La labor de la prensa se siguió desarrollando en este período en un marco institucional de respeto a la libertad de expresión, sin represalias ni hostigamientos sistemáticos desde el Estado. Al mismo tiempo, el contexto económico continuó configurando un riesgo cierto para la sustentabilidad de las empresas periodísticas. En los últimos informes se sostenía que los medios, sobre todo los diarios, vivían una "tormenta perfecta". La crisis cambiaria en abril del año pasado se combinó con la devaluación de un 50% de la moneda produciendo una recesión feroz. Los medios experimentaron desde entonces una caída en picada de sus ingresos publicitarios por una extendida cancelación de campañas y retracción de avisos. A los medios impresos se les sumó una duplicación inmediata del costo del papel a nivel internacional.
Desde el 11 de agosto, a raíz del impacto generado por resultados en las elecciones primarias, la moneda sufrió una nueva y fuerte devaluación, el riesgo país pasó de menos de 900 a más de 2.500 puntos, el Gobierno reprogramó pagos de deuda pública y restringió la compra de dólares al constatar que los depósitos bancarios y las reservas del Banco Central habían tenido un pronunciado descenso. Reapareció, en definitiva, el temor propio de las más graves crisis argentinas. La viabilidad de las empresas periodísticas está en serio riesgo por cuestiones económicas, pero también porque se puedan reeditar los problemas de libertad de prensa en los gobiernos anteriores.
El procesamiento del periodista Daniel Santoro, dictado en agosto, es el caso más alarmante del período. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, resolvió avanzar con esta medida en el marco de la denominada causa D´Alessio, en la que se investiga la comisión de una serie de extorsiones. No surgen del fallo elementos que vinculen al periodista con estos delitos. Organizaciones como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, el Foro de Periodismo Argentino, la Academia Nacional de Periodismo y la SIP manifestaron su preocupación por esta decisión judicial que criminaliza el oficio periodístico y desconoce la protección constitucional al secreto de las fuentes. El juez solicitó un registro de llamados telefónicos del periodista, lo que violaría el secreto mencionado. Las advertencias de Ramos Padilla sobre el posible entorpecimiento de la investigación por la continuidad del trabajo del periodista actúan como una mordaza.
La decisión más reñida con la tradición judicial argentina, de todas las que tomó el juez, fue solicitar a la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires que establezca si los artículos de Santoro configurarían una acción psicológica. Esto implica otorgarle una función improcedente a un órgano ajeno al ámbito judicial y abrir una peligrosa puerta que podría derivar en propuestas de auditorías informativas para analizar los criterios y la relevancia otorgada a ciertas noticias o la decisión de cubrir o no determinados hechos. La resolución en general se convierte, de este modo, en un peligroso antecedente para la libertad de prensa, que puede generar la expansión de la autocensura entre los periodistas. La decisión judicial es funcional al intento de desacreditar la llamada "causa de los cuadernos", derivada de una investigación de La Nación que expuso la mayor trama de corrupción en la historia argentina.
En junio, la jueza de Garantías 7 de la provincia de la provincia de Salta, María Edith Rodríguez, notificó al Ente Nacional de Comunicaciones que los medios locales y nacionales deberían abstenerse de publicar imágenes del conjunto musical Los Nocheros y de sus miembros individualmente, en el marco de la cobertura informativa de una causa judicial por la que se encuentra detenido el hijo de uno de los miembros del grupo. Ordenó, además, la eliminación de "todos los registros informáticos de imágenes, videos, datos, comentarios, links, historiales, sitios, vínculos o motores de búsqueda" relacionados con la causa y que contengan imágenes o el nombre de cualquiera de los integrantes del grupo musical. Se trata de una resolución mordaza que configura claramente un intento de censura prohibido de manera expresa por la Constitución.
En agosto el Poder Judicial de la provincia de Córdoba determinó que los medios locales deberían abstenerse de publicar un video sobre un choque de vehículos, en otro claro acto de censura previa.
La resolución de la jueza Alicia Boromei en la que hizo lugar a una demanda de un funcionario contra el sitio periodístico Mendoza Post y dos de sus periodistas, por un monto que puede desequilibrar la ecuación económica del medio, constituye una grave amenaza a la libertad de prensa. El demandante se sintió ofendido por información publicada en el medio, que a juicio de la jueza era falsa y con conocimiento. Esto último no se desprende del fallo y la decisión judicial; por lo tanto, se aleja de la doctrina de la real malicia.
Entre las declaraciones de figuras públicas sobre la prensa, resultan preocupantes las de Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exmiembro de la Corte Suprema de Justicia argentina, en las que propuso la reinstalación de la denominada "Ley de medios", normativa que fue diseñada durante la gestión kirchnerista, esencialmente, para desmembrar a un grupo de medios.
El titular del Grupo América, Daniel Vila, denunció en un programa televisivo que el presidente Mauricio Macri lo presionó para que su empresa Arlink renuncie a frecuencias adjudicadas. El fiscal Guillermo Marijuan formalizó judicialmente la denuncia y la jueza federal María Servini, después de citar y tomar declaración a Vila, decretó el secreto de sumario.
Entre los actos de intimidación sufridas por medios o periodistas, cabe destacar la amenaza de bomba a los estudios del canal Telefé, a mediados de mayo, hecho no esclarecido por las autoridades policiales. En materia de agresiones físicas, entre los casos más recientes cabe destacar las heridas provocadas por piedras lanzadas por miembros del sindicato Luz y Fuerza y los impactos de balas de goma provenientes de la policía de la provincia de Córdoba que sufrieron el camarógrafo Lucas Suárez y el reportero gráfico Daniel Cáceres, en la capital de ese estado, el mes pasado.
En campaña electoral, la polarización política alimentó conductas intolerantes que fueron sufridas por diversos sectores, entre ellos el periodístico. Esta afectación se constata en episodios que van desde agresiones verbales, como las sufridas por la periodista María Eugenia Duffard en la Feria del Libro de Buenos Aires, a propuestas extremas, como la de instituir una suerte de Conadep del periodismo (la Conadep fue la Comisión destinada a investigar la desaparición de personas durante la dictadura militar), idea lanzada por un actor alineado con el kirchnerismo y no condenada con suficiente contundencia por algunos de sus mayores referentes.
La ausencia de un rechazo enfático frente a agravios contra periodistas o propuestas de medidas hostiles que afectan la libertad de expresión resulta doblemente preocupante ante la probabilidad de que la nueva gestión gubernamental esté integrada por algunos de los más destacados referentes del kirchnerismo. Como es sabido, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner periodistas y medios sufrieron una embestida que hizo que el país integrara el lote de aquellos con más intensos ataques contra la libertad de prensa. El candidato presidencial peronista Alberto Fernández ha sostenido que rechaza esas políticas y cualquier tipo de guerra contra el periodismo.
En las últimas horas se conoció un preocupante fallo de segunda instancia que ordena reabrir una investigación penal contra dos periodistas, Rodis Recalt, de la revista Noticias, y Gerardo Young, entonces del programa Intratable de América TV, por haber publicado información sobre un miembro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Dicha investigación no sólo desconoce la esencia del trabajo periodístico, que es acceder a y publicar información de interés público, sino que pone en riesgo el secreto profesional y promueve la autocensura.
