Bolivia

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El Banco Unión negó créditos hipotecarios a cuatro periodistas en razón de su oficio considerado de un ‘sector sensible’, de acuerdo a la explicación ofrecida por funcionarios de esa entidad financiera que atribuyeron la medida a una ‘política interna’. Poco después, el Banco informó que no restringe créditos a los periodistas y que era falsa la información publicada por el diario El Deber de Santa Cruz de la Sierra el pasado 21 de octubre, aunque el comunicado admitió que un funcionario ofreció “información equivocada atribuida a un error de interpretación”. El periódico ratificó la información con el respaldo testimonial y grabado de las funcionarias bancarias. El caso no es violatorio de la libertad de expresión, pero ilustra una creciente y diversa animadversión contra los medios y periodistas independientes. El hecho más grave en este período es la reciente aprobación de la Ley contra el Racismo y la Discriminación Social que contiene los artículos 16 y 23, que apuntan, en el primer caso, a sacar de circulación utilizando cualquier argucia a medios y a sus propietarios que no estén alineados con el oficialismo y, en el segundo, a aplicar el Código Penal a los periodistas, atropellando la vigente Ley de Imprenta y la autorregulación. Como consecuencia del artículo 16, los jefes de noticias se encuentran ante la disyuntiva de ejercer una oprobiosa censura previa para eliminar palabras, frases u oraciones que pudieran ser consideradas racistas o discriminadoras, o correr el riesgo de causar la suspensión de la licencia del medio. La SIP alertó que la Ley antirracismo y contra la discriminación social torpemente desvirtuada en su noble finalidad, “no podrá alcanzar su verdadera dimensión ni sus fines sociales y humanos si establece la censura previa mediante la imposición de severos castigos contra el derecho público a saber”. El canal gubernamental y todo el aparato comunicacional del oficialismo, se han dado a la tarea de buscar el descrédito de periódicos, radioemisoras y redes de televisión privadas elaborando y divulgando, un ranking que clasifica a los medios más racistas. Un caso ejemplifica esta “guerra sucia”: Es el caso de las amenazas surgidas en el seno del Concejo Municipal de la minera ciudad de Oruro de enjuiciar al diario La Patria, acusándolo de discriminar a los concejales por usar la palabra ‘concejiles’ en lugar de ‘Honorables Concejales’, siendo el término un sinónimo reconocido por la Real Academia de la Lengua Española. En una reciente misión, la SIP constató ‘in situ’ que el periodismo independiente y la libertad de expresión enfrentan el mayor riesgo desde la recuperación de la democracia boliviana hace 28 años. Un riesgo emergente de una ley noble y justa en la que, sin embargo, tramposamente y de contrabando se han incorporado los dos cuestionados artículos que la Comisión Legislativa correspondiente resolvió mantener inmodificables, siguiendo el pedido público efectuado por el propio presidente Morales de no cambiar ‘ni una coma’ y prestando oídos sordos a las protestas y movilizaciones de diversas organizaciones de prensa bolivianas y extranjeras. Morales ignoró también la solicitud del directorio de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) en una reunión a las 5 de la madrugada, para que instruyera a la mayoría parlamentaria de su partido eliminar los dos cuestionados artículos y evitar que su propia imagen de demócrata se empañara. El vicepresidente Álvaro García Linera considera ‘tema secundario’ las limitaciones a la libertad de prensa y expresión, y agregó que los periodistas deben sentirse contentos con la ley y no así algunos dueños de medios de comunicación. En contradicción a García Linera, más de medio millón de personas firmaron una petición apoyando una iniciativa para que la ley sea reformada. Se debe resaltar la histórica movilización de la prensa que incluyó la publicación de las portadas de todos los diarios del país, excepto uno solo, conteniendo el mensaje “sin libertad de expresión no hay democracia”, y una huelga de hambre que se prolongó por varios días en diferentes regiones del país. Desde la reunión en Aruba, las agresiones a periodistas y medios mermaron quizás porque de los golpes y los insultos se pasó a los decretos y leyes mordaza, aunque todavía se registraron, según la ANP, 99 agresiones a periodistas y 62 medios de comunicación, incluidos estatales.

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