CONSIDERANDO que el gobierno del presidente Hugo Chávez y el control que ejerce sobre los poderes públicos le permite seguir imponiendo leyes violatorias de la Constitución Nacional y de los tratados Internacionales, que niegan derechos humanos esenciales como la libertad de expresión;
CONSIDERANDO que esas legislaciones favorecen la criminalización de la disidencia y la persecución por razones políticas sin el debido proceso;
CONSIDERANDO que este proceso incluye el control de todo medio electrónico y amenaza la difusión de noticias a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales;
CONSIDERANDO que la persecución policial, política y judicial contra el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, contra el periodista y editor del diario El Nuevo País y la revista Z, Rafael Poleo y contra la periodista Patricia Poleo, les obliga a permanecer en el exilio;
CONSIDERANDO que el Estado Venezolano incumple la obligación dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de garantizar la libertad de buscar recibir y difundir información y el derecho a la integridad física a los periodistas y directivos de varios medios de comunicación en Venezuela;
CONSIDERANDO que continúan cerradas 34 emisoras (2009), el canal televisivo RCTV y RCTV Internacional;
CONSIDERANDO que el Art. 2 de la Declaración de Chapultepec establece que toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos;
LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE:
condenar ante la Comunidad Internacional la OEA y la ONU, las actuaciones y leyes violatorias de los principios democráticos que ha sancionado el presidente Chávez;
exigir al gobierno el cumplimiento de la Constitución y de los tratados Internacionales;
solicitar al gobierno que se permita la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
FUENTE: nota.texto7
