Canadá

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Informe ante la 75 Asamblea General de la SIP

Del 4 al 7 de octubre de 2019

Coral Gables, Florida

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Durante este período han seguido existiendo controles y sanciones severas contra los periodistas que buscan noticias consideradas inconvenientes por el gobierno. Del mismo modo, persisten restricciones a la disponibilidad de información, así como interferencias como resultado de la vigilancia permanente de la actividad de los periodistas

Estos problemas se reflejan en la preocupación de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, por la existencia de serias amenazas al derecho constitucional de disentir y expresar opiniones, creencias e interpretaciones de asuntos sociales, científicos, políticos y económicos.

El Gobierno Liberal afrontó una aguda crisis al lidiar con su exfiscal general, Jody Wilson-Raybould, y la exmiembro Liberal del Parlamento Jane Philpott, a raíz de la investigación de corrupción de SNC-Lavalin. En los niveles superiores del gobierno se discutieron entonces varias demandas a favor de mayor transparencia y acceso a la información. Al final, el gobierno fijó su posición ante el escándalo, lo cual dejó la percepción de que se necesita una reforma democrática urgente y una postura más fuerte en las ramas legislativa y judicial respecto de la rendición de cuentas de las autoridades gubernamentales.

Como una victoria "histórica" para la libertad de prensa se considera el fallo del Tribunal Supremo del 27 de septiembre que dejó de lado una orden de divulgación emitida por el Tribunal Superior de Quebec que habría obligado a la periodista de Radio-Canada, Marie-Maude Denis, a revelar su fuente. El tribunal supremo dijo que la protección de las fuentes es importante y que debe ser de interés público para obligar a un periodista a revelar sus fuentes.

En vista de las próximas elecciones federales del 21 de octubre de 2019, el debate sobre la transparencia del gobierno ha adquirido vida propia, pues se convierte en materia para la manipulación política y las promesas acaloradas de reforma constitucional.

Un nuevo factor que afecta el debate político y la libertad de información es la forma autocrática con la que el Partido Liberal ha decidido nombrar a los diferentes candidatos regionales que lo representarán en el debate federal. Por lo visto, el partido obvia sus propias reglas para la elección democrática, distrito por distrito, de cada persona designada. Los líderes de la organización han alegado que, según las reglas internas del Partido, no hay obligación de que este revele las razones por las cuales tiene que aprobar o vetar a un candidato.

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