Perú

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Informe de la Reunión de Medio Año 2018
Medellín, Colombia
13-15 de abril
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Se ha experimentado en este período una profunda crisis política que ha mellado la credibilidad de la clase política y las instituciones. En este contexto, sólo comparable al ocurrido a fines de los noventa, el papel de la prensa ha cobrado importancia al revelar los alcances de uno de los casos de corrupción, vinculado a la operación Lava Jato, más importantes de la historia reciente del país. Esto ha generado incomodidad en la clase política, la cual ha recurrido a diversos mecanismos de presión para intentar condicionar la línea editorial de los medios.

Uno de estos mecanismos es la regulación "anti prensa". En este período legislativo, 2016 – 2021, se han presentado por lo menos 10 proyectos de ley que atentan contra la libertad de prensa, siendo el caso más emblemático el de la llamada "Ley Mordaza", presentado en noviembre del año pasado para prohibir la publicidad estatal en medios privados.

También han persistido las amenazas y agresiones contra periodistas como consecuencia de las investigaciones realizadas para revelar casos de corrupción o la comisión de delitos graves como el narcotráfico o la minería ilegal.

Persiste el acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación que son querellados por investigar y denunciar hechos delictivos, lo que reaviva el debate sobre la despenalización de los delitos contra el honor y la necesidad de mecanismos de auto regulación.

La "Ley Mordaza" busca prohibir que las entidades públicas puedan contratar publicidad con medios privados. La iniciativa, presentada en noviembre de 2017 por el congresista Mauricio Mulder, fue aprobada con una velocidad inusitada durante el receso parlamentario, luego de ser rechazada en dos ocasiones durante su trámite regular.

La promulgación fue observada por el Poder Ejecutivo y actualmente se encuentra en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso. De ser aprobada representaría un retroceso, pues dejaría sin efecto una ley vigente desde el 2006 que regula de manera adecuada la asignación de la pauta oficial. Por ello, la misma ha sido objeto de cuestionamientos por parte del Defensor del Pueblo, de la ex presidenta del Consejo de Ministros, del presidente del Poder Judicial y de organizaciones nacionales como el Consejo de la Prensa Peruana, el IPYS y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. También generó reacciones del relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, quien visitó el país en marzo, luego de pedir información a la Cancillería, así como de la SIP, Article 19 y Freedom House.

Otros proyectos de ley anti prensa pretenden sancionar la difusión no autorizada de chats, conversaciones de mensajería instantánea, planteando una pena privativa de la libertad de hasta dos años, por publicar "una comunicación telefónica o la grabación de la misma". Otro busca castigar con prisión de entre tres y seis años la difusión de videos íntimos sin consentimiento. Otro establece que los condenados e investigados por delitos de corrupción en agravio del Estado no pueden ocupar altos cargos en un medio de comunicación. Otro obliga a los medios de comunicación escritos a destinar el 2% de sus ventas anuales a un "fondo nacional del seguro social del canillita, o vendedor de periódicos, que, en la práctica, es un impuesto adicional.

También existen iniciativas para modificar diversos artículos de la Ley de Radio y Televisión que extiende el horario familiar a lugares públicos y declara de interés nacional el fomento de la cultura a través de los medios en programas de horario familiar.

En temas de acoso judicial, Miguel Arévalo Ramírez, empresario investigado por la DEA de EE.UU. por presunto tráfico de drogas, presentó a fines del año pasado tres denuncias por el delito de difamación agravada contra los medios de comunicación Ojo-Publico.com, La República, El Comercio, América Televisión y WillaxTv, así como contra los periodistas Óscar Castilla, Edmundo Cruz, Cecilia Valenzuela y Miguel Ramírez. Arévalo basa su denuncia en las investigaciones periodísticas que informan sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

En el primer proceso, el cual se encuentra desde octubre de 2017 en el 11 Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima, Arévalo denuncia a los periodistas Óscar Castilla, director ejecutivo de Ojo-Publico.com y Edmundo Cruz periodista del diario La República y solicita una condena de tres años de prisión y una reparación civil de US$ 10 millones. Pidió además que se incluya a Ojo-Público.com como tercero civilmente responsable y se le sancione con una suspensión por dos años.

En el segundo proceso, Arévalo querelló nuevamente a Óscar Castilla, así como a la procuradora antidrogas del Ministerio del Interior, Sonia Medina Calvo y a la periodista Cecilia Valenzuela solicitando para los tres una pena de entre tres y seis años de prisión y una reparación civil por US$100 millones. La denuncia, donde se incluye como tercero civil responsable a Ojo-Publico.com, así como a los diarios La República y El Comercio, y a los canales Compañía Peruana de Radiodifusión (América Televisión) y Agencia Perú Producciones (WillaxTv), se encuentra en calificación en el 29 Juzgado Penal de Lima desde octubre.

Arévalo también presentó una tercera denuncia contra el periodista Miguel Ramírez, ex editor de la unidad de investigación de El Comercio. Solicita una pena de seis años de prisión y el pago de US$100 millones por concepto de reparación civil. En la denuncia, que fue remitida al 21 Juzgado Penal de Lima y se encuentra en calificación desde octubre, Arévalo pide que se ordene la suspensión por dos años de la columna "Historias nunca contadas", que escribe el periodista en el diario El Trome, del grupo El Comercio y la inclusión como terceros civilmente responsables a El Comercio y a Ojo-Publico.com.

En materia de agresiones, el 6 de enero fue incendiado el vehículo de Juan Ferdinand Berrios Jiménez, periodista de Radio Tahuamanu. El periodista denunció ante la Asociación Nacional de Periodista del Perú que el hecho se produjo de madrugada en la puerta de su domicilio y tuvo por objetivo amedrentarlo por las denuncias que hiciera públicas contra el alcalde del distrito de Iberia, en la provincia de Tahuamanu, en Madre de Dios.

Previamente, fue agredido el periodista Manuel Calloquispe en el distrito de Mazuko, en Madre de Dios cuando cubría un operativo policial de incautación de insumos químicos y gasolina utilizados para la minería ilegal.

La demanda de amparo planteada por ocho periodistas en noviembre de 2013 (Exp. 35583-2013 4to Juzgado Constitucional de Lima), contra Empresa Editora El Comercio, sobre violación a los derechos a la libertad de expresión y libertad de acceso a información plural; por la adquisición que hiciera de las acciones de Empresa Periodística Nacional (hoy Prensmart); aún no se resuelve en primera instancia por el Poder Judicial peruano, luego de más de cuatro años; no obstante que se trata de un proceso de tutela urgente.


Al respecto, se ha presentado informes ante la Asamblea General desde octubre de 2003 y la Asamblea General se ha pronunciado mediante Resolución de México 2016, invocando al Poder Judicial peruano que resuelva la referida controversia a la brevedad posible;
solicitud que ha sido reiterada mediante Resoluciones de la Asamblea en marzo y octubre de 2017; sin embargo no ha habido resultados.

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