Bolivia

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Informe ante la 75 Asamblea General de la SIP

Del 4 al 7 de octubre de 2019

Coral Gables, Florida

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La realización de las elecciones generales, el 20 de octubre, está marcada por una censura previa aplicada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la difusión de encuestas que incumplen una ley promulgada en el año 2010, y que según observadores políticos y organizaciones defensoras de las libertades ciudadanas es contraria a convenciones internacionales y la propia Constitución Política del Estado (CPE).

El matutino centenario El Diario denunció ser víctima de un cerco tributario que, en 20 años, le impidió cumplir con sus obligaciones, alertando sobre su alta fragilidad financiera.


En 2001, la empresa periodística comenzó un complejo trámite de pago de impuestos en especies, una modalidad aceptada por la legislación, pero el proceso fue interrumpido antes de que diera comienza la tercera sesión de remate de los bienes entregados como pago.


En 2002, la gestión fue interrumpida sin mayores explicaciones por la administración tributaria, y en la actualidad, 17 años después, la autoridad declara en comunicaciones escritas que no posee ningún antecedente de dicho proceso. Contradictoriamente argumenta que El Diario adeuda 96 millones de dólares.


El Diario denunció que el desconocimiento de dos pagos, uno en especies y otro en efectivo, este último realizado entre 1998 y 2004, sea una estrategia gubernamental para silenciar su voz independiente.


En una decisión del 11 de septiembre comunicada a la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), el TSE prohibió la difusión de una encuesta realizada por esa universidad, junto a medios independientes de comunicación, porque no se informó sobre la financiación del estudio.


Los resultados de la encuesta indicarían que no habrá claro ganador entre el presidente Evo Morales y el candidato Carlos Mesa, por lo que habrá segunda vuelta. Otras encuestas dan amplia ventaja a Morales para su cuarta reelección.


Frente a las posibles sanciones, los medios evitaron difundir la encuesta, con excepción de la Agencia de Noticias Fides (ANF), y las redes sociales. La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP-Diarios) solicitó al TSE que las encuestas y estudios de opinión sean difundidos libremente, sin el requisito de autorización previa.


La ANP-Diarios señaló que sólo 36 medios nacionales y 44 de alcance departamental fueron habilitados para difundir estudios de opinión.


Varias organizaciones periodísticas, entre ellas la ANP-Diarios, sufrieron ataques a través de versiones informativas manipuladas en portales sin autoría, en clara acción de desacreditar a los medios.


Las marcas registradas de los diarios Los Tiempos, El Deber y Página Siete, fueron empleados para crear sitios en redes sociales con el propósito de difundir mensajes gráficos y versiones sobre temas que afectan a la imagen de personajes públicos.


Se mantiene la política desde el gobierno de bloquear la asignación de avisos estatales a medios independientes, mientras se privilegia a medios con agenda informativa favorable al gobierno.


En mayo, el periodista Juan Pablo Guzmán, denunció que el Ministerio de Comunicación elabora la agenda de entrevistas de una parte de los canales privados de televisión, excluyendo temas y preguntas que generan incomodidad a funcionarios entrevistados.


El periodista del diario El Deber de Santa Cruz, Guider Arancibia, denunció que sufrió amenazas verbales del ministro de la seguridad interna, Carlos Romero Bonifaz, por publicaciones relacionadas a la detención y vinculaciones del presunto narcotraficante Pedro Montenegro.

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