Caribe

No hay nada nuevo respecto de la petición que hizo la Comisión de Radiodifusión de Jamaica (BCJ, por sus siglas en inglés) al Gobierno para que aumente su responsabilidad de supervisión, más allá de los medios electrónicos gratuitos, para vigilar las plataformas de redes sociales.

Los medios de comunicación y las asociaciones de prensa han pedido la abolición de una disposición de la Ley de administración y justicia penal que prohíbe la fotografía o boceto de los acusados ​​en la sede del tribunal. Las sanciones por incumplimiento de esta disposición incluyen multas y encarcelamiento. Este elemento preocupante de la ley volvió a ser el centro de atención cuando el parlamento trató de modernizar las multas asociadas con las infracciones de la ley. Durante este proceso general, la multa por esta infracción se elevó al equivalente cercano a $10.000 dólares.

Se argumenta que la sanción no tiene lugar en el mundo moderno, donde muchas otras limitaciones han sido abolidas desde hace tiempo y donde los avances tecnológicos han generado otros métodos de captura de imágenes en los tribunales. La magnitud de la multa y la posibilidad de un proceso penal no solo representan una amenaza para el periodista sino también para el ciudadano común

Barbados

Prosigue la lucha por la libertad de prensa y un mayor acceso a la información que permita a los profesionales de los medios llevar a cabo sus trabajos de manera efectiva educando e informando al público sobre asuntos de importancia nacional. Desafortunadamente, en este momento aún queda mucho por hacer para convencer a los funcionarios, tanto en el sector público como en el privado, acerca de la importancia del papel esencial que desempeñan los medios en la sociedad.

Los medios continúan investigando las promesas hechas por el Gobierno del Partido Laborista de Barbados, que ganó por aplastante margen en las últimas elecciones, y los graves problemas que afectan a todos los barbadenses, ya que los medios aún consideran relevante su papel como "oposición no oficial".

El crecimiento de las redes sociales continúa y ello obliga a los medios a pensar de manera diferente cuando se trata de presentar y empaquetar las noticias y el resto del contenido; el desafío sigue siendo monetizar el contenido.

Trinidad y Tobago

Las organizaciones de medios de comunicación lidiaron con problemas de libertad de prensa, incluido el acoso a empleados de las redes sociales, así como dos incidentes relacionados con los puntos de vista del Estado que, según estas organizaciones, podrían potencialmente afectar el principio de libertad de expresión y la libertad de prensa.

En una reunión de mediados de septiembre, la Asociación de Medios de Trinidad y Tobago discutió un tema que parece adquirir cada vez mayor importancia: los ataques en línea contra los profesionales de los medios por su trabajo como periodistas.

Periodistas hombres y mujeres han informado sobre las formas en que algunas personas, que no comparten sus opiniones, utilizan las redes sociales para enviar mensajes de odio, así como amenazas veladas a su seguridad personal

Hubo una operación de búsqueda por parte de la policía en las instalaciones de una estación de radio y televisión operada por una de las principales organizaciones religiosas del país. Esto fue resultado de las declaraciones realizadas por el Director Ejecutivo de dicha organización sobre las actitudes laborales de personas que residen en la más pequeña de nuestra isla gemela. Surgió un problema a partir de esa búsqueda, y después de meses, las autoridades policiales que ordenaron la acción no habían presentado una copia de la orden que hubiera legitimado la acción.

El líder de uno de los principales sindicatos del sector público del país fue arrestado y acusado por la policía debido a una declaración que hizo al dirigirse a los trabajadores en una de las sucursales del sindicato. En conjunto, estos asuntos muestran el intento de frenar los derechos de libertad de expresión. Las autoridades citaron posibles violaciones de una Ley de "sedición" que tiene siglos de antigüedad.

En otra serie de acciones separadas, el gobierno anunció intenciones de alterar los arreglos relacionados con el acceso público a la información bajo la Ley de Libertad de Información. Un proyecto que busca enmendar esta ley considera la oficina del Fiscal General como una agencia para determinar los méritos de un reclamo por dicha información. En este caso, la Asociación de Abogados del país se unió a otros defensores de la libertad de expresión para denunciar la medida.