CONSIDERANDO
que las conclusiones de la conferencia Narcotráfico: Periodistas bajo Riesgo, organizada por la SIP en Tijuana, México, del 28 al 30 de agosto, señalaron que el narcotráfico, en su interés por acallar el derecho de las personas de informar y ser informadas, es una de las peores y más repudiables formas de agresión a la libertad de prensa
CONSIDERANDO
que existen zonas en el continente americano en las que operan grupos ilícitos, entre ellos el narcotráfico, donde es más riesgoso el ejercicio del periodismo, y que, por lo tanto, se deben plantear nuevas y más eficaces medidas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión
CONSIDERANDO
que los Estados tienen la obligación de brindar las mayores garantías de seguridad al libre ejercicio periodístico, ya que, sin libertad de prensa, no puede existir verdadera democracia
CONSIDERANDO
que la Sociedad Interamericana de Prensa viene insistiendo sobre aspectos concretos relacionados a los asesinatos de periodistas desde su conferencia hemisférica Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas, celebrada en Guatemala en 1997
CONSIDERANDO
que Principio 4 de la Declaración de Chapultepec declara que el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa; estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESULVE
exhortar a los gobiernos de los estados mexicanos y al Congreso de la Unión a considerar los asesinatos de periodistas como delitos federales o que puedan ser objeto de cambios de jurisdicción hacia instancias especiales, como forma de garantizar una mayor diafanidad en el manejo de los juicios correspondientes y evitar que este tipo de delito quede impune
instar a los Estados del continente a establecer el principio de no prescripción para los asesinatos de periodistas, por tratarse de crímenes contra la sociedad
incentivar a los gobiernos americanos a crear fiscalías especiales para investigar con mayor eficacia y celeridad los atentados cometidos contra periodistas y medios de comunicación
impulsar, en las legislaturas, reformas a los códigos procesales y penales, con el fin de que se considere la comisión de una agresión como circunstancia agravante, cuando ésta se cometa en perjuicio de periodistas
insistir ante los organismos internacionales que consideren la existencia de la libertad de prensa como condición para otorgar asistencia financiera o económica a los países del continente.
