amplía las protecciones para los empleados federales que informan sobre malas conductas, fraude o acciones ilegales. La Administración de Obama ha enjuiciado, por presuntas filtraciones bajo la ley de espionaje de 1917, a más funcionarios del gobierno que todos sus predecesores juntos desde la Administración de Reagan. El levantamiento de cargos contra seis personas bajo la ley de espionaje ha atraído la crítica de quienes dicen que los ataques del Presidente enfrían la disensión y limitan la libertad de prensa. Entre tanto, las compañías de medios en los Estados Unidos han sido sometidas a crecientes ataques por los piratas informáticos (hackers) chinos. En febrero, la compañía de seguridad cibernética Mandiant Corp. publicó un informe que presuntamente rastreaba una serie de ataques cibernéticos contra las compañías de medios de comunicación de los Estados Unidos hasta una unidad del Ejército Chino de Liberación Popular con sede en Shanghái. En enero, John C. Kiriakou se convirtió en el primer oficial de la CIA condenado a prisión por filtrar información clasificada a los medios de comunicación. Kiriakou, de 48 años, fue sentenciado a 30 meses de prisión por revelar el nombre de un agente encubierto de la CIA a un reportero, así como información sobre el uso de la técnica e interrogación prohibida conocida como water-boarding. Kiriakou es el sexto empleado o exempleado del gobierno de Estados Unidos en ser enjuiciado durante la administración Obama por divulgar a los medios información clasificada, más que en todas las otras Administraciones anteriores juntas, según el New York Times. Bradley Manning, el analista que presuntamente reveló a WikiLeaks centenares de miles de documentos confidenciales del gobierno, está siendo enjuiciado por el gobierno de Estados Unidos presuntamente por transmitir información confidencial a Wikileaks, la organización de Internet del activista contra el secreto, Julian Assange. El gobierno de los Estados Unidos considera que tales acciones son una amenaza para su seguridad nacional. De ser condenado, este hombre de 25 años podría ser sentenciado a permanecer bajo custodia militar durante el resto de su vida. Pero la causa de Manning ha sido tomada por los defensores de los informantes y se han hecho protestas en todo el mundo. Manning, un antiguo analista de inteligencia militar, afronta 22 acusaciones relacionadas con la filtración de centenares de miles cables diplomáticos clasificados, bitácoras de las guerras de Afganistán e Irak, y videos de acciones militares de los Estados. La acusación más grave la de "ayudar al enemigo" le señala de hacer arreglos para que se publicaran secretos de estado en la Internet, a sabiendas de que Al Qaeda tendría acceso a ellos. La ley refrendada por el presidente Obama en noviembre del 2012 aumenta la protección para los empleados federales que sean testigos de despilfarro, fraude o abuso dentro del gobierno Federal, y amplía las penalidades por la violación de las protecciones a la vez que añade un ombudsman a la plantilla de algunas agencias federales encargadas de capacitar a los empleados de la agencia sobre el tema de sus derechos. Los analistas de los medios dicen que la ley es un paso pequeño pero significativo, aunque los empleados federales todavía carecen de la mayoría de los derechos básicos de los cuales disponen los informantes en el sector privado. La administración Obama defiende su uso de la ley de espionaje por razones de seguridad nacional. El Ministerio de Justicia sostiene que hay procedimientos establecidos que los empleados del gobierno pueden seguir si quieren reportar malas conductas, y que los funcionarios del gobierno autorizados para tener en su posesión información clasificada no tienen ni la autorización ni el derecho de determinar, de manera unilateral, que tal información debe hacerse pública. El Comité Federal de comunicaciones (Federal Communications Commission) podría revocar una regla de 1975 que prohíbe la propiedad cruzada de periódicos y estaciones de radiodifusión, según informan varias fuentes. El cambio propuesto a la prohibición permitiría a una compañía ser propietaria de un periódico, dos estaciones de televisión y hasta ocho emisoras de radio en el mismo mercado de medios, según The New York Times. Quienes apoyan la modificación sostiene que la liberalización de las reglas sobre propiedad brindará una muy necesaria inversión para los periódicos locales en dificultades mientras que los críticos temen que el cambio propuesto pueda amenazar la diversidad de medios y debilitar las noticias locales. Las compañías de medios de comunicación, incluyendo periódicos, apoyan el cambio. Caroline Little, presidenta y directora ejecutiva de la Newspaper Association of America, escribió un artículo de opinión para Politico donde sostiene que la prohibición de la FCC a la propiedad cruzada "ha vivido más allá de su propósito original y ya no atiende los intereses del público." La Association of Broadcasters promovió la liberalización de la revisión más allá de los 20 principales mercados y de las 50 ciudades más grandes, según Bloomberg. Doce de las principales organizaciones de noticias del mundo, incluyendo Gannett Co. Inc., The New York Times Co., News Corp., Bloomberg y la Associated Press, se han unido en contra del tribunal secreto de arbitramiento del Delaware para disputas de negocios donde están involucrados grandes intereses. Las compañías de medios y las organizaciones de promoción (advocacy), sostienen que los procesos de arbitraje confidenciales en el tribunal son básicamente juicios civiles patrocinadas por el Estado, presididos por los jueces activos del tribunal más importante del país en asuntos de derecho corporativo Como tales, los procesos y conceptos deben estar abiertos y a plena vista del público, sostienen los informes del Comité de reporteros por la libertad de prensa y el ciudadano público (The Reporters Committee for Freedom of the Press and Public Citizen). Delaware es un estado tan destacado en el derecho corporativo que sus reglas definen en buena medida el funcionamiento interno de la mayoría de las grandes compañías de los Estados Unidos, incluyendo los deberes de los miembros de la junta directiva. Casi 1 millón de entidades de negocios, incluyendo más de la mitad de todas las compañías que se negocian en bolsa, tienen su domicilio legal en este estado. En consecuencia, el corpus de derecho corporativo de Delaware es el código de negocios de facto para todo el país. Los hackers chinos han atacado a periodistas americanos como parte de su campaña general de espionaje informático dirigida a aquellas compañías americanas de medios de información que han publicado informes sobre los líderes y las empresas chinas. En febrero, la compañía de seguridad cibernética Mandiant Corp. publicó un informe que presuntamente rastreaba una serie de ataques cibernéticos contra las compañías de medios de los Estados Unidos hasta una unidad del Ejército Chino de Liberación Popular que tiene sede en Shanghái. El Ministerio de Defensa de la China negó rotundamente las acusaciones y las tildó de "poco profesionales". Mandiant dijo que la unidad había robado "centenares de terabytes de datos de al menos 141 organizaciones pertenecientes a una diversa gama de industrias, a partir del año 2006." El año pasado Bloomberg News fue objetivo de los hackers chinos, según Bloomberg. Los hackers chinos han atacado insistentemente a The New York Times, infiltrando sus computadoras y obteniendo las contraseñas de sus reporteros y otros empleados. Los ataques coincidieron con el reportaje de una investigación del Times publicada en línea el 25 octubre donde se descubrió que los parientes de Wen Jiabao, Primer Ministro de la China, habían acumulado una fortuna avaluada en varios miles de millones de dólares a través de sus negocios. Los expertos en seguridad contratados por The Times para detectar y bloquear los ataques informáticos recopilaron evidencia digital que indicaba que los hackers chinos, usando métodos que algunos consultores han relacionado con los militares chinos en el pasado, habían penetrado en la red de The Times. Entraron a las cuentas de correo del jefe de la oficina de Shanghái, David Barboza, quien escribió los informes sobre los parientes del señor Wen, y de Jim Yardley, el jefe de la oficina del Times para el sur de Asia en la india, quien había trabajado anteriormente como jefe de oficina en Beijing. Los piratas trataron de ocultar la fuente de los ataques contra The Times penetrando primero computadoras en las universidades en los Estados Unidos y enrutando sus ataques a través de ellas, dijeron los expertos en seguridad informática de Mandiant, la compañía contratada por The Times. Esto coincide con las artimañas utilizadas en muchos otros ataques que Mandiant ha rastreado hasta la China. Los expertos en seguridad encontraron evidencia de que los hackers se robaron las contraseñas corporativas de todos los empleados del Times y las utilizaron para acceder a las computadoras personales de 53 empleados, la mayoría de ellos por fuera de la sala de redacción del Times. No se robó al Times información sobre los clientes, dijeron los expertos en seguridad.

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