Bolivia

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74ª Asamblea General
19 al 22 de octubre de 2018
Salta, Argentina
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CONSIDERANDO que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, no debe ser parte de las leyes, según el artículo 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

CONSIDERANDO que según esa declaración los "condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales", así también la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los medios

CONSIDERANDO que están en vigencia los derechos civiles y políticos de la Constitución Política del Estado de Bolivia sobre libertades de expresión y de prensa y que se reconoce el derecho a la propiedad privada que cumpla una función social y que se prohíbe toda forma de trabajo forzoso que obligue a realizar labores sin justa retribución

CONSIDERANDO que el presidente Evo Morales anunció el impulso de una "ley contra la mentira" en los medios de comunicación y en las redes sociales, iniciativa considerada una amenaza a la libertad de expresión

CONSIDERANDO que la Declaración de Chapultepec establece en sus principios que "la censura previa" y "la imposición arbitraria de información", "se oponen directamente a la libertad de prensa" (5); que "la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas" (7) y que "ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público" (10).

LA 74ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

Exigir al gobierno boliviano que cese la política orientada a la asfixia financiera de los medios de comunicación privados e independientes, dejando sin efecto la ley que obliga a los medios privados a difundir avisos gratuitos del gobierno y toda norma contraria al justo pago por prestación de servicios y de difusión de campañas estatales

Exigir que el proyecto de "ley contra la mentira" sea retirado por considerar que su real interés es limitar el ejercicio de la libertad de expresión de todos los ciudadanos y es incompatible con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos reconocidos por el Art. 13 de la Constitución.

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