Argentina

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Este año será recordado como uno de los más complejos y tensos para los medios de comunicación porque que no se respetó su tarea de informar y analizar y desde sectores oficiales se pretendió cuestionarla, desacreditarla y restarle credibilidad. Todos los días, un nuevo episodio de confrontación entre el gobierno y un grupo de empresas periodísticas definió la agenda actual que atraviesa la actividad en Argentina. Cada noticia, cada dato, cada opinión, filtrados a través de la intolerancia y la confrontación fue cobrando volumen hasta inundar toda la vida cotidiana. El choque fue ganando episodios cada vez más resonantes, tales como la aplicación de la ley de medios sancionada en 2009 y el impedimento oficial a Fibertel para operar en servicios de Internet, bajo la esfera de Cablevisión. Se sumo además la disputa por Papel Prensa, la estratégica fábrica de papel para diarios. Ensombreció aun más este panorama las amenazas sobre la detención de Bartolomé Mitre, director de La Nación y Héctor Magneto, de Clarín, por supuestos delitos inicialmente calificados por el gobierno como de lesa humanidad en la adquisición de las acciones de Papel Prensa. Finalmente el proyecto aprobado por cinco comisiones de la cámara de Diputados declarando de interés público la producción y comercialización de papel para diarios, colmó un año difícil para los medios de comunicación. La aplicación de la ley de medios, sancionada en 2009, propone un reordenamiento de contenidos y licencias para radio y televisión. Fue cuestionada ante la justicia en varios artículos por diferentes empresas periodísticas, así como por entidades de consumidores y canales de televisión los consideraran abusivos e inconstitucionales. Después de varias instancias en Tribunales, la ley ya se encuentra operativa casi en su totalidad, mientras se acaba de conformar la autoridad de aplicación y se dispuso por decreto su reglamentación. Pero el capítulo más polémico es el de la titularidad de las licencias, que el artículo 161 de la nueva ley dispone un plazo de un año para la desinversión, es decir para que sus propietarios vendan las licencias que exceden a los máximos permitidos por la ley. Ese artículo fue llevado a la justicia por el Grupo Clarín, entre otros, que presentó un planteo de inconstitucionalidad y una medida cautelar para evitar que corrieran los tiempos fijados por la ley. Mientras se sustancia el proceso de fondo, la medida cautelar fue aceptada por el juez en primera y en segunda instancia, hasta que finalmente también lo hizo la Corte Suprema de Justicia. Fue una resolución en la que decidió convalidar el reclamo empresario en contra de la postura mantenida por el gobierno que era avanzar en la aplicación de la ley sin demoras. En el fallo, la Corte avaló la suspensión del artículo, pero pidió máxima celeridad en la causa que analiza el fondo del conflicto. Antes que saliera el fallo del máximo tribunal, organizaciones afines al oficialismo, organizaron un acto político en las puertas de la Corte con la intención de presionarla. Allí fue donde se pronunció una frase que trascendió la frontera del país: Hebe de Bonafini, presidenta de la organización Madres de Plaza de Mayo, llamó a "tomar por asalto" el palacio de los Tribunales, una amenaza que no fue lo suficientemente repudiada en el oficialismo. Se produjo también en este período la suspensión de la licencia para la operadora Fibertel, empresa perteneciente al Grupo Clarín. El episodio fue interpretado como un nuevo capítulo en la pelea que mantiene el gobierno con ese grupo empresario. Ocurrió cuando la Secretaría de Comunicación derogó la habilitación para Fibertel bajo el argumento que la proveedora de Internet había sido absorbida por la empresa Cablevisión -también del Grupo Clarín- y esa fusión no había sido habilitada. El Grupo Clarín respondió considerando que dicha licencia está plenamente vigente y reconocida por el Estado y que se trata de un nuevo impulso en el control de la libertad de expresión. De todos modos, la medida está suspendida por el fallo de un juez a favor de los derechos del consumidor. También se frustró la intención oficial de modificar el orden de los canales en las grillas de los cables, reemplazando el vigente por uno más conveniente para las señales cercanas al gobierno. El papel para periódicos también desencadenó otro factor de conflicto. Como insumo básico para la prensa y la libertad de expresión, su control es en consecuencia estratégico. El gobierno concretó su anuncio de llevar a la justicia la venta de la empresa Papel Prensa del grupo Graiver a tres diarios integrado por Clarín, La Nación y La Razón, en noviembre de 1976. Por cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desgranó un relato de lo que consideró una apropiación de la empresa por parte de los tres diarios, apoyados por la dictadura militar de aquellos años. Dijo que Lidia Papaleo, la viuda de David Graiver, muerto meses antes en un sospechoso accidente de aviación en México, estaba en "libertad ambulatoria" cuando firmó el traspaso de las acciones y avanzó con la presentación judicial para que se investigara a los directivos de los diarios de aquel entonces por la presunta comisión de delitos, cometidos en la mencionada compra de acciones. Los diarios acusados respondieron descalificando la versión y sosteniendo que la operación de venta había sido consecuencia de una decisión del grupo Graiver, que se encontraba en dificultades financieras después de su muerte, e investigada por manejar fondos de la organización subversiva Montoneros producto de secuestros extorsivos. Ofrecieron como respaldo de documentos y declaraciones, entre ellos las de Isidoro Graiver -hermano de David- quien aseguró que no hubo presiones ni torturas sino necesidad de liquidez financiera. Se desató desde ese momento una verdadera batalla, por los acontecimientos sucedidos hace 34 años, incentivada por la participación violenta del Secretario de Comercio Interior, en las reuniones de directorio de la empresa Papel Prensa, que impactaron en la opinión pública y promovió posiciones diversas en asociaciones y partidos políticos. El Estado Nacional tiene el 27 por ciento del capital accionario de esta empresa. Pero a la denuncia en sede judicial, la presidenta agregó en esa exposición por cadena nacional, el anuncio de la presentación en el Congreso de un proyecto para declarar de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para diario. Casi simultáneamente otro proyecto similar, presentado por otro partido político, fue aprobado en un plenario de cinco comisiones de la Cámara de Diputados y pasó para su tratamiento a la Cámara para su aprobación o rechazo. De convertirse en ley sería una directa injerencia del gobierno nacional en la producción de papel. Se formaría una comisión gubernamental de control de venta de papel, un registro oficial de circulación de periódicos y la prohibición de que sean accionistas de una empresa productora de papel, como Papel Prensa, aquellos medios gráficos, nacionales o extranjeros que posean más del diez por ciento de la acciones de sus empresas de medios. Las reacciones se produjeron inmediatamente. El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, expresó que es lamentable que se recurra a métodos de vieja data en los que se utilizó el papel para presionar y acallar indirectamente las voces críticas e independientes. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), señaló que los proyectos violan la prohibición de dictar leyes que restringen la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Argumentó que "en la dimensión lógica, la propuesta gubernamental está viciada por una insalvable contradicción. Es que al poner en manos del Estado mecanismos de control implícito en su rol de proveedor de papel a los medios gráficos, se invierten las funciones propias de la institucionalidad republicana". Argumenta la entidad que hoy los medios cuentan con un fluido abastecimiento de papel nacional e importado que garantiza su funcionamiento. Varios miembros de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA), se presentaron a las audiencias públicas para contar su realidad y cómo les impactó la relación de fuerzas en el mercado del papel a lo largo de su historia. ADIRA recordó, la creación por decreto ley 18.312/70 hace 40 años del Fondo para el Desarrollo de la Producción de papel prensa y celulosa, por el que estimaron los diarios del interior haber aportado en 10 años la suma de 70 millones de dólares "en la inteligencia que la construcción de la planta para la que ese dinero estaba destinado nos abastecería satisfactoriamente". “No fue así, concluye y los diarios del interior a pesar de haber hecho un esfuerzo tan significativo carecieron siempre de la capacidad de decisión.” La entidad señaló “que no es reprochable una iniciativa que asegure, el pluralismo en todo nuestro territorio y pidió que un representante de los medios del interior nucleados en ADIRA tenga participación en la distribución de papel de la empresa”. Su posición se refiere solo a la distribución del papel, pero no aceptan la participación del estado en la producción ni conducción de la empresa Papel Prensa. También ADIRA se pronunció acerca de lo que considera imperativo: evitar en el futuro los cupos y los aranceles a la importación de papel. También en este período se produjo un incremento de los fondos destinados a la publicidad oficial que alcanzó una cifra record, aumentada por el programa Fútbol para Todos que el gobierno invierte en las transmisiones de los partidos 600 millones de pesos más otros 300 millones por la producción de los eventos. Dentro de este marco, sigue siendo una gran preocupación el crecimiento de grupos empresarios periodísticos relacionados con el gobierno, asistidos discrecionalmente con la publicidad oficial. La irrupción de Twitter como herramienta de comunicación en todo el mundo ha producido un cambio en los paradigmas de la circulación de la información y las opiniones. Pero en el país, lejos de producir esos beneficios para la tarea informativa se ha convertido en un canal que profundiza las discordias. Altas autoridades del país sacaron cuentas oficiales en esos sitios y hasta disponen de estructuras de comunicación para manejarlos, pero no utilizan lenguajes acordes a esas jerarquías, se entretienen en discusiones laterales, o emplean tonos alejados a sus investiduras para asuntos de Estado. No obstante, los medios de comunicación, no desviaron su misión de defender la libertad de expresión y de promover la creación de climas que propicien el desarrollo armónico de una sociedad en conflicto y su convivencia con la prensa independiente.

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