Perú

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CONSIDERANDO que el 5 de junio del 2009, en la provincia de Bagua, en la región Amazonas; enfrentamientos entre la Policía Nacional del Perú y nativos del lugar ocasionaron la muerte de 24 policías y 10 civiles, este hecho es conocido como “el Baguazo”;

CONSIDERANDO que las autoridades de más alto rango del gobierno del Perú acusaron públicamente a Radio La Voz de Bagua, de la ciudad de Bagua Grande, departamento de Amazonas, de incitar a la violencia y ocasionar las muertes;

CONSIDERANDO que tres días más tarde, Radio La Voz de Bagua recibió una notificación anunciando su clausura aunque dicha resolución oficial argumentó incumplimiento de requisitos técnicos consignados en la Ley de Radio y Televisión;

CONSIDERANDO que luego de las gestiones realizadas por el Consejo de la Prensa Peruana, la Sociedad Interamericana de Prensa y otras organizaciones de defensa de la libertad de expresión se logró que el 19 de agosto del 2010, el gobierno peruano restituya la licencia a Radio La Voz de Bagua, durante una reunión realizada en la sede del Consejo de la Prensa Peruana, en la que participaron el Primer Ministro en ese entonces, Javier Velásquez Quesquén, y el Ministro de Transportes y Comunicaciones en ese entonces, Enrique Cornejo, quienes afirmaron que en adelante la radio no tendría ningún impedimento y se le brindarían todas las facilidades para resolver los asuntos administrativos pendientes;

CONSIDERANDO que luego de la restitución de la licencia a Radio La Voz de Bagua, se han iniciado una serie de actos administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones(MTC) que condicionan el funcionamiento de la emisora, que van desde exigir el pago de multas abusivas impuestas por el ministerio, presentar una serie interminable de documentos, planos, estudios, etc., y de soportar una denuncia penal interpuesta por el Procurador del MTC por “Hurto agravado del espectro radioeléctrico” en agravio del Estado; CONSIDERANDO que el 18 de enero, el MTC ordenó el embargo de los bienes de Carlos Flores Borja, director de Radio La Voz de Bagua, por una suma de 6,500 nuevos soles ($2,300), por concepto de pago de multas por canon. La orden del ministerio llegó después de que Flores Borja había cancelado y solicitado un fraccionamiento al saldo de su deuda, considerando la precaria economía de la radio como resultado de su arbitraria clausura en junio del 2009;

CONSIDERANDO que el 21 de febrero del 2011, la Fiscal Provincial (P) de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Utcubamba, Olga del Carmen Bobadilla Terán, acusó ante, el Juez del Segundo Juzgado Penal de la Investigación Preparatoria de la Provincia de Utcubamba, a Aurora Doraliza Burgos de Flores (propietaria de Radio La Voz de Bagua Grande), y a dos personas más, por el Delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Hurto Agravado del Espectro Radioeléctrico y solicita que se le condene a cuatro años de pena privativa de libertad;

CONSIDERANDO que la Fiscal Olga Bobadilla no ha valorado las pruebas aportadas por Radio La Voz de Bagua, por lo que a fines de marzo, el abogado Roberto Pereira del Instituto Prensa y Sociedad presentó una excepción de improcedencia de acción ante el Juez del Segundo Juzgado Penal de la Investigación Preparatoria de la Provincia de Utcubamba, ya que los hechos denunciados por la Fiscal no constituyen delitos y por lo tanto no son justiciables penalmente;

CONSIDERANDO que el Art. 7 de la Declaración de Chapultepec establece que: “Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.”;

LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE:

solicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el cese el acoso administrativo y penal contra Radio La Voz de Bagua;.

exhortar al Juez del Segundo Juzgado Penal de la Investigación Preparatoria de la Provincia de Utcubamba, que en el marco de lo que señalan las leyes vigentes, archive la denuncia presentada contra Aurora Doraliza Burgos de Flores (propietaria de Radio La Voz de Bagua Grande);

exhortar al Presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín, que tome las medidas que crea conveniente con la finalidad de asegurar que no se desarrollen procesos penales contra periodistas por hechos que no constituyen delitos.

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