Argentina II

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CONSIDERANDO que la escalada oficial contra Papel Prensa, principal productora de papel para diarios en la Argentina, se ha profundizado a través de un incesante hostigamiento administrativo y judicial hacia la compañía y sus socios privados, que llegó a incluir escenas de violencia protagonizadas por funcionarios públicos; CONSIDERANDO que a esa escalada incluyó una fuerte campaña de desprestigio contra los diarios accionistas, con agravios a sus directivos; CONSIDERANDO que dichas acusaciones llegaron incluso a tomar la forma de un documento oficial, presentado en la Casa de Gobierno y escrito con la manifiesta intención de criminalizar la compra de la empresa; CONSIDERANDO que el contenido de dicho documento fue desmentido por una serie de pruebas documentales, testimonios de protagonistas de la época y expedientes judiciales, que presentaron no sólo los accionistas de Papel Prensa sino otros protagonistas de la vida pública argentina; CONSIDERANDO que a pesar de que el papel se comercializa en Argentina bajo libre competencia, con arancel cero a la importación, y que existe otra fábrica nacional que hoy no produce, la avanzada del Gobierno se ha concentrado únicamente en Papel Prensa; CONSIDERANDO que evidenciando que detrás de la escalada existe un interés de control estatal de la producción y comercialización de papel para diarios, el Gobierno presentó un proyecto legislativo que declara “de interés público” y busca regular ese mercado, desconociendo las prohibiciones constitucionales y los tratados internacionales que impiden el control estatal de los insumos de la prensa; CONSIDERANDO que la cuestión se ha agravado con un reciente dictamen de comisión de la Cámara de Diputados, de corte estatista e intervencionista, que obliga a los diarios socios desprenderse de sus acciones en Papel Prensa y establece una autoridad de carácter político para controlar la producción y venta del papel; CONSIDERANDO que la Constitución de la República Argentina prohíbe el dictado de leyes sobre prensa y que el pacto de San José de Costa Rica prohíbe los controles oficiales directos o indirectos sobre los insumos a la prensa CONSIDERANDO que la Declaración de Chapultepec establece en su Art. 5 que La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa. CONSIDERANDO que la Declaración de Chapultepec establece en su Art. 7 que “las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas” LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE solicitar a las autoridades argentinas el cese de la campaña de acoso administrativo y otros hostigamientos contra Papel Prensa y sus accionistas, a fin de permitir el normal funcionamiento de la empresa que abastece a gran parte de los diarios argentinos; alertar tanto al Poder Ejecutivo como Legislativo sobre el peligro que entraña la intervención estatal en el mercado del papel, ya que –como lo demuestran los antecedentes históricos- los controles oficiales sobre este insumo básico mismo pueden ser utilizados como elemento de presión indirecta sobre la prensa; instar a los poderes públicos de la Argentina a mantener la política de libre producción, importación y comercialización del papel, que desde hace largos años rige en la Argentina, evitando la intervención del Estado en las empresas privadas.

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