La aprobación de una nueva ley de partidos y agrupaciones políticas que incuba limitaciones al derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, y otro proyecto de ley en el Congreso para imponer porcentajes y tarifas a la publicidad en los medios de comunicación, han despertado las alarmas en la prensa independiente.
Ambas iniciativas se suman al proyecto de Ley de Medios de Comunicación, bajo estudio de una comisión bicameral del Congreso.
La recién promulgada ley número 33-18, sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, va más allá de su propósito original de regular la Constitución y las entidades, castigando con penas de multas y prisión la "difusión de mensajes negativos, a través de las redes sociales, que empañen la imagen de los candidatos". (44 numeral 6)
Esta ley se apoya en artículos de la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, pero contradice principios sobre libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la información pública.
Ya ha sido presentado un recurso de inconstitucionalidad para anular esta parte de la ley, bajo el argumento de que en una campaña electoral la ciudadanía tiene derecho a obtener información sobre los candidatos, lo que garantiza la transparencia, permite fiscalizar las funciones públicas y fortalecer la democracia. Además de que existen en el Código Penal y en otras disposiciones, normas que regulan la difamación y la injuria.
La ley abre campo a infinidad de supuestos para tipificar o calificar una expresión sobre un candidato o para medir el grado de daño a la imagen de este, ya que ninguno de estos calificativos guarda relación con la veracidad de la información o invaden el ámbito de la privacidad. Con esto se corre el riesgo de que cualquier ciudadano que se haga eco de la información de una red social sea pasible a penas de prisión de hasta dos años, más multas.
La Sociedad Dominicana de Diarios ha llevado al Congreso sus objeciones a la aprobación de una Ley General de Publicidad que fijaría porcentajes, comisiones y tarifas a los avisos publicitarios que insertan los medios impresos, abriendo el camino a la intervención directa del Estado en la intermediación y en los marcos de negociaciones y fórmulas entre clientes y medios.
La organización ha dicho que esta ley colisionaría con otras vigentes y podría generar conflicto y convertirse en una camisa de fuerza que limitaría las estrategias publicitarias en el sector privado.
La prensa mantiene su oposición a la aprobación de varios artículos del proyecto de Ley de Medios de Comunicación que establecen penas de prisión para algunos "delitos de palabra" o disposiciones que obligarían a los periodistas a informar a las autoridades sobre planes o actos subversivos del que tuvieren conocimiento y a identificar a los probables implicados, so pena de ser considerados cómplices de esos actos ilícitos.
Los diarios presentaron un borrador de su propuesta ante una comisión bicameral del Congreso para limitar los agravios a la libertad de prensa.
El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) sometió ante el Senado, un proyecto que modifica la Ley 10-91, que crea a esa institución, que procura, entre otras cosas, regular el ejercicio del Periodismo, los cargos que deben ser ejercidos por periodistas en los medios, las atribuciones del CDP y los requisitos para ser miembros de la institución.
También, incorpora nuevos capítulos referentes a la independencia del periodista, la confidencialidad de la fuente, el libre acceso a la información, el derecho de identificación de sus trabajos, de su reproducción fiel y los derechos de réplica y respuesta.
Hay que recordar que en 1989 el Congreso Nacional declaró inconstitucional la referida ley porque estipulaba la colegiación obligatoria de los periodistas.
Este semestre no se han producido agresiones de ningún tipo contra periodistas por parte de las autoridades públicas.
