Estados Unidos

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Informe ante la 75 Asamblea General de la SIP

Del 4 al 7 de octubre de 2019

Coral Gables, Florida

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Los periodistas y los medios de noticias continúan enfrentando desafíos cada vez mayores a su capacidad de recopilar noticias y divulgarlas, a medida que el país se acerca al cuarto y último año del primer mandato del presidente Donald J. Trump.

La administración Trump sigue siendo abiertamente antagónica hacia los medios de comunicación, fomentando un ambiente de hostilidad y desconfianza hacia los periodistas.

El gobierno ha mostrado favoritismo hacia personalidades de las redes sociales y medios que lo apoyan, mientras limita drásticamente el acceso de la prensa a la Casa Blanca. Al mismo tiempo, los periodistas han recibido agresiones físicas de parte del público, así como acciones agresivas de la policía.

Los esfuerzos continuados del Departamento de Justicia para investigar y enjuiciar las "filtraciones" a miembros de los medios de noticias, y su decisión de acusar, por ejemplo, a Julian Assange por la "pura publicación" de secretos gubernamentales, ponen en peligro la capacidad de los periodistas para obtener información de fuentes confidenciales y la protección para publicar material de interés periodístico.

Además, la Corte Suprema de los Estados Unidos dio a conocer que restringiría el acceso de la prensa y el público a información sobre empresas vinculadas con el gobierno, que anteriormente estaba disponible en virtud de la Ley de Libertad de Información.

No ha cesado el usual menosprecio del presidente Trump hacia los medios de noticias en Twitter, en mítines de campaña y otras declaraciones públicas. A través de tuits, califica a menudo a la prensa de engañosa y poco confiable, considerándola "Fake News Media", "LameStream Media" y "Enemy of the People".

Desde hace poco ha comenzado a llamar "corrupta" a la industria de los medios de noticias y declarado que la prensa es su "verdadero contendiente" en las próximas elecciones. En respuesta a las recientes preocupaciones sobre la posibilidad de una crisis financiera, Trump acusó a la prensa (junto con sus opositores políticos) de intentar "fabricar una recesión", a pesar de lo que considera el fuerte crecimiento económico del país.

Normalmente señala periódicos, cadenas de televisión específicos y reporteros individuales como particularmente deshonestos o dignos de desdén, una conducta que se hace eco de los partidarios que cantan "CNN apesta" en sus mítines de campaña de reelección. Los ataques del Presidente a los medios de noticias se ven reforzados por los esfuerzos de varios aliados del gobierno que realizan investigaciones con el objetivo de desenterrar y divulgar información embarazosa sobre periodistas considerados críticos de Trump, a fin de socavar su credibilidad.

El 11 de julio el Presidente organizó una "cumbre de redes sociales" en la Casa Blanca, durante la cual proclamó que las redes sociales han superado en importancia a los medios tradicionales y lanzó una afirmación no respaldada de que los gigantes de los medios en línea, entre ellos Google, Twitter y Facebook, muestran sesgos anticonservadores, censuran puntos de vista conservadores y prohíben "en la sombra" cuentas de orientación conservadora. Entre los 200 invitados a la cumbre se encontraban varias figuras en línea que usan sus plataformas para propugnar puntos de vista extremistas. Tres miembros republicanos del Congreso también aparecieron en la reunión, haciéndose eco de las quejas del Presidente sobre la censura en las redes sociales de las ideas conservadoras.

Los periodistas continúan enfrentando ataques físicos y amenazas del público, así como arrestos injustos y confiscaciones de equipos a manos de la policía.

La policía arrestó a un periodista y le confiscó su equipo cuando este cubría una manifestación sobre el cambio climático en la ciudad de Nueva York en julio. La policía también revocó su pase de prensa, aunque lo devolvieron junto con el equipo una semana después. Fue acusado de un delito menor de intrusión criminal.

Los agentes de la ley dispararon a varios periodistas con balas de goma de "control de multitudes" mientras filmaban e informaban sobre las protestas en San Juan, Puerto Rico, a fines de julio.

Un partidario de Trump amenazó a un periodista que lo estaba filmando con un teléfono celular en un mitin de campaña. Mientras el periodista filmaba y se retiraba, el partidario de Trump se le acercó, le golpeó la mano y su teléfono cayó al suelo. El asistente al mitin fue arrestado como resultado de su conducta.

Dos periodistas fueron agredidos por el público para evitar que documentaran un altercado físico durante una protesta en Salt Lake City, Utah.

En agosto, el dueño de un negocio en Colorado Springs, Colorado, que había autorizado que un equipo de noticias lo entrevistara se volvió agresivo con los reporteros. Cuando comenzaron las preguntas, les dijo que se fueran, luego tomó a uno de los reporteros por la muñeca, empujó a los dos periodistas y tiró la cámara al suelo.

Un reportero de televisión fue amenazado a punta de pistola en Killeen, Texas, en mayo. Otra camioneta del equipo de noticias recibió un disparo en Toledo, Ohio, en julio, aunque nadie resultó herido.

La confrontación hacia los miembros de la prensa ha llegado incluso al mundo de los deportes. Un lanzador de béisbol de los Mets de Nueva York amenazó a un periodista de deportes en el vestuario después de un partido el 23 de junio, y el gerente del equipo exigió que el reportero fuera expulsado del lugar.

El Departamento de Justicia acusó el 23 de mayo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, de 17 cargos de violación de la Ley de Espionaje, lo cual establece un precedente alarmante. De dichos cargos, tres buscan castigar la "simple publicación" en línea de secretos del gobierno. Otros cargos se relacionan con el papel de Assange en facilitar supuestamente la filtración de información confidencial de Chelsea Manning. Los últimos tres cargos se refieren a la mera publicación de información gubernamental.

La Ley de Espionaje no contiene excepciones para la prensa o para información de interés periodístico, lo que hace que la publicación por la cual Assange fue acusado sea materialmente indistinguible de la publicación de secretos gubernamentales por parte de organizaciones de noticias como The New York Times, con independencia de cómo se obtuvo el material. La decisión del Departamento de Justicia pone en riesgo a los periodistas de enfrentar cargos penales al cubrir temas de interés periodístico relacionados con información clasificada del gobierno.

Continúan las investigaciones y arrestos de empleados del gobierno que filtran información clasificada a la prensa. En mayo, el exanalista de inteligencia de la Fuerza Aérea, Daniel Everette Hale, fue acusado de filtrar información confidencial a un periodista.

Las acciones del Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) durante el curso de una investigación sobre la filtración de un informe policial al periodista independiente Bryan Carmody dieron lugar a una protesta de los miembros de la prensa y el público.

El 10 de mayo, el SFPD ejecutó órdenes de allanamiento del hogar y la oficina de Carmody, y confiscó dispositivos electrónicos, notas y documentos. El periodista fue detenido durante el registro y, según informes, agentes del FBI lo interrogaron durante su detención. Queda por ver si se siguió el protocolo del Departamento de Justicia, que requiere la aprobación del fiscal general antes de que los agentes del FBI puedan interrogar a un periodista sobre su actividad de recopilación de noticias. Otra orden de allanamiento, que permitió a la policía monitorear el teléfono de Carmody, se emitió de conformidad con una solicitud que no lo identificó adecuadamente como miembro de la prensa, lo cual es una violación de la ley de California. El juez que emitió la orden la anuló más tarde y ordenó a la policía que destruyera las pruebas obtenidas. El jefe de policía de San Francisco se disculpó por los registros ilegales en el hogar y oficina de Carmody.

La Casa Blanca continúa brindando acceso mínimo a la prensa, y no ha dado conferencias de prensa desde el 11 de marzo. En una movida que recuerda bastante la decisión de despojar al corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Jim Acosta, de su pase de prensa en noviembre de 2018, el 5 de agosto fue suspendido temporalmente el pase de prensa del corresponsal de la revista Playboy, Brian Karem.

La suspensión fue supuestamente una respuesta a la participación de Karem en un acalorado intercambio con el exestratega de la Casa Blanca, Sebastian Gorka, en la cumbre de las redes sociales del 11 de julio. La Casa Blanca afirmó que Karem había violado estándares de "decoro", los cuales nunca se han articulado públicamente. El periodista presentó una demanda impugnando la suspensión, y el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa (RCFP) presentó un escrito amicus en su apoyo, argumentando que la Casa Blanca debe seguir un debido proceso antes de suspender las credenciales de seguridad de un periodista. El 3 de septiembre un juez de un tribunal de distrito federal ordenó a la Casa Blanca restablecer de inmediato el pase de prensa de Karem, al quedar demostrada una violación de sus derechos de debido proceso.

En un fallo de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos interpretó de manera amplia la exención de la Ley de Libertad de Información (FOIA), para limitar el acceso público a documentos oficiales con información de empresas recibida por el gobierno. Según la decisión del Tribunal en el caso Food Marketing Institute vs. Argus Leader Media, la información "tratada por su propietario de manera habitual y real como privada, y se proporciona al gobierno bajo una garantía de privacidad" está exenta de divulgación pública bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).

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