Venezuela

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Informe ante la 74a Asamblea General
19 al 22 de octubre de 2018
Salta, Argentina
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Este período ha sido uno de los más duros para los medios de comunicación y los periodistas independientes, con el agravante de que continúa el cierre de diarios en diversas regiones y los ataques cibernéticos contra portales de noticias, perpetrados por el gobierno a través de entidades públicas y privadas.

El propósito de las leyes y las instituciones, como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y los jueces y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), siguen siendo las armas del régimen político para desbaratar las libertades sociales e individuales.

El gobierno está apurando una nueva Constitución que buscará ser aprobada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Se sobreentiende por los anuncios que la nueva Constitución será prima-hermana de la cubana, impuesta hace 60 años en Cuba.

Estos tres quinquenios han enseñado que este proceso progresivo es cuidadosamente administrado, diversificado, calibrado y ajustado. El éxodo de más de 2.4 millones de venezolanos no fue impuesto y estimulado solamente para reducir costos y gastos sociales para el régimen, desde educación hasta salud, sino también para crear severos problemas en los países anfitriones.

La persecución, el acoso, las agresiones y el éxodo también abarcan a corresponsales extranjeros, humoristas, twitteros que comunican hechos "públicos" como la ruta del avión presidencial o comunicadores que difunden videos y/o comentarios que disgustan al régimen.
Pese a la dictadura, los medios independientes y la sociedad resisten y no se resignan a informarse por Telesur y VTV, televisoras gubernamentales.

El panorama para los medios independientes, en especial para la próspera industria de periódicos de otras épocas, es desolador. Según la ONG Espacio Público, 51 medios dejaron de operar en el país el año pasado debido a sanciones, problemas económicos y falta de insumos como el papel periódico, que monopoliza el Estado.

Los diarios El Oriental y La Verdad en Monagas solo se mantienen en versión digital; El Falconiano; La Prensa de Barinas; Versión Final en Zulia que a pesar de transformarse a semanario en mayo se quedó sin papel; El Impulso de Barquisimeto, el vespertino Diario de Lara o La Región en Miranda.

En Sucre, La Región fue el último de los diarios que dejó de circular, convirtiéndose en el único Estado del país sin medios impresos.

También dejaron de circular El Clarín de La Victoria en Aragua; Las Noticias de Cojedes; Última Hora en Portuguesa que se quedó sin papel en agosto, así como El Tiempo de Trujillo que circuló por 60 años y ahora se publica en versión digital.

Otros diarios han tenido que pasar a una frecuencia semanal como El Sol de Monagas, El Sol de Margarita, El Tiempo de Puerto La Cruz; Los Andes de Trujillo, Notitarde en Carabobo y Visión Apureña.

Entre los que redujeron días de circulación, además del diario El Nacional, se cuentan El Siglo en Aragua; La Nación en Táchira; La Verdad de Vargas; La Prensa y El Periódico de Monagas; La Prensa de Lara; El Regional en Acarigua; y en Falcón, el diario Nuevo Día que cambió de tabloide a tamaño media carta y en papel glacé para seguir activo.

El "¡Hasta pronto!", título del último editorial del Diario Los Andes (DLA) del Estado Trujillo como diario, refleja la incertidumbre y la esperanza a la vez de la industria periodística.

El 11 de agosto el diario El Nacional anunció que no circulará ni lunes ni sábado. El Nacional se sumó a un grueso número de periódicos en Venezuela que restringe su circulación a sólo cinco días a la semana, como medida de ahorro de papel.

El periódico destacó el apoyo de otros diarios del continente americano para poder mantenerse, ya que no reciben papel periódico del Complejo Editorial Alfredo Maneiro (Ceam), institución creada en 2013 por el Gobierno de Nicolás Maduro, que centralizó su venta. El Nacional añadió que seguirá "sorteando los mecanismos de asfixia, los juicios, multas, medidas sancionatorias y la censura a través de los bloqueos en Internet".

Tras el desmembramiento de la industria periodística tradicional, en los últimos años el gobierno ha afinado sus agresiones en contra de la libertad de acceso de los ciudadanos a internet y en contra del flujo informativo atacando a los portales de noticias nativos como La Patilla o El Pitazo y plataformas digitales de medios tradicionales como El Nacional web.

Justamente estos tres medios han sido las últimas víctimas de la censura digital en el país. A diferencia del resto de bloqueos, estos han sido unilaterales desde la estatal Cantv.

Los bloqueos de internet revelaron una nueva forma de censura. Los usuarios en internet tienen más dificultades para consultar contenidos noticiosos en el entorno digital a través de servicios de conexión fija (Aba CANTV) que móvil. Así se observó en junio con los dos episodios de censura en la red que afectaron a los portales de noticias La Patilla y El Nacional, que se ejecutaron sin ninguna orden judicial ni ninguna explicación formal de las teleoperadoras.

El 21 de junio la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional (AN) recibió informes técnicos de parte de los representantes de varios portales de noticias, en los cuales se evidenciaría la presunta participación de empresas privadas de telefonía móvil en el bloqueo de sus páginas web.

El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) denunció que existe una nueva forma de censura en internet. La "no respuesta" de conexión escondió la nueva modalidad de bloqueos por HTTPS contra portales web que operan en el país. IPYS agrega que los bloqueos a portales son intermitentes y destaca que entre los operadores privados, la empresa Digitel, en las mediciones de 2018, encabezó los resultados de censura digital con una frecuencia de 70% en sus impedimentos para acceder a las páginas. Indicó a modo de ejemplo que el portal de El Nacional fue víctima del bloqueo de HTTP que impidió el acceso de usuarios de Cantv, Movilnet y Movistar a la página.

Cada vez es más difícil el acceso a los portales informativos de La Patilla, El Nacional, Tal Cual, El Pitazo, Run Runes, y otros, porque los sistemas de bloqueo y filtrado de contenidos en internet controlados por el gobierno son mayores. Los más comunes: ataques de denegación de servicio, los intentos de ingresos múltiples y los bloqueos de dominios.

El sueño del régimen es disponer de una web a la norcoreana. Una intranet en la que solo quienes tienen una clave y la confianza de la cúpula lograrían acceso a las noticias del mundo exterior. Maduro preferiría nada de noticias ni interrelación en internet a menos que se use a nivel oficial.

Dieciocho años después de iniciado "el proceso" de pulverización institucional, el régimen si bien censura internet, también ha convertido a la red en el soporte esencial de su existencia, incluso como vehículo de información de sus más de 700 medios, garantes de la "hegemonía comunicacional" y la propaganda.

Otros hechos relevantes:

El 3 de mayo, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció el cierre de siete medios impresos desde enero: El Oriental (15 de enero), La Verdad de Monagas (15 de enero), El Tiempo, en su edición para la zona centro (25 de enero), El Impulso (10 de febrero), La Región de Oriente (28 de febrero), La Prensa de Barinas (2 de marzo) y Versión Final (19 de marzo).

El SNTP indicó que los siete se suman a los 40 que cerraron desde 2012 "por la negativa del Gobierno nacional de facilitar el acceso a los recursos y a la materia prima que permita mantener la producción".
En abril el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, perdió su batalla legal contra el diario The Wall Street Journal. Un juez federal en Manhattan desestimó una demanda por difamación presentada por Cabello contra Dow Jones & Co., dictaminando que el funcionario no demostró que un artículo de 2015 en diario sobre una investigación de lavado de dinero y tráfico de drogas contenía falsedades sobre él.

El 22 de mayo, Conatel abrió una investigación contra El Nacional web. Conatel acusó al diario de publicar informaciones que "desconocen autoridades legítimamente constituidas", entre cuestionamientos a la reelección del presidente Nicolás Maduro en comicios desconocidos por la oposición y varios países. El Nacional ha apelado la sentencia.

El 6 de junio, Diosdado Cabello ganó una demanda contra El Nacional. La justicia aceptó "la demanda de daño moral interpuesta por Cabello contra el diario" y ordenó pagarle "la suma de mil millones de bolívares". El monto equivale a 12.500 dólares según la cotización oficial, pero a apenas 600 en las tasas del mercado negro. En 2015, Cabello demandó a El Nacional por "difamación e injuria", tras la reproducción de un reporte del periódico español ABC que lo vinculaba con narcotráfico. Cabello había dicho que de ganar la demanda entregaría El Nacional a los empleados, lo que el diario consideró una amenaza de expropiación. "Pasará a ser el periódico de los trabajadores (...) para que se diga la verdad", aseguró el dirigente.
Cabello también intentó interponer querellas contra ABC en España, pero su demanda fue desestimada.

El 1 de julio Ipys publicó un informe sobre la falta de respuesta de Conatel para que 40 emisoras tengan permiso legal para operar. Todas cerraron.

El 31 de julio un ataque informático sacó del aire la página de Crónica Uno La página lo anunció a través de su cuenta en la red social Twitter.

El 4 de agosto Conatel censuró el documental "La huida de un Estado" del canal alemán Deutsche Welle (DW), sobre Venezuela. El canal en español fue sacado de las operadoras de cable e Intercable mantuvo a DW suspendido de la parrilla por una semana, con lo cual se sumo a los canales internacionales sacados del aire por el gobierno, como son CNN, NTN24, etc.

El 11 de agosto dos periodistas tachirenses que laboran para la agencia Reuters, Anggy Polanco y René Méndez, fueron retenidos por tres horas por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.

Un informe del 14 de agosto de Espacio Público observa que entre enero y junio de 2018 se registraron 161 casos/situaciones en los que se vulneró el derecho a la libertad de expresión, lo que representa un total de 219 violaciones al derecho. Un incremento de un 11% en relación a años anteriores.

El 20 de agosto varias organizaciones exigieron a la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, la liberación del tuitero Pedro Jaimes Criollo, quien fue detenido el 10 de mayo de 2018 en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Helicoide, por compartir en su cuenta de Twitter @Aereometeo la ruta de la aeronave presidencial, una información pública. El 12 de mayo el tribunal lo acusó por el delito de revelar información secreta de Estado. Recién 80 días después a los familiares se les permitió visitar al detenido. El expediente penal es secreto y avanza sin que Jaimes Criollo pueda escoger su defensa por lo cual las organizaciones lo califican como "preso de conciencia".

El 31 de agosto un tribunal de Caracas envió a prisión al fotógrafo independiente Jesús Medina Ezaine Medina, detenido el 29 de agosto después de trabajar en un proyecto de denuncia en un hospital y acusado de delitos que incluyen incitación al odio.

El 9 de octubre Conatel ordenó la salida del aire del programa "Gente de palabra", que transmitía la emisora privada Unión Radio. La medida ocurrió tras comentarios en los que se señaló que en el país no hubo "elecciones limpias", en referencia a los comicios presidenciales de mayo.

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