Aunque en abril el presidente aprobó una ley del Congreso que promovía una transición en la obligación de publicar los balances de empresas de los periódicos impresos a los sitios web de los periódicos, dicha ley fue revocada a principios de agosto. El presidente Bolsonaro explicó irónicamente que estaba "retribuyendo" a los periódicos por el trato injusto que él y su gobierno recibían. Explicó que la decisión perjudicará financieramente a los periódicos, y citó en particular a Valor Econômico, un diario del Grupo Globo especializado en economía y finanzas.
Un mes después, a principios de septiembre, en la misma línea de debilitar financieramente a los periódicos, el Presidente emitió otra norma legal. Determinó que los documentos de licitación del gobierno ya no necesitan publicarse en periódicos impresos, ignorando el debate que se lleva a cabo sobre el tema en el Congreso, donde también se examina la transición del modelo impreso actual al modelo digital. En ambas iniciativas, el presidente usó la figura de la Medida Provisional, una especie de decreto presidencial que comienza a producir sus efectos inmediatamente, aunque luego puede ser modificado o rechazado por el Congreso. Los ingresos provenientes de la publicación de documentos de licitación del gobierno son importantes, especialmente para los periódicos pequeños y medianos.
El partido político Rede Sustentabilidade presentó al Tribunal Federal Supremo (STF) demandas de inconstitucionalidad contra las medidas provisionales que obvian la publicación de balances y documentos de licitación. La Asociación Nacional de Periódicos (ANJ) participa en estas acciones, como amicus curiae.
Básicamente, ambas demandas afirman lo siguiente: no se justifica la urgencia de las medidas provisionales; considerando que la intención real del presidente, hecha públicamente, es dañar a la prensa; considerando que el Congreso aprobó recientemente una transición de la impresión a la publicación digital de los balances, sancionada por el presidente; considerando que el Congreso también está debatiendo una transición a la publicación de los documentos de licitación; y finalmente que ambas medidas socavan la transparencia de la información de interés público. La Corte Suprema aún no se ha pronunciado al respecto.
El presidente y sus tres hijos, miembros del Parlamento —un senador, un diputado federal y un concejal de la ciudad de Río de Janeiro— han utilizado a menudo las redes sociales para atacar a la prensa, los periodistas y las empresas de noticias. Los parlamentarios aliados del Presidente, e incluso los ministros de Estado, siguen la misma línea.
Persiste la violencia contra los periodistas. Desde marzo a septiembre, hubo dos asesinatos.
El 25 de mayo, el periodista Robson Giorno, del periódico impreso y portal en línea "O Maricá", fue asesinado en la ciudad de Maricá, en el estado de Río de Janeiro. Ambos medios de comunicación son conocidos por sus acusaciones contra políticos de diferentes grupos y partidos en la región. Robson fue muerto a tiros en su camino a casa.
En la misma ciudad, el 18 de junio, el periodista Romário Barros, del portal "Lei Seca Maricá", fue asesinado. Al igual que Robson, se destacó por cubrir temas de corrupción e irregularidades cometidas por las autoridades locales. Romario se hallaba en su auto cuando le dispararon.
También se relaciona un caso de censura de prensa, aunque la Constitución excluye cualquier tipo de censura. Por determinación del ministro Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema Federal, que tiene precisamente la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución, la revista electrónica "Crusoe" dejó de publicar durante cuatro días un reportaje sobre el presidente de la corte, ministro Dias Toffoli. La censura fue impuesta el 15 de abril y, después de muchas críticas, incluso por parte de otros ministros del CSF, fue revocada el 19 de abril por el propio Alexandre de Moraes.
