Argentina I

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CONSIDERANDO que en el último año ha crecido de manera exponencial el sistema oficial y paraoficial de medios de comunicación, financiados por el uso discrecional de recursos públicos; CONSIDERANDO que dentro de dicho fenómeno se incluye la utilización de los medios estatales como herramientas de propaganda gubernamental; y en muchas ocasiones como instrumento de estigmatización de otros actores institucionales, incluyendo medios y periodistas; CONSIDERANDO que nuevamente se ha registrado un incremento exponencial del gasto en publicidad oficial, la cual sigue distribuyéndose sin reglas claras ni parámetros objetivos, operando como un sistema de premios y castigos que beneficia a los medios alineados editorialmente al Gobierno, y discrimina al resto; CONSIDERANDO que la reciente creación de un sistema de TV digital estatal se inscribe en esta tendencia de fortalecer el dispositivo comunicacional oficial, ya que el mismo ha privilegiado, en su implementación, las voces cercanas al oficialismo; CONSIDERANDO que pese a estar suspendidos varios de sus artículos por la Justicia, el Gobierno avanzó con la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con un espíritu aún más intervencionista, lo que le da mayor discrecionalidad y control sobre licencias y contenidos que el propio texto legal CONSIDERANDO que la Declaración de Chapultepec establece en su Art. 7 que “las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas” LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE saludar los avances registrados en el Congreso Nacional de la Argentina en pos del dictamen de un proyecto de ley que regule la publicidad oficial, con pautas objetivas que incluyan criterios de eficiencia, ecuanimidad y pluralismo en la materia, e instar a las distintas fuerzas políticas a la pronta sanción de dicha ley; solicitar al Congreso Nacional Argentino el debate y la sanción de un marco legal sobre los medios públicos, que asegure criterios permanentes de independencia editorial, pluralidad informativa, diversidad ideológica y solvencia profesional para la gestión de sus contenidos.

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