Uso Discriminatorio de Publicidad Oficial

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CONSIDERANDO que los gobiernos de Argentina, de algunos países del Caribe inglés, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá han sido objeto de denuncias por la práctica de utilizar la publicidad oficial como instrumento para presionar a los medios de comunicación, pasando por alto todo tipo de criterios técnicos y de eficiencia en el uso de los recursos públicos

CONSIDERANDO que en México los gobiernos locales y estatales no son ajenos a este mal y tienen como hábito natural utilizar la discriminación en la publicidad oficial en represalia contra medios que les resultan incómodos por su política editorial crítica

CONSIDERANDO que la discriminación arbitraria en el otorgamiento de publicidad oficial constituye una modalidad de la malversación de fondos públicos y un abuso de poder político

CONSIDERANDO que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido de que la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales para castigar o premiar a los medios de comunicación atenta contra la libertad de expresión y debe prohibirse por la ley

CONSIDERANDO que en un gran número de casos estas prácticas discriminatorias son la respuesta a las denuncias y críticas de la prensa acerca de la gestión de los gobiernos y que existen medios que se hacen cómplices de esas prácticas.

CONSIDERANDO que el principio 6 de la Declaración de Chapultepec indica que “los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan” y que el Principio 7 de la Declaración de Chapultepec prescribe que “la concesión o supresión de publicidad estatal no debe aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

censurar la práctica discriminatoria de la publicidad oficial y otras medidas administrativas utilizadas para premiar o castigar a los medios de comunicación y para influir en sus decisiones editoriales y políticas informativas

deplorar, rechazar y condenar esta conducta mediante la cual los gobiernos utilizan de manera ilegal e ilegítima el dinero de los contribuyentes para violentar las libertades de expresión en todas sus manifestaciones y, al mismo tiempo, apropiarse del dinero de los ciudadanos para enriquecerse a sí mismos, enriquecer a su familia, sus correligionarios políticos y amigos

proseguir la denuncia de esta modalidad de corrupción que no solo rebaja el prestigio de los medios y periodistas sino que constituye un atentado a la libertad de prensa y de expresión

exigir a los gobiernos de todo el continente que erradiquen este tipo de prácticas ilegítimas, pero que a su vez elaboren proyectos de ley para que la publicidad oficial sea entregada con plena transparencia y bajo criterios técnicos, equidad y de manejo eficiente de los recursos públicos.

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