Honduras

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La libertad de expresión sigue sufriendo todo tipo de amenazas y agresiones. No existe voluntad del Gobierno nacional para resolver la ola criminal que afecta a la prensa, mientras muchos casos de crímenes contra periodistas permanecen impunes. Contradictoriamente, funcionarios del Estado, entre ellos los presidentes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, han incurrido en ataques verbales contra medios de comunicación, sus propietarios, periodistas y editores, tendientes a descalificarlos y estigmatizarlos. Este clima de animosidad se ha intensificado en los últimos dos meses con la presentación de un proyecto de reformas a la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones que contiene disposiciones, que contiene disposiciones que violentan principios sobre libertad de expresión y vulneran derechos humanos como la libre asociación, el derecho y acceso al trabajo, el derecho a la propiedad privada, entre otros. El presidente Porfirio Lobo promueve la reforma con el sofisma de “democratizar a los medios”, argumentando que estos solo están interesados en crear conspiraciones, buscar intereses económicos o perjudicar moralmente a la población. En sus declaraciones, Lobo tanto acusa a “dos periódicos que ustedes ya conocen, La Prensa y El Heraldo, que creen que presionando a los gobiernos a través de sus medios pueden doblar a los gobiernos...” como que no dejará su “…pleito con algunos medios” porque “…informar y orientar a la opinión pública no debe ser un negocio lucrativo que permita que defiendan intereses económicos que tienen en diferentes sectores de inversión”, o hasta afirmar que el “…el daño que (se) le hace a la niñez que los medios de comunicación, algunos de ellos que en su primera plana, despliegan la violencia”. El proyecto ha sido sometido a un debate público dirigido desde el mismo sector que responsabiliza a la prensa por los actuales niveles de inseguridad y violencia en el país. Mediante el polémico proyecto, se contempla, entre otras cosas: Crear un órgano de censura denominado “Comisión Reguladora de Contenidos”. Prohibir que los accionistas de una empresa de telecomunicaciones puedan participar de otras empresas mercantiles. Distribuir sin garantías de transparencia, un 33% de frecuencias al sector público y otro 33% a radios comunitarias. Establecer regulaciones de competitividad (usualmente reservado para leyes anti-monopolio de aplicación general), mediante un órgano regulador que no establece garantías de transparencia para asegurar una distribución adecuada de frecuencias y una supervisión ajena a la influencia política. El proyecto también busca establecer sanciones confiscatorias para las infracciones a la ley o sus reglamentos, incluyendo normas que permiten la confiscación de bienes inmuebles, equipos, redes y demás bienes de las empresas del sector de telecomunicaciones. Instaurar condicionamientos previos (censura previa) tales como veracidad, oportunidad e imparcialidad y disposiciones que violentan tratados en materia de garantía de inversiones, comercio internacional y libre comercio. Al justificar estas reformas, el presidente del Congreso Nacional, dijo que “vamos a humanizar, democratizar y modernizar el sector de las comunicaciones para que estén al servicio y beneficien al ciudadano hondureño”. Mientras tanto, el vicepresidente del Congreso, Marvin Ponce, causó mayor sorpresa cuando expresó que la nueva ley también servirá para regular a la prensa escrita: “Se incorporarán en el tema de las comunicaciones la prensa escrita, como revistas, periódicos impresos y periódicos digitales. Estos pasarán a ser competencia de Conatel… como medio de comunicación queda bajo Conatel, pero como medio de información se aplicará la Ley de Emisión del Pensamiento”. En otro tema de interés para la libertad de prensa, el Gobierno nacional no ha cumplido con compromisos adquiridos en 2012 durante la “Conferencia de Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión” promovida por la SIP. Los puntos del compromiso gubernamental fueron, entre otros: Crear una unidad especial de investigación de crímenes contra periodistas y grupos vulnerables, conformada por policías de investigación y fiscales. Implementar un mecanismo para proteger periodistas y otros grupos afectados por la violencia, dentro de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Honduras. Crear juzgados especiales en derechos humanos para procesar, entre otros casos, aquellos en los que los periodistas sean víctimas. Y, elaborar una propuesta de reforma para la despenalización de los delitos de injurias, calumnias y difamación. Casos más relevantes del período: En noviembre: La comunicadora Karla Zelaya, vocera del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca) denunció que el 23 de Octubre fue secuestrada, torturada e interrogada sobre sus actividades. Se denunció al señor Roosevelt Avilés, alcalde de Talanga, Francisco Morazán, por dos actos de censura caracterizada – suspensión de la señal y compra masiva de periódicos – cometidos contra del canal Telecentro y del diario El Heraldo por causa de críticas en su contra. El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia absolvió al director de diario El Heraldo, Carlos Mauricio Flores, de la querella interpuesta por el ex viceministro de Deportes, Godofredo Fajardo, por publicaciones hechas en agosto de 2011. Un empleado de la Iglesia Evangélica Mi Viña agredió a la periodista Mercy Berrios y al camarógrafo David Coello, del canal universitario UTV, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) cuando filmaban una valla publicitaria en la que aparece el pastor de esa Iglesia Mario Thomas Barahona y su hijo (ambos aspirantes a cargos de elección popular). Se denunció a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) los hostigamientos de esta comisión hacia distintas radios comunitarias asociadas al Consejo cívico de las Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Esta organización posee tres radios comunitarias Radio Guarajambala FM, La Voz Lenca FM y La Voz Lenca AM. Tras recibir múltiples amenazas de muerte, la periodista Juana Dolores Valenzuela Calix, declaró ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y ante el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) que por primera vez en 30 años de su ejercicio profesional, teme por su vida. En diciembre: El Comité por la Libre Expresión (C- Libre) denunció que la empresa Audio Video, mediante un correo electrónico, le censuró varios Spot radiales que habían pautado, cinco días atrás, en los cuales se promocionaba la democratización del espectro radioeléctrico. En enero: La periodista y defensora de Derechos Humanos, Itsmania Pineda Plateros y el comunicador social, Selvin Martínez, denunciaron que en lo que transcurre del año 2013, las amenazas e intimidaciones contra sus vidas continúan. En la actualidad Martínez cuenta con medidas de seguridad a cargo de la Secretaria de Seguridad a solicitud de la Fiscalía de Derechos Humanos, debido a dos atentados sufridos, con arma de fuego, durante el 2012. Durante una manifestación a escasos metros de Casa Presidencial, unos 30 hombres pertenecientes al rubro del transporte privado mejor conocidos como "rapiditos o microbuses", agredieron al periodista Cesar Silva y al camarógrafo Samuel Aguilera ambos de la televisora Globo TV. En febrero: El periodista Marvin Palacios, miembro del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, (COFADEH); Willfredo Paz, vocero del Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos en el Aguán; Vitalino Álvarez y Jony Rivas integrantes de la Plataforma Agraria Regional del Aguan, fueron acusados por la fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, de ser los principales responsables de una campaña de desinformación en su contra. El corresponsal de Radio Progreso en el municipio de Tela, Atlántida, Leonardo Guevara, denunció al Comité por la Libre Expresión (C-Libre) las amenazas verbales por parte de elementos de la Policía Nacional.

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