Perú

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Informe ante la Reunión de Medio Año
Del 29 al 31 de marzo de 2019
Cartagena de Indias, Colombia
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En el último semestre se presentaron nuevas agresiones y amenazas contra periodistas que cubren hechos de interés público, lo que pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de alerta y protección para periodistas. Asimismo, surgieron nuevos casos de acoso judicial contra periodistas, con la aparente complicidad de actores del sistema de justicia. A nivel normativo, los mecanismos de tutela constitucional y la oportuna reacción de organizaciones de la sociedad civil han impedido que avance una agenda legislativa “anti-prensa”.

En un contexto en donde el crimen organizado, la delincuencia común y la corrupción ocupan los titulares y los mecanismos de protección para periodistas muestran severas deficiencias, el ejercicio de la profesión es una actividad de alto riesgo, sobre todo a nivel regional, donde persisten los casos de agresiones física y amenazas como ocurre en San Martín y Madre de Dios, donde imperan mafias tan poderosas como las de minería ilegal, narcotráfico y trata de personas.

En un contexto de marcada inestabilidad política, que es consecuencia directa de los casos corrupción que involucran a jueces, fiscales, políticos y empresarios del país, el papel de la prensa ha sido determinante. Ello ha traído consecuencias, una agenda legislativa “anti-prensa” impulsada desde el parlamento, acompañada de una campaña de estigmatización para desprestigiar a los medios y periodistas independientes. Sin embargo, estos efectos han sido mitigados por la reacción de la sociedad civil y el funcionamiento de los mecanismos de tutela constitucional y control político.

Al mismo tiempo, existe falta de voluntad política sobre transparencia y acceso a la información pública, con lo que quedaron encarpetados proyectos de Ley que buscan fortalecer a la Autoridad Nacional de Transparencia.

En los últimos meses, han surgido nuevos procesos judiciales contra periodistas como consecuencia directa del trabajo de investigación que realizan, siendo el más notorio, el iniciado contra los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas por el trabajo realizado sobre supuestos casos de abuso perpetuados por miembros del Sodalicio de Vida Cristiana.

Otros hechos sobresalientes:

El 9 de octubre, la congresista del partido Fuerza Popular Esther Saavedra agredió a Edgar Alarcón, periodista del diario El Poder, en un tribunal en la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín. Alarcón cubría la diligencia judicial en la que la congresista brindaba testimonio por una investigación por presuntamente haber presentado al Congreso documentos falsos para sustentar sus estudios.

En un video sobre la agresión se ve también a varios agentes de la policía intentando detener al periodista. Alarcón fue llevado a un patrullero, en medio de reclamos de quienes exigían la presencia de un fiscal para que verificara los motivos por los cuales lo estaban deteniendo.

El 20 de diciembre, el periodista Manuel Calloquispe, corresponsal de Latina y El Comercio en la región Madre de Dios, fue amenazado de muerte por el familiar de un presunto cabecilla de una banda de delincuentes, cuando cubría una audiencia de prisión preventiva contra los integrantes de dicha banda.

El Obispo de Piura, José Antonio Eguren, demandó por supuesta difamación agravada a los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, quienes investigaron los abusos cometidos al interior del Sodalicio de Vida Cristiana. En su demanda exige la reparación civil de S/ 200 mil y la pena de cárcel no efectiva de tres años. Los periodistas han manifestado su preocupación de que el debido proceso se vea vulnerado por la influencia del obispo en la región. El proceso es en Piura, diócesis a la que pertenece el obispo, pese a que el domicilio de los periodistas es en Lima. La Corte Superior de Justicia de Piura se negó a trasladar la querella a Lima.

Desde el inicio de la presente legislatura (2016-2021) han surgido proyectos normativos que atentan contra la libertad de prensa. El caso más emblemático fue el de la llamada “Ley Mordaza” que buscaba prohibir a las entidades públicas contratar publicidad con medios privados. Fue presentada en noviembre de 2017 por iniciativa del congresista Mauricio Mulder, aprobada por insistencia en el parlamento, pese a las observaciones del Ejecutivo, el rechazo de organizaciones y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, por considerarla discriminatoria.

Luego el Tribunal Constitucional sentenció -con seis votos a favor y uno en contra- su inconstitucionalidad por vulnerar derechos fundamentales como el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública.

Se debate en el seno de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso otro proyecto de ley que regula la publicidad estatal. En diciembre la Comisión llamó a representantes de gremios y de la sociedad civil para expresar sus opiniones.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, expresaron su respaldo a la propuesta legislativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que empodera y otorga autonomía e independiza a la Autoridad Nacional de Transparencia, a fin de que resuelva las controversias en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. La propuesta también le otorga poderes para desclasificar información que permanece indebidamente oculta a la opinión pública. La norma todavía no fue aprobada.

La Corte Suprema de Justicia de Perú decidirá en última instancia sobre el recurso de nulidad a la sentencia de octubre que declaró inocente a Daniel Urresti, uno de los presuntos autores directos del asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra, perpetuado hace 30 años. Diversas organizaciones han exigido que en el juicio se valoren las pruebas de acuerdo con los estándares internacionales. El Ministerio Público ha solicitado que se revoque la sentencia absolutoria en favor del ex ministro Daniel Urresti, quien fue exculpado por Sala Penal Nacional. Sustentan su pedido en la existencia de vicios procesales y en la inadecuada valoración de las pruebas testimoniales que implican a Urresti en el asesinato del periodista. En los testimonios, se identifica a Urresti como “el capitán Arturo” presente en el lugar de los hechos.

La demanda de amparo planteada por ocho periodistas en noviembre de 2013 (Exp. 35583-2013 4to Juzgado Constitucional de Lima), contra la Empresa Editora El Comercio y otros, sobre supuesta violación a los derechos a la libertad de expresión y libertad de acceso a información plural; por la adquisición que hiciera de las acciones de Empresa Periodística Nacional (hoy Prensmart); aún no se resuelve en primera instancia por el Poder Judicial peruano; encontrándose expedita para sentencia desde octubre de 2018.

Al respecto, la SIP ha expresado mediante diversas resoluciones su invocación (asambleas generales de 2013 y 2016), su exigencia (reuniones de medio año de 2017 y 2018) y su apremio (asamblea general de 2017); para que el Poder Judicial, resuelva esta demanda de tutela de derechos constitucionales; cuya tramitación por exigencia de la Ley es preferente y está sujeta a plazos muy reducidos.

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