CONSIDERANDO que 2015 ha devenido el año más violento para el ejercicio del periodismo, pues las agresiones contra medios y periodistas superan a las registradas en años anteriores.
CONSIDERANDO que las principales agresiones se relacionan con la aplicación de la Ley de Comunicación y los procesos instaurados por la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom)
CONSIDERANDO que los medios de comunicación y los periodistas son mayormente vulnerables y son las principales víctimas de las agresiones
CONSIDERANDO que entre los principales agresores aparecen el Estado, las instituciones públicas y, particularmente, el propio presidente de la República
CONSIDERANDO que la Secretaría de Comunicación (Secom) activó un proceso administrativo con el fin de retirar la personería jurídica y, en consecuencia, disolver a la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios , Fundamedios, y que si bien la Secom dejó sin efecto ese proceso, lo hizo manteniendo la amenaza de disolución
CONSIDERANDO que el Principio 1 de la Declaración de Chapultepec establece: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
Denunciar a la comunidad internacional que la aplicación de la Ley de Comunicación ha demostrado que dicho cuerpo legal es un instrumento para restringir la libertad de expresión y de prensa y para propiciar la autocensura de medios y periodistas
Exhortar al gobierno a que suspenda las acciones de la Supercom en contra de los medios de comunicación, y denunciar el carácter represivo y antidemocrático de esa Superintendencia a los organismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos
Denunciar a la comunidad internacional que el presidente Rafael Correa y su gobierno son los principales agresores en contra de medios y periodistas
Respaldar a los periodistas y a los medios de comunicación que resisten la agresión y la violencia y exhortar al gobierno a que emprenda el camino de la tolerancia y garantice el derecho de los periodistas a ejercer un periodismo crítico, investigativo e independiente, sin verse enfrentados a agresiones verbales y físicas, sin temor a perder su fuente de trabajo, sin encontrarse con acciones jurídicas y/o administrativas en su contra
Exigir al Gobierno que garantice el debido proceso a los medios y periodistas, así como el pleno derecho a la defensa, en las acciones administrativas que surgen como consecuencia de la aplicación de la Ley de Comunicación
Invitar al presidente Rafael Correa a que solicite una Opinión Consultiva sobre la compatibilidad de la Ley Orgánica de Comunicación con los estándares internacionales desarrollados a partir del Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa Opinión Consultiva es necesaria para dirimir la discusión nacional e internacional sobre la legitimidad y compatibilidad de dicha norma con los estándares internacionales aceptados por el Estado sobre Derechos Humanos
Conminar al presidente Correa a que su gobierno emprenda el camino de la tolerancia y garantice el derecho de asociación de los ciudadanos y que, en particular, garantice la vigencia de la personería jurídica de Fundamedios.
