Conclusiones

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Asamblea General
Lima, Perú
26 – 29 octubre de 2002

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Tim Lopes, reportero de investigación de la red O Globo de televisión en Brasil, fue secuestrado, torturado y asesinado. Su cadáver fue descuartizado, quemado y enterrado clandestinamente. La conmoción creada por este horrendo asesinato obligó a las autoridades a actuar con prontitud y detener a los acusados. Por otro lado, el propietario y presidente de Folha do Estado de la ciudad de Cuiaba fue asesinado de seis tiros por publicar investigaciones y denuncias sobre la instalación de las llamadas máquinas tragamonedas en su región. Colombia sigue siendo escenario de la brutalidad de narcotraficantes-guerrilleros y paramilitares. En los últimos seis meses, cuatro reporteros fueron asesinados a causa del ejercicio de su profesión y quedan por dilucidar los móviles de los homicidios de otros dos. En Venezuela, en una de las escaramuzas producto de las incitaciones y la violencia verbal del presidente Hugo Chávez, perdió la vida el fotógrafo Jorge Tortoza. Hubo también otros asesinatos en Ecuador, Bolivia y México cuyos móviles aun no han sido esclarecidos. Irónicamente, al mismo tiempo, se ha intensificado la “industria” de la acción judicial contra diarios y periodistas. A tal punto que el Colegio de Abogados de Paraiba en Brasil denunció la existencia de abogados que quieren beneficiarse “cazando” aparentes perjudicados por informaciones periodísticas y los convencen de presentar demandas por valores altísimos debido a supuestos daños morales. En el clima de hostigamiento continuo a la prensa en Venezuela se gesta ahora un proyecto de la denominada Ley Orgánica de Participación Ciudadana que contiene la creación de un Consejo Nacional de Vigilancia de los Medios de Comunicación Social integrado por asociaciones vecinales que tendrían facultades para imponer multas o decretar el cierre de cualquier medio de comunicación que infrinja sus presuntas disposiciones. En algunos países del Caribe se ha dicho que la Organización de Estados de la región debería tratar de establecer un código de ética para los medios de comunicación, como si los funcionarios del Estado pudieran fijar normas morales de conducta a quienes ejercen la libertad de expresión. El derecho humano a la libertad de expresión no puede ni debe estar sujeto a comisiones y reglamentos especiales ni a licencias previas, títulos universitarios o pertenencia a colegios. En ese contexto, deben objetarse las normas y los proyectos existentes en Nicaragua, Panamá, Guatemala, Colombia y República Dominicana. Muchos gobiernos desean controlar el flujo de noticias y opiniones y pueden utilizar con ese fin la proyectada “Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información” que se realizará en diciembre del 2003 en Ginebra, Suiza. Opinar libremente sigue siendo un delito en Cuba que se paga con cárcel. La difusión de informaciones hacia el exterior también merece sanciones y se ha llegado al extremo de anunciar la pérdida de derechos a los reclusos comunes de una prisión por el envío de informaciones afuera de la prisión por parte un periodista allí detenido. La guerra o la amenaza de la guerra han contribuido a erosionar el acceso a la información en Estados Unidos. Organizaciones periodísticas norteamericanas han presentado infructuosamente solicitudes, inclusive en los tribunales, para obtener información tan elemental como el nombre de las aproximadamente 1,200 personas que han sido detenidas a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre. En este panorama adquieren aun mayor trascendencia las reuniones sobre Justicia y Prensa llevadas a cabo en Washington D.C. y Buenos Aires. En ambas, jueces de las Supremas Cortes y periodistas de todo el continente coincidieron en afirmar que prensa libre y justicia independiente son cada una condición indispensable de la otra. La vigencia de estos principios es la garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos que definen a las democracias.

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