Impunidad / México

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CONSIDERANDO que en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa y Nayarit, distintos poderes fácticos han instalado una política de miedo, contra medios de comunicación y periodistas, con el objetivo de acallarlos y someter su agenda a los intereses de estos grupos, siendo los gobiernos incapaces de garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión;

CONSIDERANDO que unas de las tácticas de estos grupos mafiosos son las llamadas telefónicas amenazantes como ocurrió en Ciudad Juárez, lo que provocó que dos fotógrafos huyeran del país; el secuestrarlos como en el caso de dos reporteros del periódico La Verdad en el municipio de Jaltipan, Veracruz; o torturarlos;

CONSIDERANDO que otra forma incluye poner autos-bomba frente a los medios de comunicación, disparar o lanzar granadas a sus fachadas o a los domicilios de periodistas, como ocurrió en dos ocasiones al grupo El Norte, en Monterrey, Nuevo León;, Televisa en su oficina de Piedras Negras, Coahuila, y al periódico El Sur en Acapulco, Guerrero, el cual debió cerrar sus instalaciones por varios días;

CONSIDERANDO que ninguna de las autoridades municipales, estatales, tanto los poderes Ejecutivo y Judicial, han mostrado interés en los expedientes que tienen bajo su jurisdicción sobre ataques a informadores o para detener o someter a juicio a todos los responsables de crímenes y desaparición de éstos, por lo que no existe un solo caso resuelto plenamente, a pesar de los compromisos públicos que esas autoridades han hecho en estados como Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Durango, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco, por lo que con su inacción continúan alimentando un estado de impunidad y corrupción;

CONSIDERANDO que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, no ha resuelto un solo caso de los que tiene bajo su responsabilidad desde 1997 hasta la fecha, a pesar de que existen pruebas en varios casos que podrían permitir la captura de narcotraficantes y ex funcionarios posiblemente involucrados;

CONSIDERANDO que en septiembre de 2010, el presidente Felipe Calderón se comprometió ante autoridades de la SIP y del CPJ a iniciar, en enero de este año, un sistema de alerta temprana para atender las amenazas contra comunicadores y ofrecerles las medidas de seguridad necesarias; sin embargo, este esquema no ha iniciado sus operaciones como se ofreció, por falta de voluntad, de estructura operativa y de recursos económicos;

CONSIDERANDO que hace seis meses el presidente Felipe Calderón, se comprometió a reimpulsar la reforma legal que hará de los crímenes contra la libertad de expresión un delito federal, pero no se ha materializado y ya está por concluir el periodo de sesiones del Congreso;

CONSIDERANDO que diputados y senadores se comprometieron públicamente a impulsar las reformas constitucionales y penales necesarias para federalizar los delitos cometidos contra la libertad de expresión, agravar las penas y que no prescriban los mismos, pero continúan sin presentar siquiera una propuesta para ser discutida en las Comisiones y ser aprobada por el pleno del Congreso;

CONSIDERANDO que en la misión que llevó a cabo la SIP y CPJ en septiembre de 2010 el presidente Felipe Calderón asumió que vería personalmente los casos que la SIP ha promovido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza) y de los cuales se han emitido resoluciónes que han aceptado el gobierno mexicano, pero que se ha negado a cumplir, sin que hasta ahora existan muestras claras y contundentes de cumplir con este compromiso;

CONSIDERANDO que si bien es cierto se transformó la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR y adquirió mayores potestades para investigar los ataques que se cometen contra los comunicadores, también es verdad que no se le ha dotado de equipo técnico, humano y presupuesto suficientes para realizar su tarea a fondo, a pesar de que esto fue un compromiso adquirido por el gobierno federal;

CONSIDERANDO que el 5 de noviembre de 2010 el reportero del diario Expreso de Matamoros, en Tamaulipas, Carlos Alberto Guajardo, fue asesinado cuando se suscitaba un enfrentamiento entre elementos de la Armada de México y hombres armados, que cubría como enviado de su Redacción. Hasta la fecha no se ha esclarecido quién o quiénes le dispararon a bordo de su camioneta yasí como las razones;

CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”;

LA REUNION DE MEDIO AÑO RESUELVE:

exhortar al presidente Felipe Calderón que cumpla los compromisos que ofreció a la SIP y CPJ sobre: instalar un sistema de alerta temprana y de seguridad para atender las amenazas contra comunicadores; reimpulsar la reforma legal para que los crímenes contra la libertad de expresión sean un delito federal, y resolver los casos en los que la CIDH ha emitido resoluciones contra México;

reclamar a los legisladores federales que cumplan su compromiso de impulsar las reformas necesarias que permitan federalizar los delitos cometidos contra la libertad de expresión, agravar las penas y que no prescriban estos ilícitos;

instar con urgencia al Poder Ejecutivo y Legislativo a que autoricen y entreguen a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR los recursos económicos, humanos y técnicos para cumplir con su obligación;

reclamar a las Procuradurías de Justicia y a los Poderes Judiciales de los estados Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Durango, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco, que no evadan su responsabilidad de procurar e impartir justicia en los casos en que han sido asesinados o desaparecidos periodistas, así como los ataques a instalaciones de medios de comunicación, porque sólo de esa forma podrán garantizar plenamente la libertad de expresión en sus entidades;

demandar a la nueva titular de la Procuraduría General de la República que no permita que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) continúe manteniendo en un vergonzoso estado de impunidad los casos de periodistas que han sufrido atentados, han sido asesinados o permanecen desaparecidos;

demandar a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas a que se declare incompetente en las investigaciones por el homicidio del periodista Carlos Alberto Guajardo y las envíe a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, lo mismo que los otros expedientes que tiene vinculados a ataques a periodistas, para que sea este segundo órgano el que investigue y determine las razones de los crímenes, ubique a los responsables y sean sometidos a juicio, y se den a conocer los resultados.

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