Bolívia

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Informe ante la 74a Asamblea General
19 al 22 de octubre de 2018
Salta, Argentina
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Bolivia

Septiembre ha marcado otro momento preocupante para el trabajo de los medios de información independientes. El gobierno, apoyado por una mayoría en el Congreso, promulgó la norma número 13 que obliga a los medios privados a difundir avisos gratuitos a favor de una institución gubernamental, con lo cual agrava la asfixia financiera iniciada en 2010. La norma obliga a los medios a otorgar más del 30 por ciento de sus espacios publicitarios a favor de las campañas estatales y al mismo tiempo, están privados de recibir publicidad estatal.

Desde hace algunos años, el cerco también se expresa mediante una política del miedo dirigida a los anunciantes. Las personas y empresas que colocan avisos en los medios son amenazados de represalias a través de sanciones y procesos tributarios.

La Ley de Organizaciones Políticas No. 1096, en su artículo 74, en vigor desde el 1 de septiembre, determina que cada medio debe otorgar obligatoria y gratuitamente un espacio al Órgano Electoral Plurinacional "la misma cantidad de espacio y tiempo que este les contrate para la implementación del fortalecimiento público".

"El Órgano Electoral destinará el tiempo y espacio contratado y cedido por los medios de comunicación a las organizaciones políticas que correspondan y alianzas de acuerdo a los criterios establecidos en la presente ley", señala la nueva disposición que adquiere carácter confiscatorio para los medios.

Otras 12 leyes y decretos están en vigencia desde 2010 que obligan a los medios a publicar información oficial en forma gratuita, tal como la ordenanza Presidencial de enero pasado relacionada a las campañas sobre violencia contra menores. Los medios, diarios, radioemisoras, canales de televisión y portales web, deben divulgarlas en espacios privilegiados con un alto costo para las empresas periodísticas.

A las anteriores normas se agrega una persecución tributaria contra los diarios que cuestionan las políticas públicas o hechos de corrupción. Otras entidades recaudadoras de aportes para la jubilación imponen multas con elevadas sumas de dinero.

El recurso de una nueva censura previa está en puertas. En agosto pasado, el presidente Evo Morales anunció una ley contra la mentira y señaló como objetivo de la norma a los medios de comunicación.

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) salió en defensa de las garantías constitucionales y reclamó la vigencia plena de las normas que protegen a todo ciudadano a expresar ideas y opiniones.

Los parlamentarios del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), aplaudieron el anuncio y alentaron que la ley se extienda a los ciudadanos que usan las redes sociales.

Periodistas, activistas por los derechos humanos y cibernautas temen que la nueva ley afecte el derecho fundamental a expresar ideas y se impongan procesos judiciales en tribunales ordinarios y sanciones contrarias a la Constitución y las convenciones internacionales.

El 9 de octubre, el gobernador del departamento de La Paz, Félix Patzi, suspendió las emisiones del programa radial "Cabildeo", dirigido por la periodista Amalia Pando, luego de haber entrevistado al ex presidente Carlos Mesa, candidato opositor a la Presidencia en 2019. El programa era transmitido en la emisora estatal Radio Líder, propiedad de la Gobernación.


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