CONSIDERANDO que la Asamblea Legislativa del estado de Ceará aprobó un proyecto de ley presentado por la diputada del Partido de los Trabajadores Raquel Marques creando un Consejo de Comunicación Social, aunque no firmado por el gobernador del estado, que tiene el objetivo de monitorear, recibir denuncias y enviar dictámenes a las autoridades competentes sobre abusos y violaciones de los derechos humanos en los medios de comunicación en el estado de Ceará; el Consejo estaría integrado por 25 miembros, de los cuales siete representarían a las ramas Ejecutiva y Legislativa, ocho a los medios de comunicación y diez a la sociedad civil, incluidos los sindicatos y movimientos estudiantiles;
CONSIDERANDO que nueve proyectos de leyes similares han sido presentados en otros estados de Brasil;
CONSIDERANDO que el Ministro de Cultura está preparando un proyecto de ley que especificaría que los derechos de autor de textos periodísticos caerían dentro del dominio público tras su publicación por primera vez;
CONSIDERANDO que existe en Brasil una fuerte presión en el Congreso Nacional para incluir una disposición en la constitución de la nación que requeriría un título universitario de periodista para poder ejercer la profesión; semejante propuesta viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Brasil es signataria, la demanda de un título en periodismo para trabajar en el área viola la libertad de prensa y es contraria a los principios de la Declaración de Chapultepec, firmada por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, por el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y por la futura presidente Dilma Rousseff;
CONSIDERANDO que desde hace más de 460 días la censura judicial ha sido impuesta a O Estado de São Paulo, impidiendo la publicación de información sobre la operación Boi Barrica / Factor, en la que la Policía Federal investiga las actividades del empresario Fernando Sarney, hijo de José Sarney, ex presidente del país y ahora presidente del Senado Federal
CONSIDERANDO que el principio 10 de la Declaración de Chapultepec establece que: Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
exhortar a los gobernadores de los estados brasileños y a sus líderes políticos a no alentar, y vetarlas sumariamente si se aprueban, las leyes que establecen algún tipo de control sobre los medios de comunicación; el control o restricción de la libertad de prensa, más que ser inconstitucional, infringe de manera directa y violenta el derecho natural a la libertad de expresión inherente a la condición humana;
solicitar al Consejo Nacional de Justicia medidas inmediatas para restablecer la plena libertad de la prensa, violada por la decisión del sistema judicial a fin de prohibir al diario O Estado de São Paulo que publique información relativa a la Operación de la Policía Federal Boi Barraca / Factor, actualmente en vigor por más de 460 días;
enviar una comunicación al Ministerio de Cultura de Brasil solicitando que no proceda a realizar cambios en el régimen legal de propiedad intelectual que alteren la legislación brasileña sobre derechos de autor, especialmente en lo que respecta a hacer dominio público el contenido periodístico a partir de la primera publicación.
