Honduras

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Informe ante la 74a Asamblea General
19 al 22 de octubre de 2018
Salta, Argentina
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El país no ofrece condiciones adecuadas para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. La legislación mantiene en vigencia leyes que contravienen los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

El acceso a la información pública sigue estando limitado, lo que genera opacidad en los asuntos públicos y debilitamiento institucional para combatir la corrupción, pese a las exigencias que han formulado la SIP y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Acerca de un proyecto de ley sobre ciberseguridad, los relatores de Libertad de Expresión de la ONU y la OEA pidieron al Poder Legislativo que se ajuste a las normas internacionales y "sobre cómo la restricción de la libertad de expresión obedece a las tres condiciones establecidas en el Art. 19.3 del PIDCP y el Art. 13.2 de la Convención Americana". La solicitud obedeció a que el proyecto contiene lenguaje ambiguo y vago.

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), presentó una petición para reformar la "Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional", porque vulnera el derecho de acceso a la información pública y el principio de transparencia.

La inseguridad de los periodistas se ha mantenido a niveles similares a los registrados durante la crisis post electoral de diciembre del 2017, y se reportan casos de agresiones por parte de agentes de la Policía Nacional durante manifestaciones públicas. Entre esas agresiones y amenazas, se destacan las recibidas por el sacerdote Ismael Moreno Coto, director de Radio Progreso, y la periodista Sandra Maribel Sánchez.

La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se hizo eco de denuncias sobre campañas de odio y estigmatización a través de redes sociales y portales de internet contra medios de comunicación y periodistas.

Se mantienen vigentes figuras penales que criminalizan y castigan las expresiones críticas referidas a funcionarios públicos y sobre asuntos de interés público, situación que también afecta a profesionales de la comunicación y a ciudadanos en general.

El 5 de junio, el Congreso derogó el Art. 335-B del Código Penal, que violaba el derecho a la libertad de expresión. El artículo establecía que quien "públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de este, será sancionado con pena de cuatro a ochos años de prisión".

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