Argentina

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Informe ante la 74a Asamblea General
19 a 22 de octubre de 2018
Salta, Argentina
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El paradójico escenario en el que se desenvolvían los medios desarrollando su tarea con altos niveles de libertad de prensa, pero en un contexto particularmente desfavorable para su sustentabilidad, se agravó en el último semestre.

Desde abril, el país sufre una grave crisis económica que impacta duramente a las empresas periodísticas. Un aumento acumulado de la paridad cambiaria con el dólar estadounidense superior al 100% se sumó al alza del precio del papel, lo que multiplicó los costos en el sector gráfico.

Paralelamente, la profunda recesión retrajo la inversión publicitaria privada. La pauta oficial se redujo a la cuarta parte del monto correspondiente al mismo período de 2017. Una inflación estimada en 45% para 2018 agrega inestabilidad y presión a la ecuación económica de los medios. El cuadro, en suma, es de una "tormenta perfecta" para que los medios puedan seguir ejerciendo su función.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y la Asociación de Diarios del Interior (Adira) promueven la implementación de medidas estructurales por parte del Estado que le den viabilidad al sector.

En este semestre se incrementó significativamente el número de periodistas agraviados y de campañas sistemáticas de difamación en las redes sociales, apoyadas usualmente en el anonimato y en artificios tecnológicos, lo que configura preocupantes factores de afectación de la labor periodística.

Sobre agresiones físicas a periodistas se destacan casos como el de Nicolás Wiñazki, periodista de Clarín, quien en mayo fue víctima de golpes y amenazas en las inmediaciones del Congreso de la Nación por parte de militantes políticos. Al periodista Gonzalo Bonadeo, de Canal 13, en la cobertura del Mundial de fútbol en Moscú, un hincha lo agredió con una botella en la espalda. En julio, el periodista Nicolás Gil, del Diario El Chubut, fue amenazado por el titular del gremio que nuclea a los empleados de la Legislatura provincial. En agosto, los periodistas de TN y La Nación fueron amenazados durante la cobertura del allanamiento de la casa de la expresidente Cristina Kirchner. Ese mismo mes, Carolina Mulder, fotógrafa de La Voz del Pueblo, de Tres Arroyos, fue amenazada por encargados de limpieza de la firma Pronto Casa en la ciudad de Claromecó. El periodista de El Doce Federico Tolchinsky, de Córdoba, fue blanco de amenazas en las redes sociales por sus informes sobre el Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barridos de esa provincia.

En Rosario, ciudad en la que se viene registrando un alarmante crecimiento de graves delitos vinculados al narcotráfico, el periodista de Canal 5 Maximiliano Raimondi fue amenazado de muerte por un joven al que no se pudo identificar, mientras el reportero realizaba una nota sobre una niña de cinco años asesinada de un balazo, en medio de agresiones cruzadas de bandas narco.

En lo referido a medidas de censura en el ámbito público, Adepa condenó, en mayo pasado, la suspensión del acto de presentación de la película Será Venganza en la Feria del Libro de Buenos Aires, determinada por las autoridades del evento. "La libertad de expresión -señaló la organización- no sólo implica poder escuchar aquello que compartimos, sino justamente aquello que nos molesta o, incluso, que está en las antípodas de lo que pensamos".

El Grupo Crónica sostuvo que el rigorismo de ciertas dependencias administrativas excede su función, obstaculizando el desenvolvimiento de la actividad periodística.

Sobre la relación de los medios con las plataformas tecnológicas, Adepa criticó en su informe semestral de libertad de prensa, presentado en septiembre, el uso de contenidos periodísticos por parte de estas últimas, sin compartir adecuadamente los beneficios económicos obtenidos. La organización cuestionó el proyecto de ley de intermediarios, con media sanción en el Senado de la Nación, que va en dirección opuesta al reconocimiento de ese derecho y a las tendencias globales en la materia.

Dos casos de aplicación judicial del mal llamado "derecho al olvido" generan asimismo preocupación. Se trata de sendas medidas cautelares para que Google y los diarios La Voz del Interior, de Córdoba y La Gaceta de Tucumán, de Tucumán, supriman contenidos.

Pese a la inestabilidad que afecta a la industria periodística el "caso de los cuadernos", una investigación sobre corrupción en los gobiernos kirchneristas con profundos nexos entre la función pública y empresas privadas, los medios han exhibido una vitalidad sorprendente que abrió, en un horizonte dominado por la incertidumbre y el escepticismo, una expectativa inédita de regeneración institucional y de transparencia.


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