Colombia

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Informe ante la 74a Asamblea General
19 al 22 de octubre de 2018
Salta, Argentina
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El asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador por parte de un grupo disidente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en territorio colombiano, fue el hecho de mayor gravedad en este periodo.

El equipo periodístico de El Comercio, integrado por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor del vehículo que los transportaba, Efraín Segarra, fue secuestrado el 26 de marzo en la frontera entre Colombia y Ecuador. Estaban llevando a cabo un trabajo periodístico sobre la situación de orden público en la zona cuando fueron privados de la libertad en un retén del lado ecuatoriano y posteriormente trasladados a suelo colombiano donde fueron asesinados.

El 13 de abril se confirmó el hecho. Sus cuerpos fueron encontrados por el Ejército colombiano el 23 de junio. Horas antes de confirmarse la muerte la CIDH les había otorgado medidas cautelares. El 16 de julio fue capturado Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, quien según la Fiscalía fue el hombre que secuestró a los tres periodistas. A 'Cherry' le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y secuestro extorsivo. Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, capturado el 7 de julio, fue el carcelero de los periodistas ecuatorianos, según la Fiscalía. Fue el encargado de trasladarlos desde Ecuador hasta Colombia. Se le imputaron los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir.

El 5 de agosto, el entonces presidente Juan Manuel Santos informó sobre la captura de alias 'Otto' y alias 'Roberto' que también son señalados de haber participado en el crimen.

A este incidente se suman los asesinatos de los periodistas Valentín Rúa Tezada y Jairo Alberto Calderón Plaza el 2 de agosto en distintas circunstancias.

Rúa Tezada, locutor de la radioemisora Salvajina Estéreo, fue asesinado en el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca. El locutor fue atacado a tiros luego de recibir una llamada que lo obligó a salir de su vivienda. Trabajó 15 años en la emisora en la que informaba sobre temas comunitarios.

Ese mismo día fue atacado Calderón Plaza, director del portal de noticias Contacto en Tuluá, en el departamento de Valle de Cauca. Según testigos, el periodista de 29 años se desplazaba en una motocicleta cuando un desconocido que viajaba en otra moto le disparó en varias ocasiones.

En este período, también prescribieron los crímenes de Bernabé Cortés, asesinado en Cali el 19 de mayo de 1998 y de Amparo Leonor Jiménez, asesinada el 11 de agosto del mismo año en Valledupar.

El 6 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reveló la sentencia en la que declara responsable al Estado colombiano por el homicidio del periodista Nelson Carvajal. Por primera vez, una corte internacional condena a un Estado por un homicidio cuyo motivo fue el ejercicio del periodismo por parte de la víctima. El caso fue sometido por la SIP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2002 y luego pasó a la Corte IDH.

Carvajal, asesinado el 16 de abril de 1998, se había dedicado a investigar temas de corrupción y lavado de dinero proveniente del narcotráfico en su municipio: Pitalito, departamento del Huila. Fue ultimado a la salida del colegio en el que laboraba como docente.

Para la Corte IDH, el Estado colombiano es responsable por la dilación extraordinaria del caso. También por no haber investigado las amenazas que obligaron a nueve familiares de Carvajal a exiliarse.

En el plano local, el caso está al borde de la impunidad. Se encuentra pendiente la decisión final sobre la declaratoria del delito como un crimen de lesa humanidad para evitar que prescriba. La Fiscalía negó la solicitud, pero esta decisión fue apelada. En su pronunciamiento, la Fiscalía encontró aplicable al caso la Ley 1426 de 2010 que extiende el término de prescripción a 30 años.

Coincidiendo con el 19º aniversario del asesinato de Jaime Garzón, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a 30 años de prisión al ex subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) José Miguel Narváez como autor intelectual del asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón. También deberá pagar 500 salarios mínimos legales a los familiares de Garzón, cuyo crimen el 13 de agosto de 1999 conmocionó al país. Narváez "vendió" la idea de acabar con la vida de Garzón al entonces jefe paramilitar Carlos Castaño. Llamó la atención que el caso no fuera declarado de lesa humanidad y que el oficio periodístico no haya sido considerado un agravante del crimen.

Por el caso del periodista y líder de oposición, Edison Alberto Molina Carmona, ocurrido el 11 de septiembre de 2013, en Puerto Berrio, Antioquia, el juzgado 17 administrativo de Medellín declaró al Estado responsable por el incumplimiento de la obligación de seguridad y protección del derecho a la vida del periodista.

La sentencia reconoce que Molina ejercía actividades periodísticas y que, como consecuencia de su labor y de su rol como líder de oposición, habría sido objeto de amenazas que no fueron atendidas por el Estado de forma oportuna, y en particular por la Policía Nacional.

Existe preocupación en el gremio periodístico tras la aprobación el 17 de septiembre en primer debate en el Senado de la República de un proyecto de ley, el 234 de 2018, presentado por el senador Mauricio Aguilar y la representante a la Cámara, María Eugenia Triana, que revive la figura de la tarjeta profesional para los periodistas y además crea un Consejo Profesional del Comunicador social/periodista encargado de expedir dicho documento y promover "la dignificación del profesional, se fomente la función social y mediante prácticas de auto regulación de quien ejerza la profesión".

Otros hechos relevantes:

Aumentó el número de amenazas a periodistas en un contexto de posconflicto en el que también se incrementaron los crímenes contra líderes sociales. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 89 casos este año contra 65 el mismo período el año anterior.

En este período, preocupó la lentitud de la Unidad Nacional de Protección (UNP) cuando se pusieron en conocimiento casos de amenazas a periodistas, así como el retiro de protección a quienes todavía siguen en riesgo.

El 14 de abril, el grupo armado Ejército Popular de Liberación envió vía Whatsapp un mensaje intimidatorio a periodistas, directores y gerentes de las emisoras comunitarias de la región del Catatumbo, nororiente del país. En él, se les ordenada emitir un comunicado sobre el inicio de un paro armado en la región.

El 18 de abril, la emisora Cardenal Estéro, de Valledupar, Cesar, recibió cinco amenazas en un lapso de 24 horas obligándola a salir del aire.

En mayo el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, presentó una tutela contra el noticiero Noticias Uno de Medellín y el periodista Ignacio Gómez, alegando la violación de su dignidad, honra y buen nombre. El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín ordenó rectificar la información sobre un hecho que era real. De ahí que la rectificación no proceda toda vez que la información es veraz. La decisión fue impugnada por Noticias Uno y será conocida por el Tribunal Superior de Medellín.

El 17 de mayo, la Fiscalía Seccional Nariño, con apoyo de la Sijín, allanó tres emisoras indígenas y dos campesinas de zonas rurales de Pasto, considerándolas focos ilegales de radiodifusión. Además, sus equipos fueron incautados. Las tres emisoras indígenas afectadas son La Voz de Obunoco, Quilla Huirá Stereo de Catambuco, y La Voz Quillasinga de Mocondino. Los otros dos medios son Chuquimarca Stereo y Latina Stereo.

En junio, dos periodistas especializados en temas ambientales, Alberto Castaño y María Lourdes Zimmermann, tuvieron que exiliarse tras recibir amenazas. Castaño recibió la primera intimidación en marzo a través de Twitter tras haber denunciado el asesinato de líderes ambientales. También adelantaba una investigación sobre deforestación. Días después, un sujeto armado se le acercó en un establecimiento público, hecho que fue seguido de otro similar en el que un conductor de una moto sin matrícula lo abordó en un semáforo para amedrentarlo. Ante la demora en la respuesta de la UNP a su solicitud de protección para él y para su familia, tomó la decisión junto con Zimmermann, su pareja, que también había recibido amenazas en las redes sociales, incluido un ingreso indebido a su perfil de Facebook- de abandonar el país.

El 5 de junio la FLIP solicitó a la UNP medidas de protección por trámite de emergencia para la reportera Catalina Vásquez en la Comuna 13 de Medellín, tras el asesinato de algunas fuentes cercanas a ella. Esta petición no ha tenido respuesta.

El 14 de junio, la residencia de Juan José Hoyos, columnista y colaborador de El Colombiano, fue asaltada por desconocidos. Cuando el periodista llegó a su vivienda en Medellín, encontró destruida la cerradura de la puerta del apartamento y al revisar sus objetos personales notó que habían robado su computador, un disco duro, una cámara de video y una cámara fotográfica.

Katherine Leal y Juan Pablo Latorre, periodistas de RCN radio, han sido objeto de numerosas intimidaciones. El 28 de junio un sujeto que se identificó como 'el Aguapanelero' le aseguró a Leal a través de una llamada telefónica que había sido declarada 'objetivo militar' por tocar el tema de las ejecuciones extrajudiciales o 'falsos positivos' y después darle información detallada sobre su lugar de trabajo y de residencia. Le ordenó renunciar al aire en un plazo de 72 horas. En una llamada a esa misma emisora el 16 de julio, se profirieron amenazas contra los colegas Yolanda Ruiz, Jorge Espinosa y Juan Pablo Latorre. Semanas antes, el 5 de junio, una situación similar se había producido en Bucaramanga contra los periodistas de esta cadena Nelson Cipagauta, Slendy Blanco y Melissa Munera. Luis Carlos Vélez, director de la FM, también denunció amenazas en su contra a través de las redes sociales. En el primer caso, el autor se identificó como alias 'Nini' del ELN, organización que después negó estar vinculada a la amenaza.

El 25 de julio, un hombre que acompañaba a uno de los implicados en el caso de corrupción del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo agredió con un palo al fotorreportero Cristian Garavito, del diario El Espectador. Cuando notó que el también periodista César Flechas, de Caracol radio, estaba grabando lo ocurrido le arrebató violentamente el celular.

El 2 de agosto, personas que se identificaron como integrantes de las 'Águilas Negras' amenazaron a los periodistas Germán Arenas, Dubán García y Jairo Figueroa, que laboran en Mocoa, Putumayo. Las intimidaciones fueron hechas a través de la red social Facebook y de una llamada telefónica en la que se le conminaba a García a salir de la ciudad.

El 15 de agosto, desconocidos robaron un computador del equipo periodístico de Rutas del Conflicto. El equipo contenía información altamente sensible sobre víctimas en actuales procesos de restitución de tierras.

En siete oportunidades han aparecido varios panfletos firmados por las 'Águilas negras' que amenazan a periodistas y medios de comunicación nacionales. El panfleto del 4 de septiembre incluía a Daniel Coronell; el caricaturista Julio César Gónzalez 'Matador'; Jineth Bedoya y el portal La Silla Vacía. Otro mensaje del 14 de julio incluía una extensa lista de activistas, políticos, líderes sociales y periodistas en ejercicio.

También recibió el 10 de septiembre un panfleto Martha Delgado, periodista del medio alternativo El Maracanazoo, así como Guillermo Castro, de El Turbión; y Omar Vera y Juan Manuel Arango, de El Clarín de Colombia.

El 13 de septiembre, los periodistas Ernesto Mercado de RT Ruptly.tv, César Melgarejo de El Tiempo, Daniel Garzón y John Hamon, periodistas independientes, y un reportero gráfico de la Revista Semana, fueron agredidos por unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional mientras cubrían una manifestación estudiantil que se tornó violenta en la Universidad Pedagógsu derecho al buen ica de Bogotá.

El periodista y activista Ricardo Ruidíaz, dedicado a denunciar casos de trata de menores, así como amenazas a líderes sociales en la región del Magdalena Medio, denunció 10 intimidaciones. La UNP, sin embargo, le disminuyó su esquema de protección.

La periodista Jhanuaria Gómez debió abandonar el municipio de Segovia, Antioquia, tras recibir amenazas por su trabajo sobre la minería y su impacto ambiental.

En un hecho sin precedente, el fiscal Daniel Hernández radicó una acción para que se tutele su derecho al buen nombre por una columna de la periodista María Jimena Duzán publicada en la revista Semana, en la que se cuestiona la labor de la Fiscalía en una investigación por corrupción que involucra a la empresa brasileña Odebrecht. La acción fue desestimada.

El 11 y 17 de octubre las instalaciones de RCN en Bogotá fueron atacadas por manifestantes estudiantiles, quienes provocaron destrozos físicos a la sede e insultos a los periodistas. La FLIP manifestó su preocupación por la posible intervención de dirigentes políticos en estos hechos.

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