Venezuela

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El vicepresidente Nicolás Maduro, acompañado por otros funcionarios, anunció el 5 de marzo a las 5:30 de la tarde el fallecimiento del presidente Hugo Chávez Frías, desde el Hospital Militar de Caracas donde el mandatario estaba internado. Chávez murió a las 4:25 de esa tarde. Ante el impacto del anuncio, Maduro pidió al pueblo expresar su dolor "con paz y tranquilidad", asegurando que el legado de Chávez permanecerá intacto. Multitudes en todas las ciudades se volcaron a las calles para demostrar su afecto, mientras en Caracas el cortejo fúnebre recorrió casi ocho kilómetros hasta la capilla ardiente de la Academia Militar de Caracas, donde se realizó el velatorio. Fueron decretados siete días de duelo. Días antes, el canciller Elías Jaua, anunció que el vicepresidente Nicolás Maduro asumía la Presidencia y convocaría a elecciones en 30 días. El anuncio despertó polémica, debido a disposiciones constitucionales que indican que la Presidencia interina debería ser ocupada por el titular de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Meses previos al fallecimiento de Chávez, la libertad de expresión y de prensa se vieron gravemente afectadas en este período debido al hermetismo y la manipulación informativa por parte del gobierno sobre el estado de salud del Presidente, lo que derivó en un estado general de incertidumbre política en el país. El presidente Chávez estuvo fuera de toda aparición pública desde que partió el 9 de diciembre a Cuba para someterse a una delicada intervención quirúrgica. Desde entonces hasta su muerte, no había podido consumar su juramentación para el nuevo periodo que debe culminar en el 2019. Según el gobierno, el hermetismo sobre la salud del Presidente - incluso desde que regresó al país el 18 de febrero para seguir su tratamiento contra el cáncer en el Hospital Militar de Caracas – se basa en el argumento de la privacidad personal y el derecho que todo ciudadano tiene al respeto de la intimidad familiar. Pero en cualquier país del mundo, la salud del presidente —sobre todo si sufre un quebranto de esta naturaleza— es un asunto de indudable interés público y de legítima cobertura por parte del periodismo. Eso es lo que el gobierno quiso que ocurriera y por eso envolvió el caso en un estado de secretismo común en los regímenes totalitarios. La única fuente informativa autorizada era el vicepresidente Maduro y de algunos ministros, quienes han informado mediante partes en los que no se ofrecían detalles médicos. La falta de información generó todo tipo de rumores los que se intensificaron en las redes sociales. La oposición decía que la actitud del Gobierno obedecía a una extrema manipulación informativa. Acusaba de que no se decía la verdad, se generaba incertidumbre lo que derivaba en desinformación, y criticó que se maniobre a la justicia, al extremo de impedir la designación de una Junta Médica que evalúe al Presidente e informe la verdad. La oposición también expresó que se amenaza a los medios independientes que tratan de informar sobre el tema o poner dudas sobre los informes oficiales. Acusó, además, que el exceso de propaganda a través de los medios gubernamentales pretende crear un ambiente de “que nada pasa, de que todo está normal”. El gobierno, por otra parte, a través del vicepresidente Maduro y el ministro de Información, Ernesto Villegas, entre otros altos funcionarios, acusaba a la oposición y a los medios independientes de torpedear sus objetivos, desestabilización, obstrucción a sus intenciones de “hacer una patria grande y socialista”, así como de estropear la paz y tranquilidad de la sociedad. Asimismo ha indicado que tal confabulación criminal y sin límites se vale de la prensa mundial, dando como ejemplo la publicación de la fotografía falsa y en primera página que publicó el diario español El País, sobre la que anunció – el 24 de enero – que iniciaría acciones legales. El gobierno siempre acusó de que se “quiere crear una crisis institucional, con campañas informativas perversas” respecto a la salud del Presidente. Y lejos de admitir alguna crítica y responsabilidad sobre la manipulación informativa, el 26 de febrero el vicepresidente Maduro aseguró que en el país “hay libertad de expresión” y que se “respeta” la diversidad de opiniones. El gobierno siempre acusó de que se “quiere crear una crisis institucional, con campañas informativas perversas” respecto a la salud del Presidente. Y lejos de admitir alguna crítica y responsabilidad sobre la manipulación informativa, el 26 de febrero el vicepresidente Maduro aseguró que en el país “hay libertad de expresión” y que se “respeta” la diversidad de opiniones. El país acaba de salir de dos agotadores procesos electorales; uno donde se escogió al Presidente de la República, realizado el pasado 7 de octubre y un segundo donde se eligieron 22 gobernadores, el 16 de diciembre; proceso – y polarización – que continuará en julio con las elecciones municipales en las que se elegirán a 326 alcaldes. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) condenó de manera enérgica la presión que está ejerciendo el Estado hacia medios de comunicación que tienden al cierre de programas de opinión, retiro de periodistas que cubren dichos espacios y le exigen una “adecuación de tono” de su línea editorial. El CNP lamentó además que dueños de medios cedan ante las presiones orientadas a silenciar las voces disidentes. De igual manera el Bloque de Prensa Venezolano le exigió al gobierno eliminar las restricciones para la compra de papel periódico. “Se cambiaron las condiciones para su importación, obligando a los medios a solicitar un certificado de no producción nacional para poder acceder a las divisas de Cadivi, pero dicho certificado del Ministerio de Industria y Comercio, tarda meses en llegar, acogotando así a los periódicos pequeños de provincia”. Ante la cruda realidad presentada, los diarios del interior se quedan sin papel, ni tinta dificultando así su circulación diaria. El presidente del diario El Impulso del estado Lara; Carlos Eduardo Carmona, dijo que “los inventarios de papel, tinta, planchas y otros insumos esenciales para la impresión siguen mermando y la respuesta oficial no llega” Esta situación también obligó al diario La Verdad de Maracaibo el 22 de octubre a aplicar severas medidas de racionamiento para economizar el papel y extender sus reservas. Tal medida concluyó en la “fusión” temporal de dos de sus cuerpos, mermando la amplitud informativa. También en agosto pasado el gobierno publicó un decreto en la Gaceta Oficial número 39.980, que excluye el papel periódico de la lista de insumos de primera necesidad, dejando a un lado la prioridad en el otorgamiento de divisas de Cadivi. En cuanto a acoso, amenazas y discriminación en las fuentes; se hace más difícil el acceso a la información pública, se mantienen las restricciones a los periodistas de medios independientes a las oficinas gubernamentales y eventos oficiales, de igual forma continua la impunidad en los casos de agresiones a periodistas. De cada ocho casos denunciados; siete han sido declarados inadmisibles. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marcos Ruiz, aseguró que las violaciones a la libertad de expresión durante el 2012 aumentaron en 37 por ciento y que en el 58 por ciento de los casos reportados involucran a funcionarios públicos. La sede del CNP del estado Miranda fue incendiada por desconocidos el 30 de noviembre, también fue asaltada la sede del diario El Carabobeño en Caracas. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia impuso multa a los diarios El Progreso y El Luchador del estado Bolívar, por publicar fotos de asesinatos y accidentes. Desconocidos destrozaron la estación de enlace de microondas de TV Guayana. Además se impusieron procesos sancionatorios a la televisora La Tele y las radios FM 91.9 y 96.9, por no “pegarse” a cadena donde informaban sobre la salud del Presidente. A todo este panorama sombrío se une el asedio a Globovisión con bandas motorizadas y se le impuso un nuevo procedimiento administrativo sancionatorio por difundir cuatro micros sobre el articulado de la Constitución. A fines de febrero el gobierno Nacional realizó el lanzamiento de la Televisión Digital Abierta en alocución por cadena nacional de radio y televisión. Globovisión mientras tanto acusó al gobierno de “discriminación”, al no contemplarlo entre los canales y ser considerado solo un análogo. Globovisión opinó que se trata de su “sentencia de muerte”. Días después, el diputado Miguel Ángel Rodríguez advirtió que es obligatorio denunciar esta decisión como un paso en la estrategia de coartar la difusión de informaciones y opiniones críticas al gobierno nacional y agrego: “Con la Ley de Comunicación Popular, se avecina el fin de la libertad de información”. Aún permanece cerrada RCTV, 32 estaciones de radio y dos de televisión; y se persigue judicialmente a periodistas y dueños de medios obligándolos a permanecer en el exilio, entre ellos el editor de la revista Zeta y el diario El Nuevo País Rafael Poleo y su hija Patricia Poleo, y al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga. Sobre El Nacional permanece la prohibición impuesta en el 2010 por la publicación de fotos relacionadas con violencia. Hechos más sobresalientes: El 17 de octubre el PSUV, partido oficialista, propuso en la Asamblea Nacional controlar la TV por cable mediante la Ley Resorte. El 24 de octubre la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación Social de la Asamblea Nacional, dijo que investigará “el uso que algunos sectores políticos del país” hacen de los medios de comunicación privados “para generar zozobra y miedo” en época electoral que se traducen en “expresiones de odio” entre la población. El 1 de noviembre la presidenta del Colegio Nacional de Periodista, Silvia Alegrett, aseguró en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en Venezuela “el acceso a la información pública es difícil y que se mantienen restricciones a los periodistas de medios independientes para ingresar a las oficinas gubernamentales y eventos oficiales”. El 16 de noviembre Conatel anunció el inicio de una nueva investigación contra Globovisión, a solicitud de un grupo de periodistas comunitarios y afectos al gobierno, que acusó a la televisora de interrumpir la cadena presidencial del 15 de noviembre. El 22 de noviembre diarios del interior se quedaron sin papel y sin tinta. El Impulso espera desde hace tres meses la aprobación de un Certificado de No Producción Nacional, lo cual constituye una traba para la asignación de las divisas. El 23 de noviembre dos hombres portando armas largas asaltaron la sede del diario El Carabobeño en Caracas, ubicada en el edificio Iberia de la Avenida Urdaneta. El 15 de diciembre un equipo del canal de noticias colombiano NTN24 fue interceptado en horas de la noche por un par de motorizados quienes los despojaron del cassette con una entrevista realizada a los diputados Edgar Zambrano (AD) y Saúl Ortega (PSUV), sobre la ausencia del presidente Chávez en las elecciones regionales. El 16 de diciembre sabotearon la señal de TV Guayana en el estado Bolívar durante tres días. Su estación intermedia de enlace por microondas con Puerto Ordaz, situada en el cerro Las Palmas, fue destrozada por desconocidos. El 3 de enero el ministro de Comunicación e Información Ernesto Villegas, a través de un comunicado, calificó de “inaceptable” que el canal de noticias Globovisión haya “identificado erróneamente” a Nicolás Maduro como “Presidente encargado”. El 4 de enero Conatel instó a medios a respetar principios legales y a cuidarse sobre informaciones relacionadas con la salud del presidente Chávez. El 10 de enero Conatel prohibió a Globovisión trasmitir cuatro mensajes institucionales alusivos al Art. 231 de la Constitución. Abrió un procedimiento administrativo sancionatorio. El 23 de enero el ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, dijo que son “verdaderamente lamentables” los hechos de violencia ocurridos en el acto de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que se realizó en el Parque Miranda. En tal sentido, el ministro se refirió a las agresiones de las que fue objeto el equipo reporteril de Venezolana de Televisión (VTV) que cubría el evento político. El periodista Pedro Carvajalino de VTV y su equipo reporteril fueron expulsados del acto de la MUD en conmemoración del “23 de Enero”. Carlos Chacón, camarógrafo de VTV sufrió politraumatismos y fractura de clavícula. Tres personas fueron detenidas por la agresión. El jefe de Prensa del Ministerio del Interior y Justicia, Jorge Galindo, informó que a uno de los detenidos “se le incautó una manopla”. El 25 de enero la Sociedad Interamericana de Prensa, cuestionó el bloqueo al periódico digital Diario de Cuba en Venezuela, considerándolo como un “sospechoso” acto de censura que restringe el derecho de los ciudadanos a acceder a distintas fuentes de información. El 27 de enero la ministra Iris Valera criticó el tratamiento realizado por los medios de comunicación respecto a la masacre ocurrida en la cárcel de Uribana y calificó de “grotescas” las imágenes que están siendo difundidas sobre los hechos. El 28 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, denunció las agresiones contra el periodista Pedro Carvajalino y el equipo de VTV. El 29 de enero el diputado Eduardo Gómez Sigala criticó que no se permita el ingreso de los medios a la Asamblea Nacional durante su participación en una discusión para rechazar la publicación de una imagen falsa de Hugo Chávez en el diario El País. El 2 de febrero el Frente Bolivariano de Comunicadores Populares y otras organizaciones exigen a Globovisión, cese de su política editorial. El 6 de febrero la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanca Eekhout, denunció que medios de comunicación privados, nacionales e internacionales, intentan aplicar una campaña psicológica para confundir y desestabilizar a los venezolanos. El 7 de febrero el diputado William Ojeda, acusó al canal de noticias Globovisión por el “manejo irresponsable de información y falta de ética”. Destacó que su respuesta a las acusaciones del también diputado Richard Mardo, fueron “suprimidas” en el medio de comunicación. El 15 de febrero el ministro de Ciencias y Tecnología, Jorge Arreaza, desmintió que el presidente Chávez haya perdido la voz de manera permanente. “Son puras especulaciones de los medios y de médicos que lamentablemente violentaron su juramento hipocrático”. El 19 de febrero el abogado y concejal de Maracaibo, Joaquín Chaparro, criticó la detención del fotógrafo del diario La Verdad, Tarquino Díaz, luego de que tomara una serie de fotografías que mostraban la problemática de la basura en la zona norte de Maracaibo. El 20 de febrero la Guardia Nacional Bolivariana arremetió contra manifestantes y un equipo de Globovisión en el Hospital Pérez Carreño. Maltrataron al personal médico y administrativo que protestaba por la falta de insumos y exigía reivindicaciones salariales y la destitución del director del centro de salud.

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