República Dominicana

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Luego de una lucha en el plano legal, los medios de comunicación independientes y varias organizaciones de la sociedad civil lograron persuadir a la Cámara de Diputados a que desista de aprobar una legislación que introducía penas de hasta tres años de prisión para castigar los delitos de palabra que se cometieran en contra de la honra y la reputación del Presidente de la Republica, ministros, los jueces, los legisladores y otros funcionarios del Estado. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que estudia el proyecto del nuevo Código Penal, anunció a principios de marzo que desistía de incluir la cláusula que autorizaría el encarcelamiento de periodistas y otros ciudadanos imputados del delito de difamación e injuria. Sin embargo, expresó que mantendría otras penalidades que incluyen multas equivalentes de uno a tres salarios mínimos, por injuria, y de cuatro a diez salarios mínimos por difamación. La SIP había advertido que las cláusulas, ahora anuladas, representaban un retroceso para la libertad de expresión. A finales de febrero, una comisión formada por los directores del Listín Diario, El Caribe y El Día, y de la Fundación Prensa y Derecho, interpusieron un recurso ante el Tribunal Constitucional para declarar contrarios a la Constitución y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, seis artículos del Código Penal y once de la Ley 6.132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, votada en 1962. El objetivo era que se deroguen disposiciones que contienen sanciones penales de privación de libertad y multas sobre los “delitos de prensa”. En el recurso se argumentó que la doctrina y la jurisprudencia internacionales demuestran que un sistema de responsabilidad basado en la réplica o la rectificación, en multas y en la reparación civil, son suficientes para proteger el honor de quienes invoquen daños morales.

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