Bolivia

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CONSIDERANDO que el Gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, ha cambiado su estrategia de incitar a agresiones y ataques físicos a los periodistas y medios de comunicación social por parte de organizaciones sociales afines a su régimen, por la elaboración y promulgación de leyes que coartan la libertad de expresión y violan los principios jurídicos nacionales e internacionales que la garantizan; CONSIDERANDO que la necesaria y loable Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, promulgada por el Gobierno en octubre, incorpora el artículo16 que establece el cierre de medios que autoricen o difundan vagas e imprecisas “ideas” racistas o discriminatorias, coartando así la libertad de expresión; CONSIDERANDO que el artículo 23 “Quarter” de esa misma ley establece penas de cárcel de uno a cinco años para periodistas o comunicadores sociales que incurran en imprecisos e indeterminados actos racistas o discriminadores, violando la Constitución Política del Estado (CPE) que reconoce la Ley de Imprenta para sancionar excesos de prensa; CONSIDERANDO que los responsables por noticias en los medios de comunicación, incluso radios e TV, ya están empezando a aplicar censura previa y auto censura para evitar la clausura de sus medios; CONSIDERANDO que la Ley de Régimen Electoral, promulgada en junio, incluye artículos que prohíben a candidatos a magistrados del Órgano Judicial a hacer declaraciones a los medios y establece sanciones pecuniarias para éstos cuando incumplan esa norma; CONSIDERANDO que, a pesar de las promesas del Ministro de Gobierno, sigue sin investigarse y en la impunidad el ataque a balazos contra periodistas de la Red Unitel de Televisión, el 3 de septiembre de 2009, por un grupo policial encabezado por el capitán de policía Walter Andrade CONSIDERANDO la Declaración de Chapultepec establece en su Principio 2 que “nadie puede restringir o negar” los derechos que todos las personas tienen para “buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente” LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE demandar al Gobierno del presidente Evo Morales abstenerse de seguir promulgando leyes que coartan la libertad de expresión y adecuar sus normas a la Constitución Política del Estado (CPE), la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Chapultepec y otros convenios internacionales suscriptos por el Estado boliviano; pedir al Gobierno y a la Asamblea Legislativa restaurar la libertad de expresión y de prensa en Bolivia eliminando los artículos 16 y 23 de la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, atendiendo el clamor popular boliviano traducido en la recolección, solo en octubre, de más de 500.000 firmas de ciudadanos bolivianos, evitando la condena de organismos internacionales defensores de los derechos humanos. Con ello evitará que en Bolivia responsables de noticias de los medios de comunicación y periodistas de prensa, radio y televisión practiquen obligatoriamente, como ya lo están empezando a hacer, la censura previa y autocensura para que sus medios no sean cerrados; exhortar a la Asamblea Legislativa revisar la Ley de Régimen Electoral y otras promulgadas el presente año, eliminando aquellos artículos que vulneran la libertad de expresión y de prensa; solicitar al Ministerio de Gobierno cumplir con su compromiso ante las organizaciones periodísticas bolivianas de investigar y sancionar ejemplarmente a los integrantes del grupo policial de elite, encabezado por el capitán Walter Andrade, que atacó a balazos, en septiembre de 2009, a un periodista, un camarógrafo y al chofer de la red de Televisión Unitel, para que este asunto no quede en la impunidad.

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