Perú

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En el 2012 se registraron casi un centenar de agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Sólo en el primer trimestre de este año se han reportado una veintena de casos adicionales. Muchas de las agresiones ocurrieron en el contexto de protestas sociales, particularmente anti mineras, perpetrados por la policía o los propios manifestantes. Es inquietante el número de casos en los cuales los principales agresores contra el periodismo fueron funcionarios públicos.

En el contexto de procesos judiciales en marcha y la lucha contra la impunidad de crímenes contra la prensa, el resultado continúa siendo poco alentador. En noviembre del 2010, la Fiscalía de la Nación dispuso que los asesinatos, lesiones graves, secuestro y extorsión en contra de periodistas deriven a las fiscalías supra provinciales de Lima o a la Sala Penal Nacional.

Particularmente importante será el desenlace del proceso judicial por el crimen del periodista Pedro Flores Silva, del canal 6 de Televisión de Casma, en el departamento de Áncash, asesinado el 7 de septiembre de 2011. A pesar de la ampliación de facultades, la Fiscalía aún no formula denuncia, y el caso permanece impune.

También está pendiente el proceso judicial en el caso del periodista Alberto Rivera Fernández, cuya campaña por la no impunidad del crimen promueven la SIP y el Consejo de la Prensa desde hace casi una década luego de su asesinato el 21 de abril del 2004. Rivera Fernández, era conductor del programa Transparencia de radio Frecuencia Oriental de Pucallpa. Los autores materiales del crimen fueron condenados, pero no los instigadores y en el juicio oral contra estos últimos fueron denunciados numerosas irregularidades, por lo cual fue anulado en tres oportunidades por la Corte Suprema que ordenó que se realice un nuevo juicio oral. Sin embargo, el 10 de mayo del 2012, la Tercera Sala Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Lima, absolvió al ex alcalde provincial de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta y al destituido magistrado de la Corte Superior de Ucayali, Solio Ramírez; pese a las nuevas pruebas y testimonios presentados por la defensa de los familiares del periodista radial. Entonces el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina y la defensa del periodista solicitaron la nulidad de la sentencia que absuelve a los supuestos autores intelectuales.

El 20 de septiembre del 2012, el caso ingresó a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema y posteriormente, el 5 de octubre del 2012 fue derivado a la Segunda Fiscalía Suprema Penal a cargo del fiscal Pablo Sánchez Velarde que aún no emite su opinión al respecto.

El 5 de febrero, el periodista Juan Carlos Yaya Salcedo, director del programa “Sin Escape” de Radio Max, en la ciudad de Cañete, a 125 Km. al Sur de Lima, fue baleado por sujetos no identificados. El 14 de enero, Nixon Solórzano Bernales, conductor del programa de televisión “Alerta Ciudadana”, fue acuchillado por un sujeto no identificado, en Cajamarca, a 600 Km. al Norte de Lima. En numerosos casos de agresión, se reveló la responsabilidad de funcionarios públicos. Frente a este clima adverso, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso impulsa debates y consultas sobre el proyecto de ley Nº 1712/2012-CR. La iniciativa fue presentada por el congresista Agustín Molina Martínez y el grupo parlamentario Gana Perú en noviembre 2012 y plantea incorporar al Capítulo VIII del Código Penal los artículos 169-A y 169-B que penalizan diversos tipos de transgresión a las libertades de expresión, prensa e información, incluyendo los daños contra instrumentos técnicos para el ejercicio de la profesión; con pena privativa de libertad que oscilan entre uno y 30 años, en este último extremo por asesinato de un periodista. En materia legal, el Ejecutivo peruano promulgó el 7 de diciembre el Decreto Legislativo N. 1129 que regula el Sistema de Defensa Nacional, “lo que constituye un grave retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública e impide la fiscalización de la ciudadanía, incluida a la prensa”, denunció el Consejo de la Prensa Peruana. Este decreto dispone en su Art.12: Dispone que “los acuerdos, actas, grabaciones, transcripciones y en general, toda información o documentación que se genere en el ámbito de los asuntos referidos a la Seguridad y Defensa Nacional, y aquellas que contienen las deliberaciones sostenidas en las sesiones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, son de carácter secreto”. Establece, anticonstitucionalmente, como regla el secretismo, no señala plazos ni mecanismo de clasificación o desclasificación, contraviniendo el mandato de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 27806, que señala criterios de clasificación de la información, así como plazos y forma para su desclasificación. Asimismo, el segundo párrafo de la Primera Disposición Complementaria y Final del Decreto Legislativo N° 1129 establece que toda persona que por razón de su cargo o función, tome conocimiento de información clasificada de carácter secreto, reservado o confidencial, relacionada con la Seguridad y Defensa Nacional, está obligada a guardar la reserva correspondiente. Establece que quien la revelara podría ser denunciado por los delitos de Revelación de Secretos Nacionales o de Revelación de Información Secreta del Sistema Nacional de Inteligencia tipificados, respectivamente, en los artículos 330 y 331-A del Código Penal, incluyendo periodistas que publiquen, por ejemplo, irregularidades en adquisiciones y compras en el contexto de la regulación del Sistema de Defensa Nacional. El primer ministro Juan Jimenez Mayor ha abierto la posibilidad de presentar propuestas alternativas en ambos casos. Hechos sobresalientes en este período. El 6 de octubre, amenazan de muerte a la periodista Rosario Huayanca Zapata, quien recibió llamadas anónimas y le enviaron a su casa en Ica un sobre con balas. El 12 de octubre, la Asociación de Foto-Periodistas (AFPP) denunció al fotógrafo presidencial Job Rosales, por continuas agresiones a la prensa. El 14 de octubre, los periodistas Mariana Vásquez Ruidías, Eddyn Nole Chero y Eber Espinoza Martínez, fueron atacados en Piura por Janio Juárez Moreno, profesor del colegio de mujeres INIF 48. Espinoza Martínez además fue arrollado por el vehículo del profesor. El 22 de octubre, Junior Aponte Osorio, director del periódico El Picante, en Lima, fue agredido por funcionarios de la Municipalidad Distrital de Huaura en presencia del alcalde Jacinto Romero Trujillo y sus regidores, y luego fue arrestado. El 23 de octubre, César Estrada Chuquilín, periodista del programa Pulso Informativo, de radio Coremarca en Cajamarca, fue agredido por efectivos policiales que custodian el proyecto minero Conga. El 25 y 26 de octubre, durante la cobertura de un operativo policial para clausurar el mercado central de La Parada, en el distrito de La Victoria, de la ciudad de Lima, periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos de diversos medios de comunicación fueron amenazados, agredidos y asaltados por comerciantes y delincuentes de la zona del mercado. Hugo Alejos, fotógrafo de la revista Caretas y Luis García, reportero de TV Perú, fueron despojados de sus cámaras y atacados con piedras y vidrios que les ocasionaron heridas de gravedad. Asimismo, fueron víctimas de la violencia el reportero de América TV Peter Román, y su camarógrafo; el reportero gráfico del diario El Comercio Alessandro Currarino, el reportero de Caretas Israel Guzmán, y el equipo de prensa de Primera Noticia de ATV. El reportero de Canal N, Luis Corrales, arriesgó su integridad física para ayudar a un policía herido con quien la turba se había ensañado. El 31 de octubre, Úrsula Pinedo, periodista de radio La Ribereña, en Tumbes, fue golpeada y amenazada de muerte por Pilar Páucar, funcionaria de la Oficina de Imagen Institucional del Gobierno Regional de Tumbes, y cuatro mujeres más. El 13 de noviembre, la Corte Suprema de Chile amplió la extradición de Alberto Fujimori por el caso diarios chicha. En diciembre 2012, el Consejo de la Prensa Peruana, manifestó su preocupación por las implicaciones para el libre ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, relacionadas con la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de rechazar la solicitud presentada por el ex presidente Fujimori para ser entrevistado por el director de noticias de RPP Noticias, del Grupo RPP, debido a que el pedido de entrevista se produjo en un contexto político en que existe una agenda partidaria que pretende la obtención de un indulto humanitario para el ex presidente. La institución no adhiere colegiadamente dicha solicitud, sin embargo, consideró que la decisión del INPE conllevó restricciones para la libertad de expresión y opinión y el derecho ciudadano a la información.

El 6 de enero, la periodista Cinthia Martínez Amaya y el camarógrafo Richter Castro Girón, de Piura, fueron agredidos y asaltados por una turba cuando realizaban investigación sobre un presunto tráfico de tierras comunales. En enero, Marco Zileri, director de Caretas, fue sentenciado a dos años de prisión suspendida y al pago de 200,000 soles (aproximadamente US$ 77,300) por concepto de reparación civil por el presunto delito de difamación contra Javier Reátegui Roselló, secretario general del partido político Perú Posible. Caretas alertó en febrero del 2011 sobre el riesgo de filtración de dinero del narcotráfico en la campaña presidencial en curso. El semanario atribuyó una relación de parentesco entre Reátegui Roselló y Reátegui Reyna, allegados y colaboradores de la familia Sánchez Paredes, objeto de una vasta investigación policial por narcotráfico.

El 11 de enero, José Luis Napoleón Márquez, periodista del semanario El Búho, es condenado por el Primer Juzgado Penal Transitorio de Arequipa e impedido de apelar a la Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente de Arequipa, en un proceso que se le sigue por difamación en contra de Percy Constantino Chocano Núñez, funcionario de la Unidad de Postgrado de la Universidad San Agustín de Arequipa. Debido a limitaciones económicas, Napoleón Márquez no pudo pagar dichos aranceles y su recurso de apelación fue declarado inadmisible. El 14 de enero, Nixon Solórzano Bernales, conductor del programa Alerta Ciudadana, que transmite Canal 25, en el departamento de Cajamarca, denunció que un individuo lo atacó con un cuchillo en circunstancias que salía del canal, como represalia a los informes periodísticos denunciando al agresor en un caso de violencia familiar. El 17 de enero, gremios algodoneros denuncian agresiones de efectivos policiales contra periodistas que cubrían manifestación de los productores algodoneros en Ica. El 3 de febrero, Robert Ascate del Águila, periodista de Antares Televisión, fue agredido por el alcalde distrital de la Banda de Shilcayo, Antonio Neyra León y dos policías municipales de San Martín, en represalia por seguir y grabar al burgomaestre utilizando una camioneta oficial. El 10 de febrero, el actor Renato Rossini agredió a John Cano y Anthony Cordero, reportero y camarógrafo, respectivamente, del programa Domingo al Día que transmite América Televisión. El 12 de febrero , el periodista Manuel Calloquispe, corresponsal de la agencia de noticias InfoRegión y conductor del programa La Cara del Pueblo, que transmite Americana TV, en la ciudad de Puerto Maldonado, departamento de Madre de Dios denunció que, en circunstancias que transmitía un reportaje televisivo denunciando el impacto negativo de la minería ilegal en la zona de Aguas Negras recibió una llamada telefónica insultándolo y amenazándolo. El 23 de febrero, Luis Choy, reportero gráfico del diario El Comercio, fue asesinado en la puerta de su casa en el distrito limeño de Pueblo Libre. Según las primeras investigaciones policiales, el crimen no estaría vinculado al trabajo periodístico del experimentado fotógrafo; en ese sentido, resulta urgente y necesario que dichas investigaciones concluyan para conocer cabalmente los motivos reales del asesinato de este periodista.

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