CONSIDERANDO
Que en diversos informes en el seno de la Asamblea General de la SIP se ha reportado con preocupación que en el Ecuador se encuentran vigentes leyes de carácter penal que sancionan el delito de desacato
CONSIDERANDO
Que el 10 de mayo de 2007 el presidente Rafael Correa Delgado presentó una denuncia penal por desacato en contra de Francisco Vivanco, presidente del consejo editorial del diario La Hora, por considerar que el editorial central del diario del 15 de marzo de 2007 contenía imputaciones que constituirían injurias no calumniosas contra quien ejerce la Presidencia de la República
CONSIDERANDO
Que el 8 de junio de 2007 el Fiscal de Delitos Misceláneos de Pichincha aceptó la denuncia del presidente de la república, y abrió la etapa investigativa en contra de Francisco Vivanco, dentro de la cual ha evacuado lentamente ciertas pruebas solo por peritos de la Policía Nacional, entidad subordinada al Presidente de la república, y ha hecho caso omiso de los pedidos probatorios hechos por Vivanco y que por este supuesto delito podría ser sentenciado en dos años de cárcel
CONSIDERANDO
Que en junio el diputado Diego Ordóñez presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que derogaría el delito de desacato
CONSIDERANDO
Que en julio más de mil ciudadanos presentaron ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad en contra de las leyes de desacato vigentes en Ecuador
CONSIDERANDO
Que el mismo presidente Correa cuando presentó la demanda por desacato en contra del presidente del diario La Hora afirmó que no estaba de acuerdo con estas leyes, pero que mientras estén vigentes se pueden aplicar
CONSIDERANDO
Que la SIP, el 4 de junio del 2007 manifestó su preocupación por el conflicto suscitado con los accionistas privados de El Telégrafo, por la resolución administrativa de la Superintendencia de Compañías del 2 de mayo del 2007 que, sin un proceso judicial previo, declaró sin sustento aumentos de capital efectuados por accionistas privados de El Telégrafo S.A. en agosto de 2002, septiembre del 2006 y abril del 2007, que fueron promovidos por el accionista y ex director del diario, Carlos Navarrete, a consecuencia de lo cual el periódico pasó a ser controlado por el estado
CONSIERANDO
Que el 7 de junio del 2007 mientras se desarrollaba la junta general de accionistas de El Telégrafo, sin orden judicial, se desalojó con el uso de la fuerza pública al ex director de El Telégrafo de sus instalaciones industriales
CONSIDERANDO
Que el Principio 10 de la Declaración de Chapultepec establece: Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
Instar al Ministerio Fiscal del ecuador en la persona del Fiscal General y del Fiscal de Delitos Misceláneos de Pichincha que lleva la causa, a que, aplicando los tratados internacionales, y con base en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desestime la denuncia presentada por el presidente de la República contra Francisco Vivanco, y declare inaplicables las leyes de desacato.
Alentar al Tribunal Constitucional para que de trámite a la demanda presentada y declare inconstitucionales y en contra de los derechos humanos las leyes de desacato
Conminar a la Asamblea Nacional Constituyente para que en la Constitución y Leyes que emitirá, se recojan y consagren los derechos civiles de la población y especialmente los derechos de libertad de pensamiento, expresión y de prensa, respetando los compromisos contenidos en Tratados Internacionales adquiridos por el estado ecuatoriano
Condenar el uso de la fuerza pública para desalojar al ex director Carlos Navarrete
Insistir en que el conflicto legal con los accionistas privados de El Telégrafo se resuelva con total transparencia y se le brinde al ex director del diario, Carlos Navarrete, las garantías del debido proceso.